La instalación de un contador de electricidad que delimite con claridad cual es el gasto de la cafetería de las piscinas municipales y cual, el del resto de las instalaciones deportivas que lo rodean  -piscinas y pistas de padel-, ha generado un fuego cruzado de denuncias entre el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, propietario de las mismas, y el concesionario del establecimiento desde hace tres años, Jesús María Gómez Aguado. En la mañana del martes se instaló el contador de la discordia, pero no faltó tensión y presencia de la Guardia Civil, así como una denuncia interpuesta por el concesionario ante la Guardia Civil por lo que consideran «un allanamiento de morada». Asimismo, la alcaldesa, Raquel González, quien sostiene que se actuó en dependencias municipales «ajenas a la cafetería y que dan a-cceso a las pistas de pádel y las piscinas», anunció también la presentación de una denuncia «porque se ha obstaculizado la entrada en nuestra propiedad».

El problema se remonta al pasado 10 de abril, el primer día en que unos operarios de Elecduero contratados por el Ayuntamiento trataron de instalar el contador individual del establecimiento. Desde el Ayuntamiento sostienen que el concesionario se negó a permitir la ejecución de los trabajos, pero este último asegura que «no es cierto». Gómez sostiene que «lo que no se puede pretender es que una persona desconocida entre en la barra de la cafetería sin preaviso alguno a realizar no se sabe qué». Añade que «no tiene lógica que se individualice el consumo de suministro eléctrico y no se haga con el de gas».

Este hecho llevó al equipo de gobierno a tomar una decisión tajante, la de no prorrogar el contrato del concesionario que vencía el 12 de mayo. La regidora firmó de inmediato una Resolución de Alcaldía con la decisión que le llegó al concesionario el 15 de abril. Un pleno celebrado el 25 de ese mes ratificó la resolución de Alcaldía, pero el concesionario solo da validez legal al acuerdo de pleno y no a la resolución de Alcaldía y señala que el acuerdo municipal ha de anularse, porque se produjo con menos de un mes de antelación a la fecha de vencimiento del contrato, plazo mínimo que marca la ley.

Llegó el día 12 de mayo y el concesionario permaneció, como meses antes ocurrió con el concesionario del Hostal del Valle de Tobalina, desoyendo la decisión municipal. Este hecho llevará de nuevo al Consistorio a iniciar un procedimiento de desahucio, como el realizado con el concesionario del hostal. Pero antes se ha querido instalar el contador individual. Para ello, el viernes salió del Ayuntamiento una carta certificada, en la que se notificaba al concesionario que «el día 21 se va a proceder a al corte de la luz para la ejecución de la obra de independizar el contador de las piscinas municipales». Además de ello se puso en la fachada del negocio un aviso del corte del suministro y el motivo.

El concesionario afirma que a primera hora, no tenía más aviso que el folio instalado en el exterior de la cafetería y que a las diez y media de la mañana, cuando los operarios ya estaban trabajando en el cambio del contador, el cartero le entregó la carta certificada del Ayuntamiento. Eso motivó que una hora antes, a las 9.30, al ver la persiana del negocio levantada su hijo le alertara y llamara a la Guardia Civil. En su denuncia afirman que había dos trabajadores municipales dentro del establecimiento. La alcaldesa del Valle de Tobalina sostiene que «no se ha entrado en la cafetería, sino por la puerta lateral que da a un pasillo por el que se entra en las piscinas y las pistas de pádel, que no lo consideramos como cafetería».

Raquel González lamenta que «pensábamos que el contador iba a parecerles bien y resolver su descontento con las facturas que abonaban», pero el efecto ha sido el contrario. Preguntado por qué se niega a la instalación del contador, el concesionario alega que las instalaciones sufren «unas deficiencias que debían ser reparadas por el Ayuntamiento y se niega, con lo que incumple el contrato». Además, sostiene que «en el contrato no se establece que el adjudicatario tenga que pagar consumo alguno por el suministro eléctrico» y exige la devolución de lo pagado hasta ahora. Mientras desde el Consistorio apelan a la norma que obliga a los inquilinos a pagar los suministros de todo tipo.

La discordia y las denuncias están servidas. El final sin escribir.