Un nuevo varapalo judicial  ha colocado a Marcelino Andrés y a Carmen Castillero mucho más cerca de tener que despedirse de sus dos hijos de forma definitiva. Esta pareja, que lleva casi una década peleando en los tribunales para que sus niños vuelvan con ellos desde que la Junta decidiera que no eran aptos como padres, ha visto ahora cómo el Juzgado de Primera Instancia número 7  rechaza que sea necesario su asentimiento para que los pequeños sean dados en adopción (están con una familia en preadopción) y lo achaca a que «ha transcurrido el plazo de caducidad previsto legalmente», lo que la familia considera «un atropello y algo absolutamente kafkiano». Un portavoz manifestó a este periódico su indignación: «Ante periodos de inactividad por culpa de la Administración, la respuesta de la magistrada del Juzgado de Familia es que han transcurrido más de dos años desde la declaración de desamparo y, por tanto, no hay más que hablar en un juicio de oposición a la adopción. Esto es pura y llanamente un atropello a los derechos reconocidos en tratados internacionales firmados por España en defensa de los menores. Estos niños pierden, así, sus apellidos, su identidad, su pasado, el amor de sus padres y de todo el entorno que han vivido durante más de la mitad de su vida».

Ahora, la pareja presenta un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y no descarta acudir al Tribunal Constitucional por quebrantamiento de derechos fundamentales ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «Vamos a llegar hasta el final para recuperar a nuestros hijos pero también para que, pase lo que pase,  sepan que en todo este tiempo siempre les buscamos», explican. El juicio se produjo en abril y Carmen Castillero no duda en tildarlo de «pantomima», entre otras cuestiones porque no aceptaron ninguno de sus testigos ni del ámbito profesional ni personal. Uno de los menores, que tiene 12 años, fue oído por la juez a la que dijo que «estaba contento» con la actual familia, una reflexión «muy genérica», a juicio de la familia: «Al niño no se le informó de la trascendencia del hecho de ser adoptado, no se notificó a los padres qué día iba a ser oído y no se grabó su comparecencia, una serie de carencias impropias de una audiencia con rigor dada la trascendencia del hecho». Al segundo menor, una niña de 9 años, no se le escuchó.

Una década. Desde 2013, cuando técnicos de la Junta se llevaron al primer niño del colegio con efectivos de la Policía Nacional y a la segunda, de nueve meses, se lo arrancaron a ella, literalmente de los brazos, la pareja -ya separada- sigue peleando en los tribunales una decisión que no han entendido jamás. Los pequeños  llevan con una familia en preadopción desde 2018 cuando la Junta hizo cesar su convivencia con otra familia de acogida con la que llevaban cuatro años y medio. En cinco años vivieron, pues, en tres hogares diferentes y un centro de menores. La Gerencia de Servicios Sociales nunca se ha querido pronunciar al respecto de este caso aludiendo a la sensibilidad de una información referida a unos menores «cuyo interés superior es el principal objetivo».

Se han basado en  juicios de valor para llevarse a los niños, algo expresamente prohibido por ley»

A pesar de este fallo, no van a quedarse quietos y  quieren que se conozca públicamente todo el «despropósito» que están viviendo en un proceso que consideran lleno de «arbitrariedades». Y es que, afirman, desde el principio, están enfrentándose «a un muro frente al que de nada valen nuestras reclamaciones». Tampoco el argumentario de su abogada ni de los psicólogos que han visto en reiteradas ocasiones tanto a la madre como al padre ni de la trabajadora social que ha supervisado la situación de la familia ni de sus jefes ni de las personas que les rodean. Las razones que la Junta dio cuando se llevó a los niños de su casa fueron la «incapacidad de la madre», el concepto que el padre tenía del funcionamiento de una familia, su escasa colaboración y su falta de conciencia y de habilidades para poder garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Una de las primeras quejas de los padres es que la Junta nunca acreditó por escrito y de forma concreta qué conductas tuvieron los padres para que sus hijos fueran declarados en desamparo. Su abogada, Rosario Nieto, asegura que tanto el expediente administrativo como los informes de la Gerencia de Servicios Sociales se basan «en presunciones y juicios de valor, planteamientos teóricos que han sido expresamente prohibidos por la Ley  de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia».

Carmen Castillero. - Foto: Alberto RodrigoSobre la «incapacidad de la madre» que alega la Administración, la única acreditación del Centro Base es que Carmen padece problemas de visión y una sordera severa en un oído como consecuencia de una explosión de la que fue víctima en 1980 en un colegio de Ortuella, suceso que conmocionó a todo el país y que terminó con la vida de 50 niños. Nada dice de incapacidad psicológica o para cuidar de otras personas. De hecho, su trabajo consistía en eso, en atender una mujer mayor, lo que hizo de forma muy satisfactoria -según consta en un escrito aportado por la familia de la anciana- hasta que falleció. Ahora se emplea en una cocina de una institución pública.

Cuando los niños fueron sacados de su hogar, ambos progenitores estaban en paro -era la crisis que había comenzado en 2008- pero luego los dos se recuperaron y encontraron un trabajo, una situación que mantienen hasta ahora. Además, se separaron, por lo que los conflictos, la mayor parte provocados por la situación económica, finalizaron. Pero nada de esta evolución, critican ambos, tuvo valor para la Junta «que parecía empeñada desde el principio en quitarnos a los niños». Dicen que después se desentendieron de ellos  y su abogada lo corrobora recordando que desde octubre de 2015 no realizó la Administración, «como es su obligación», ninguna gestión para ayudarles a que pudieran volver, que es el objetivo que «sobre el papel» alega la Junta.

No se ha hecho nada para ayudar  a que los menores pudieran volver»

Dos años después, sin saber de ellos ni de su evolución, se emite un informe técnico que concluye que no es posible que los niños vuelvan con sus padres y se les declara susceptibles de adopción. Enseguida se suspendió, además, el régimen de visitas que ambos habían cumplido escrupulosamente y en 2018 la Junta emite un informe en el que solo se refiere a las circunstancias de la familia cinco años antes «sin mencionar una sola intervención con los padres para intentar el retorno de los menores». Ante una decisión tan irreversible, opina la letrada «era obligado que se valorara a los padres en ese momento» pero ella sostiene que la Gerencia de Servicios Sociales «nunca tuvo interés en que esa reunificación se produjera y la prueba es que desde 2015 no hay actuación alguna con los padres».    

La defensa de Andrés y Castillero ha aportado acreditación de su estabilidad con copias de sus contratos y cartas de sus jefes, con informes que acreditan su capacidad para la crianza y que aseguran que no tienen adicciones u otros problemas que les impida cuidar de los niños «algo que desean intensamente», según el psicólogo Fernando Pérez del Río, profesor de la UBU, y con una valoración del expediente de desamparo y de la propuesta de adopción que hizo la Junta por parte de la psicóloga Ana María Álvarez . 

Esta profesional asegura que «no se observan datos que puedan justificar la retirada de los niños y menos, la decisión de romper los lazos familiares; no se plantean alternativas constructivas, no hay testimonial de los deseos de los hijos y se detectan indicadores que muestran una mala actuación de los servicios sociales al no respetar elementos esenciales para la unificación familiar». En ambos documentos la profesional ve una intervención «dirigida a buscar faltas parentales y no a resolver dificultades» Y concluye: «No hay desamparo ni abandono cuando los padres tienen deseo expreso de estar con sus hijos y cuidarles y los hijos desean estar igualmente con los padres».