Castilla y León gastará 32,3 millones hasta 2023 para impulsar un parque de 5.000 vehículos eléctricos y 3.000 de gas licuado del petróleo, 400 de gas natural comprimido, 50 de gas natural licuado, y diez de hidrógeno; así como alcanzar una red de carga de 2.100 puntos y 80 estaciones para repostar. La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, presentó hoy la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-2023, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, que tendrá un presupuesto inducido de más de 90 millones de euros.
Amigo remarcó en declaraciones a Ical los retos de extensión del parque de estos vehículos, que en la actualidad suman 1.162 eléctricos; y defendió que es imprescindible establecer una infraestructura de carga para lograrlo. La consejera precisó que del total de gasto previsto por el Ejecutivo, 20 millones irán a la industrialización; tres millones a infraestructuras; y ocho millones para ayudas e incentivos fiscales a la compra de estos vehículos.
La consejera defendió este programa de apoyo para impulsar en el futuro un sector “estratégico” para Castilla y León, como es el de la automoción; y defendió que también permitirá dinamizar la economía en el medio rural, porque impulsará el desarrollo de negocios vinculados a estas tecnologías. Asimismo, indicó que contribuirá a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en cumplimiento con los objetivos planteados por la UE de cara a 2030.
Amigo afirmó que esta estrategia “da cumplimiento un mandato de las Cortes, está en consonancia programas estatales; y es participativo, porque estuvo sometido a extenso proceso información pública. “Queremos que Castilla y León se convierta en una de las comunidades de referencia tecnológica en el sector de vehículos de energías alternativas”, dijo.
El plan se estructura en tres ejes. El primero, sobre industrialización, contará con 20 millones, y pretende “favorecer el desarrollo tecnológico y la fabricación -en las plantas de Castilla y León- de componentes y módulos para vehículos de energías alternativas, así como para la fabricación de la infraestructura energética asociada”. Para ello, se plantean distintas estrategias, de colaboración público/privada, destinadas a apoyar proyectos empresariales de innovación dentro del sector, así como líneas de apoyo a la inversión que facilitarán la implantación de nuevas empresas vinculadas a los vehículos sostenibles.
Entre las acciones previstas figura el apoyo a la investigación relacionada con los vehículos de energías alternativas por parte de los centros tecnológicos y las universidades. Se promoverán las asociaciones público-privadas en el ámbito europeo para impulsar los esfuerzos investigadores. Se incentivará la participación en iniciativas tecnológicas conjuntas para potenciar la colaboración de la industria con el sistema público de investigación, destacando los convenios entre el EREN y las universidades públicas de Castilla y León
Otro de los objetivos en el eje de la industrialización es mejorar la cualificación de los recursos humanos a través de la formación para el empleo y de la oferta de ciclos de Formación Profesional del sistema educativo. Así mismo, se pretende fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones que permitan aumentar la conectividad de vehículos de energías alternativas.
Infraestructuras
En cuanto al eje de las infraestructuras se contemplan tres millones de euros, dijo, y tiene como objetivo favorecer una red recarga o suministro lo “suficientemente relevante” como para cubrir las necesidades que puedan generarse por la movilidad de los usuarios. El objetivo es contar con una red de puntos de carga por todo el territorio de la Comunidad que alcance en 2023, al menos, 300 puntos de recarga en la vía pública, 300 públicos-restringidos, 1.200 en domicilios particulares, 300 de recarga rápida, (en la actualidad son 200 los puntos de carga para vehículos eléctricos registrados en la Comunidad) y 80 estaciones de repostaje de gas de distinta naturaleza.
Además de la ampliación de la red de carga, se establecen medidas para garantizar la interoperabilidad, con acciones orientadas a mejorar el intercambio y uso de información entre los diferentes sistemas (vehículo, punto de recarga o pago, entre otros)
Por otra parte, la Junta va a proporcionar asesoría técnica de los reglamentos y directivas que afectan a las instalaciones.
Ayudas a la adquisición
Por último, el eje tercero incluye incentivos de ocho millones para la compra de estos vehículos con ayudas o incentivos fiscales. Asimismo, tiene como reto difundir buenas prácticas articuladas por los ayuntamientos para favorecer la introducción de estas tecnologías en el ámbito de las ciudades y dar visibilidad a las ventajas técnico-económicas de los vehículos con energías alternativas.
El desarrollo del Plan incluye en este apartado la difusión de las líneas de ayuda para la adquisición de vehículos de energías alternativas y para la instalación de puntos de recarga en hogares; así como información de la infraestructura existente. Asimismo, se fomentará una adecuación en el coste y procedimientos de la Inspección Técnica de Vehículos de los vehículos eléctricos, ya que, por sus particulares características mecánicas, no es necesario someterlos a las mismas pruebas que los modelos de combustión.
El documento contempla el apoyo a la creación de planes de movilidad compartida (Car Sharing) para fomentar la incorporación de vehículos que funcionen con energías alternativas. En este sentido, se impulsarán proyectos piloto que favorezcan el uso de este tipo de vehículos a la hora de realizar turismo, circular por los cascos históricos o complementar el transporte público.
Igualmente, la Junta de Castilla y León asesorará a los municipios de la Comunidad en las distintas medidas para fomentar el uso de los vehículos de energías alternativas, especialmente a través de ordenanzas municipales.