La inhumación y exhumación de cadáveres y el mantenimiento del cementerio deSan José ha puesto de actualidad un término, el de la huella de carbono, del que muchos hablan y pocos saben lo que realmente es y para qué sirve. El caso es que un concurso público municipal de algo más de 4,4 millones y 5 años de duración prima (con 10 puntos extra) a aquellas empresas que tengan registrada esa ‘huella’ en el Ministerio para la Transición Ecológica. En Burgos hay pocos registros e incluso los que están en el listado público, como es el caso del Ayuntamiento convocante del concurso, llevan varios años sin renovarse, concretamente desde 2015.

La huella de carbono certifica, básicamente, que quien la posee (empresa, institución y también producto) mantiene un control y desarrolla acciones encaminadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático.

La preocupación por la crisis del clima es generalizada pero el registro en el Ministerio no es obligatorio (hasta la fecha) y, si bien la empresa local se preocupa por los temas medioambientales y acomete acciones para reducir sus emisiones, no ha llegado a dar el paso para que su nombre conste.

Pero ya en 2014, el real decreto que creó el registro de la huella de carbono estableció en su artículo 10 que este requisito podría tenerse en cuenta en los concursos la contratación pública, como una manera de incentivar a las empresas a dar el paso.

Es más, un acuerdo del Consejo de Ministros de febrero matiza los criterios de adjudicación en la contratación pública, deteniéndose en supuestos como el diseño y construcción de edificios de oficinas, donde se prima la realización de estudios de la huella de carbono del inmueble. Asimismo, también se tiene en cuenta en el diseño, construcción y mantenimiento de carreteras;o en la organización de eventos públicos. Otro apartado de la orden hace referencia a productos y servicios de jardinería, lo que puede tener traslación al cuidado y mantenimiento del campo santo.

El concurso municipal del cementerio de San José penaliza a una empresa burgalesa que apenas consta en el registro, algo de lo que ha advertido FAE. En el mismo están Calidad Pascual, Norsol Eléctrica, Creo Gestores Energéticos, Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, Bankinter, Cepsa, Enagás, Endesa, Mahou San Miguel, Naturgy, NHHoteles, Caixabank o Iberdrola, entre otras compañías. Hay otras  que tienen calculada su huella de carbono pero no están en la lista.

Sí están los ayuntamientos,  como el de Burgos o el de Valladolid. Este último tiene al día un registro que obliga a recalcular e inscribir la huella de carbono cada año.El de Burgos se inscribió el 16 de noviembre de 2016, aunque aún no ha actualizado sus datos.  

Es previsible que la huella de carbono sea obligatoria cuando se apruebe la Ley del Cambio Climático. De hecho, en la normativa medioambiental de las Islas Baleares ya se contempla la obligatoriedad de que las grandes y medianas empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en las islas calculen y registren su huella a partir del 1 de enero de 2020.