Con la sorprendente publicación del proyecto de orden ministerial que incluye el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, liquida el marco de negociación abierto para buscar el consenso e incumple de forma unilateral lo expuesto a las organizaciones agrarias en la reunión del 12 de mayo, en la que el director de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) afirmó que se vincularía la aprobación de esta orden a una estrategia integral de gestión y control del lobo consensuada previamente con ganaderos y comunidades autónomas.

Tras este movimiento, sospechan desde las organizaciones agrarias, subyace la verdadera intención del Ministerio de Transición Ecológica: primar la expansión del lobo en el territorio, ignorando las consecuencias que ello tendrá para la ganadería extensiva y las zonas rurales más afectadas. Por esta razón ASAJA, COAG y UPA pedirán la dimisión de la vicepresidenta Ribera si, con carácter inmediato, no se retira el proyecto de orden ministerial que incluye el lobo en el LESRPE. Obviamente, las tres organizaciones agrarias rechazan frontalmente la fecha del 25 de septiembre como límite para la entrada del lobo en el listado por diversas cuestiones.

En primer lugar, la inclusión o no del lobo en esta relación de especies protegidas sólo puede ser el resultado o conclusión de la elaboración de una Estrategia de Conservación del lobo y una normativa que dé seguridad jurídica, algo que a día de hoy no existe. Por otra parte, surge de nuevo una contradicción por parte del MITECO si sigue adelante con la publicación de esta orden, ya que no es posible abordar de forma efectiva una Estrategia de Conservación del lobo si no hay una visión integral de la situación. Es necesario que, una vez que haya sido consensuada la Estrategia, se adopten las medidas necesarias para clasificar al lobo donde sea más adecuado para su conservación sin menoscabar ni poner en peligro a la actividad ganadera.

En tercer lugar, según las organizaciones agrarias la intención y celeridad en publicar esta orden ministerial solo puede indicar que el objetivo único del MITECO es el de la expansión del lobo en el territorio, ignorando las consecuencias que esto tendrá para la ganadería extensiva y para el medio rural. Antes de realizar actuaciones dirigidas a la expansión y aumento en la cantidad de ejemplares es necesario analizar el actual número de manadas e individuos que existen en los montes y debatir las medidas más adecuadas y efectivas que faciliten la coexistencia de la especie con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños.

En este proyecto de orden queda recogida de forma difusa la vinculación de la entrada en vigor de la norma con la publicación de la Estrategia de Conservación del lobo y nuevamente ASAJA, COAG y UPA observan la contradicción de este Ministerio, no pudiendo justificar esta actuación. La inclusión o no del lobo en el LESRPE tiene que ser el resultado de un trabajo conjunto entre OPAs y comunidades autónomas afectadas, afirman.

Hasta el Supremo.

Por otra parte, las cuatro comunidades que conforman el noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) han anunciado este martes que dan de plazo hasta el 15 de junio al Gobierno para que renuncie a que el lobo deje de ser especie cinegética o recurrirán la medida ante el Tribunal Supremo.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado en rueda de prensa, tras la reunión mantenida en León por los responsables del área de biodiversidad de las cuatro regiones, que estas comunidades aglutinan el 95% de los lobos censados en España y ha recalcado que su apuesta es por lograr un equilibrio basado en el consenso. Ha insistido en que en caso de que el Gobierno no rectifique antes de mediados de junio estas autonomías recurrirán al Supremo para pedir medidas cautelarísimas de suspensión de la orden ministerial hasta que se sustancie el procedimiento. «Es un escenario que no nos gusta y entendemos que no es el adecuado en un estado de derecho, pero no habrá otro remedio en la defensa de nuestros respectivos territorios y de su medio rural», ha apostillado.

Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, ha sostenido que el Gobierno de Asturias exige garantías jurídicas para seguir aplicando su plan de gestión del lobo en cualquier escenario y ha abogado por alcanzar un consenso entre las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que permita conciliar la defensa de la especie con la ganadería extensiva. Además ha recalcado que «la estrategia nacional renovada debe integrar la experiencia e información acumulada por las comunidades que, como Asturias, disponen de planes propios de gestión».

La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, María Ángeles Vázquez, ha añadido que el lobo goza de buena salud gracias al trabajo llevado a cabo para su recuperación hasta ahora y ha remarcado que han de buscar «el entendimiento, la empatía y el equilibrio» entre el lobo y el ser humano. «En Galicia pasamos de 60 a 90 manadas y continuamos esa tendencia desde el año 2015», ha precisado la consejera, quien ha indicado que los daños a la ganadería se han ido incrementado desde entonces.

Finalmente, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha destacado el acuerdo logrado entre las comunidades que congregan a la casi totalidad de los lobos de España y ha incidido en que están gobernadas por tres fuerza políticas de distinto signo. Blanco ha denunciado que el proyecto del Gobierno «es un atentado contra el medio rural» hecho además por un Ministerio que tiene que luchar contra la despoblación.