Un Gobierno fuera de la Ley

Carlos Dávila
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A pesar de los considerables varapalos judiciales que el Ejecutivo se ha llevado por las medidas sobre la hostelería y Cataluña, se lo toma como si no fuera con él

El presidente tendrá problemas en cuanto al cumplimiento de la Constitución si sigue cediendo ante los independentistas. - Foto: EFE

S i fuera un pelín más atrevido titularía la crónica de esta guisa: Un Gobierno ilegal. Vamos a dejarlo así, pero no sin antes aportar tres ejemplos de ahora mismo sobre los que puede soportarse la consideración de ilegal de varios actos trascendentales del Gobierno de Sánchez. Primero: hace apenas 15 días que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto que renegaba de la propiedad de los indultos, un texto esencial y nítido que consideraba fuera de cacho, ajenos a la Ley, los perdones que, masivamente, se dispone a ordenar Sánchez para los golpistas de octubre de 2017. Segundo, el pasado lunes, el Consejo General del Poder Judicial, muy ampliamente, hizo saber su opinión sobre la nueva Ley de Memoria, una revancha en toda regla para los que no sean como ellos, que redactan la vicepresidenta Calvo y sus cuates (o cuatas, perdón). El Consejo sentenció que esa presunta Ley vulnera dos derechos fundamentales: el de la libertad de expresión y el de reunión, dos características inviolables sin las cuales una democracia no puede ser llamada de ese modo. Ese mismo día, tercero y a mayor abundamiento, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una providencia de medidas cautelarísimas para impedir que el Gobierno, como era su pretensión, cerrara la hostelería de cualquier territorio español. Y todo con la pandemia reconocidamente a la baja. Se la han tenido que envainar espectacularmente. Perpetraron una agresión y se han quedado en un ridículo clamoroso.

Tres varapalos muy considerables que el Gobierno se ha tomado sin embargo a beneficio de inventario, como si no fuera con él. Ahora, según parece artificialmente, ha logrado que el secesionista Junqueras se avenga a aceptar de mala gana un perdón, el indulto prístino, siempre y cuando, y eso se ha tratado de ocultar, que Sánchez se comprometa a convocar un referéndum de independencia para Cataluña en el plazo breve de dos años. Es decir: que se someta a cometer un delito por el que puede, sin ambages, dar con sus huesos en la cárcel. Hay en esta tesitura algunos analistas que defienden que Sánchez sencillamente está ensayando una martingala, una engañifa para obtener su único fin: seguir en el poder. Según estos prospectivos, Sánchez intenta lidiar a los independentistas en la próxima mesa de negociación, que no es precisamente la del Rey Arturo, sino una modesta de Ikea, para seguir ganando tiempo. En opinión de estos especuladores, Sánchez se dedica al postureo porque en el fondo tiene bien claro que acordar con los secesionistas un referéndum le podría costar el trullo.

¿Tienen alguna razón los antedichos? A juicio de este cronista, ninguna, pero el asunto es desde luego opinable. El respeto por la Ley -ya lo hemos visto- del por ahora presidente del Gobierno es nulo, los tres ejemplos ofrecidos retratan precisamente ese desdén. Ocurre sin embargo que, según han demostrado fehacientemente las elecciones de Madrid, la opinión pública española está tomando buena nota de todas las trapacerías que efectúa, sin ponerse colorado, el Gobierno de la Nación. Alguno de los integrantes de este Ejecutivo -por más que como los magistrados Robles, Marlaska o Campo se hallen abducidos por el ejercicio del Poder Ejecutivo- conocen a la perfección los riesgos que corren si acompañan a su jefe en una loca carrera hacia la desintegración del país, que no sería otra cosa la convocatoria de una consulta independentista en Cataluña. La pregunta es: ¿está dispuesto Sánchez a saltarse la Constitución a y pactar de consuno con los independentistas este referéndum? Su personalidad egocéntrica y ciertamente psicopática a juicio de los psiquiatras, abona esta posibilidad, pero los mencionados ministros y probablemente el propio preboste de la Moncloa, conocen perfectamente que la Constitución Española, Artículo 92, no le permite llegar hasta ese punto, que es, tal y como ha aclarado ERC, su meta de llegada. O se reforma la Carta Magna o aquí no hay más naranjas: los sediciosos se pueden poner todo lo chulos que quieran pero no pueden obtener otro logro que una consulta general en toda España para la reforma de nuestra Norma Suprema. Es normal, en todo caso, que dados los antecedentes de Sánchez y sus más cercanos, el personal se tema que este tire por la calle de en medio y se colige con los separatistas para dejar a esta Nación en las raspas, destruida en su Historia, en su trayectoria y en su misma esencia. Puede ser: la felonía del aún presidente es ilimitada, pero, ahora bien, sí está legalmente circunscrita su capacidad para seguir saltándose a la torera la Ley. «Amigo -me recalcaba en estos días un letrado de las Cortes- saltarse la Constitución tiene un precio».

Y en esas estamos; el cortoplacismo de Sánchez, su único fin de permanecer en La Moncloa al precio que sea, no le depara últimamente muchas alegrías. Los tribunales le están mandando a paseo y las urnas, las que ya se han abierto y las que tendrán que abrirse en un futuro próximo, no le son ya propicias. Galicia se le escapó ampliamente, en el País Vasco mantiene la ficción de un Gobierno en comandita con el PNV que solo aprovecha a este, en Cataluña el pobre Illa no es presidente, las encuestas en esta región de Castilla y León, también en Murcia y en Andalucía le aventuran un pésimo resultado, y los sondeos generales ya le están situando muy por detrás del PP.

Es decir: que la muerte legal que ha declarado Sánchez para España ya tiene un precio. Ya ha apostado por colocarse fuera de la ley, pero los españoles tienen la certeza de que su tendencia a hacer en cada momento lo que solo le sirve para permanecer en su poltrona, puede tener fecha de caducidad. Por lo pronto este mismo domingo, Madrid será de nuevo centro de la protesta general contra un partido que solivianta la realidad nacional. Esperemos que la cita se convierta en un éxito incontrovertible de público y crítica. Es una ocasión para que los manifestantes acudan a expresar su crónico malestar con un Gobierno si no ilegal, si muy cercano a ponerse fuera de la Ley. El Gobierno de un personaje que ahora, en el colmo del cinismo, se llama a sí mismo «magnánimo». Es una lástima en todo caso, que nuevamente las oposición ofrezca muestras de desunión, y dentro de la oposición los que se llevaron un zurriagazo brutal en Madrid y que ahora, vía el escándalo, eso sí muy viril, a lo machote hispano, quieren aparecer como gobernantes imprescindibles. Ya habrán imaginado ustedes que hablo directamente de Vox.