Los tiras y aflojas entre el empresariado burgalés y la Agencia Tributaria vienen de lejos pero han vuelto a resurgir tras el fin del estado de alarma y en un momento económico especialmente delicado para todos. La finalización del confinamiento en los hogares y del cierre de persianas, denuncian desde FAE, coincidió con un aumento generalizado del envío de cartas y apertura de requerimientos e inspecciones por parte del organismo fiscal estatal, lo que estaría obligando a los afectados señalados a dedicar un tiempo y unos esfuerzos a atender estas demandas cuando su máxima prioridad está en sobrevivir.

La denuncia y el malestar generado por la misma es confirmado desde la patronal de Oficinas y Despachos, donde se enmarcan las asesorías fiscales que operan en Burgos. «Las primeras semanas hubo una llegada importante de avisos de manera generalizada y sin primar ningún sector sobre otro. Afectó a empresas que ya tienen un largo historial en controles fiscales y también a los autónomos, que están viviendo una situación muy difícil».
La presión del fisco, reconocen, se ha relajado en las últimas semanas, pero los procedimientos iniciados siguen su curso y es obligado atenderlos dentro de plazos. «La gente quiere trabajar y es duro que no lo puedan hacer en su totalidad por esta forma de actuar de la Agencia Tributaria», se lamentan.

Detrás de la denuncia se esconde un argumento ya esgrimido por la patronal en otras ocasiones: la presión inspectora en Burgos está muy por encima de otros territorios limítrofes como el País Vasco o Madrid y eso provoca no solo que las empresas tengan más visitas de los inspectores (incluso hasta una cada año, denunciaban) que en otras provincias, sino que las compañías acaben trasladando su sede social a otro lugar para evitar esta situación.

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