Ni en el estallido de la crisis, ni en sus peores momentos, ni tampoco cuando los recortes ahogaban a unos ciudadanos hartos de subidas de impuestos y bajadas salariales. A lo largo de la última década no hubo ni un solo año en el que los burgaleses saliesen tanto a la calle a manifestarse como lo hicieron en 2018. En total fueron 515 manifestaciones a lo largo del último ejercicio, más que en todo 2016 y 2017 juntos, las que se celebraron en la provincia. Unos datos que se explican por diferentes factores que pudieron ser claves en este considerable aumento que ha supuesto un máximo histórico en la última década.
Solo del 2012 al 2015, con más de 400 manifestaciones cada año, se acercan a las cifras que se marcaron en 2018. Llama la atención este dato porque las movilizaciones en los dos anteriores habían caído notablemente, rondando los números de concentraciones muy similares a los de hace diez años, cuando la bonanza económica de la burbuja inmobiliaria mantenía anestesiados a los españoles.
Sería difícil quedarse con una única razón de este aumento de más del 100%. En la retina de todos sigue aún el estallido del movimiento 8 de marzo del pasado año, que supuso un antes y un después de la lucha por la igualdad en todo el país. En Burgos sacó a la calle a decenas de miles de personas en una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de la ciudad.
Marzo fue el cuarto mes del año en el que se celebraron más manifestaciones (54), solo superado por noviembre (69), febrero (70) y abril (71), cuando el Gobierno de Mariano Rajoy agonizaba y la crisis por las subida de las pensiones estaba en pleno auge. A lo largo del 2018 también se produjeron diferentes movimientos estudiantiles y de educación en favor de un pacto de estado que no terminó de llegar, y también de Sanidad en un momento de recortes en hospitales y en el medio rural. A eso habría que sumar las movilizaciones, a priori, con menos seguimiento en protesta a la situación que se vivió en Cataluña y en favor de la unidad de España que se tuvieron lugar frente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos.
Algo más multitudinarias fueron las concentraciones de los miembros de la Asociación Justicia y Equiparación Salarial de la Policía y Guardia Civil (JUSAPOL) en la capital y provincia, no solo para reclamar que ambas fuerzas de seguridad del Estado ajustaran sus sueldos a los de los cuerpos autonómicos, sino también para condenar las agresiones que sufrieron sus compañeros en Cataluña durante la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.
Todo ello reflejó en Burgos un hartazgo generalizado de la sociedad, que decidió tomar la calle para exigir mayores derechos sociales y económicos. Así lo cree, por ejemplo, el secretario provincial del Comisiones Obreras en Burgos, Ángel Citores: «Mientras se veía un crecimiento y una salida de la crisis de las grandes empresas y fortunas, el resto de personas seguíamos estancados». Eso obligó, añade, a que «tuviéramos que movilizarnos de una forma especial».
Esa misma lectura la hace su homólogo en UGT, Pablo Dionisio Fraile, quien también coincide con Citores en el hecho de que el final del Gobierno de Mariano Rajoy propició que se generara un «movimiento en la calle para cambiar algunas de sus medidas», especialmente la llamada Ley Mordaza y también las reformas laborales llevadas a cabo tanto por el PP como por el PSOE. De hecho, esa ha sido una de las asignaturas pendientes en un año reivindicativo, si bien ambos reconocen ciertos logros ya con Sánchez en La Moncloa, como la subida del salario mínimo interprofesional o la consolidación del incremento de las pensiones acorde al IRPF que ya se consensuó con el Ejecutivo anterior.
De hecho, para Fraile el colectivo de jubilados y pensionistas, junto con el 8 de marzo, fueron los que más lucharon por sus derechos y los que más «impacto» generaron en la sociedad. El secretario provincial de CCOO, por su parte, considera que «no se puede decir que haya un colectivo por encima de otro», sino que, concluye, en 2018 «se sumaron muchas sensibilidades y movilizaciones para exigir una serie de derechos fundamentales».