Un cartel con un teléfono colgado en la puerta es lo único que queda de la Gestoría Antolín. Su responsable, Jesús Antonio A.P., hace meses que cerró el negocio alegando motivos de salud y tras acumular varias denuncias de clientes que le acusan de apropiación indebida y falsedad documental. De hecho, se enfrenta a varios años de cárcel por estos delitos en tres juicios en la Audiencia Provincial, el primero el mes que viene, y ya ha sido condenado tanto por vía penal como civil. La mayoría de las demandas son por conductas muy similares. Este gestor, al que también le retiraron la colegiación, solicitaba un dinero como provisión de fondos por herencias u operaciones de compraventa, pero nunca los destinaba a los fines para los que había sido contratado.
Según recoge el escrito de la Fiscalía del primero de los procesos a los que se enfrenta en la Audiencia Provincial el 20 de noviembre, Jesús Antonio A.P. solicitó en 2014 30.000 euros a tres clientas que acudieron a la gestoría para tramitar la herencia de su hermano. Sin embargo, «hizo caso omiso de las obligaciones contraídas y se apoderó de la totalidad del dinero ingresado sin destinarlo a hacer frente a los gastos generados». De hecho, estas tres hermanas tuvieron que abonar una multa a la Agencia Tributaria como recargo al pago tardío del impuesto de sucesiones. Por ello le acusan de apropiación indebida y falsedad documental y solicitan la pena de dos años de prisión.
Misma condena solicitan por otro caso muy similar en 2015, por una operación de compraventa de un inmueble en Valdorros. En este caso, según la acusación del Ministerio Público, un cliente le entregó un cheque de 12.000 euros para hacer frente a los gastos derivados de la operación. Sin embargo, no procedió al pago por el impuesto de transmisiones patrimoniales y Hacienda le imputó al denunciante un recargo de 405 euros y unos meses más tarde de 2.106. Para no hacer frente a estas obligaciones, llegó a falsificar la firma del afectado de cara a solicitar un aplazamiento. Por este segundo delito solicitan otro año de cárcel.
DESAPARECIDO
Desde que cerró la oficina ubicada en la Avenida del Cid, Jesús Antonio A.P. no ha vuelto a dar señales de vida. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con él varias ocasiones sin éxito. Clientes afectados y fuentes del Colegio de Gestores de Castilla y León, que insisten en que fue expulsado tras no pagar las cuotas y conocerse su «mala praxis», aseguran que sólo coge el teléfono «si conoce el número». A la Audiencia y al Juzgado ha acudido en un par de ocasiones para solicitar el aplazamiento del primero de los juicios.
Además de a clientes, adeuda grandes cantidades de dinero a notarios a los que le encargaba la tramitación de algunos asuntos. Uno de ellos relata que «solía traer mucho volumen de trabajo y nunca pagaba hasta que le cerrábamos la puerta. Entonces, cambiaba a otra notaría y así sucesivamente».