Vivimos en una sociedad cuya intimidad está cada vez más expuesta ante el auge de las nuevas tecnologías, que revelan fácilmente la identidad de las personas a partir del procesamiento de millones de datos dispersos en internet. Para garantizar una mayor protección de la privacidad se creó en 1993 la Agencia Española de Protección de Datos, una herramienta que vela por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal desarrollada en España en 1999.
Este organismo público inició en 2017 un total de 55 actuaciones previas a raíz de denuncias interpuestas por burgaleses, lo que supone un ligero incremento del 5,45 por ciento con respecto al año anterior, según las cifras publicadas en la última memoria de la AEPD. En comparación con los datos de hace una década, sin embargo, el aumento es muy superior, de más del 80 por ciento, al pasar de 10 en 2007 (fueron 4 en 2008) a 55 este pasado año, lo que refleja que el interés ciudadano por preservar su derecho a la protección de datos se ha disparado en los últimos tiempos, con el avance imparable de las nuevas tecnologías.
De todas las actuaciones previas iniciadas, la Agencia de Protección de Datos resolvió ejecutar en 2017 cinco procedimientos sancionadores o de apercibimiento (frente a los tres de 2016). Algunas de las resoluciones hechas públicas por la AEPD (ver en el reportaje de la página siguiente) hacen referencia a la divulgación a terceros de datos personales, al tratamiento de esos mismos datos en internet o a la videovigilancia, una actividad polémica que entra de lleno en la protección de la imagen y la intimidad de los ciudadanos.
Además de las 55 denuncias, 13 burgaleses recurrieron al organismo estatal (6 lo habían hecho un año antes) en busca de asesoramiento y tutela de sus derechos ante otras entidades, sean públicas o privadas. Estos derechos son los denominados ARCO: de acceso (cualquier ciudadano puede conocer y obtener, gratuitamente, información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento), de rectificación (permite modificar los datos que sean inexactos o estén incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento), de cancelación (posibilita que se supriman los datos que sean inadecuados o excesivos) y, por último, de oposición (por el que el afectado puede solicitar que no se traten sus datos de carácter personal o que se deje de hacerlo).
Además de denuncias, sanciones y reclamaciones de tutela de derechos, la memoria anual de la Agencia Española de Protección de Datos recoge también cifras relativas a la inscripción de ficheros de datos de titularidad privada o pública. Durante 2017, 1.599 empresas burgalesas regularizaron su situación, hasta alcanzar un total de 12.187, con un volumen de ficheros que se acerca ya a los 31.000. En paralelo, hay 348 administraciones locales en la provincia con 2.607 ficheros depositados ante la AEPD.
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