La decisión de no vacunarse de un trabajador es voluntaria y privada, si así lo estima conveniente, pero las consecuencias de la misma afectan al resto de la plantilla y ponen en riesgo las medidas de protección sanitaria, la producción, los turnos de trabajo e incluso la imagen y la reputación corporativa de una compañía en el caso de aparición de un brote contagioso. Vacunada la mayor parte de la población en edad laboral contra el coronavirus, de cara al final del verano y la recuperación de la normalidad laboral crece la preocupación entre las empresas burgalesas de todo tipo y tamaño por la constatación de esta realidad.

El 72% de la población burgalesa ha recibido ya las dos dosis de algunas de las vacunas contra el coronavirus y, de acuerdo a los tramos de edad barajados, la inmensa mayoría de los trabajadores -salvo las excepciones por haber padecido la enfermedad- han sido convocados a la campaña de vacunación y han recibido uno o los dos pinchazos. 

El nuevo curso tras las vacaciones veraniegas debería comenzar con todas las plantillas vacunadas en la empresa burgalesa, pero no es así, hay un porcentaje de trabajadores -se baraja que hasta un 15%- que han decidido no medicarse por las razones personales, ideológicas, morales o sanitarias que ellos estiman oportunas, aunque el resto no las compartan.

Los servicios de salud y prevención y los médicos de trabajo consultados advierten que el trabajador es libre de comunicar o no a su empresa si no está vacunado y que ningún departamento de recursos humanos, de prevención de riesgos, ni ninguna dirección, ni ningún compañero puede reclamar esta información ni actuar en contra de esta decisión que, insistimos, se enmarca en el ámbito personal.

Pero, ¿y si hay un brote entre la plantilla?, ¿y si la empresa se ve obligada a cambiar las condiciones de trabajo por el mismo?, ¿y si la crisis afecta a la producción y a la imagen de la compañía...? Todas estas dudas y muchas más embargan estos días a muchos empresarios, desde el gerente de un hospital o una residencia de ancianos, al primer ejecutivo de una industria repostera, cárnica o de una multinacional en la que parte de su negocio descansa en el traslado de especialistas a otros países. 

«Estamos ante una situación de legalidad indefinida, porque no se puede obligar a la gente a vacunarse para trabajar, algo que también incluye a profesionales sensibles como los sanitarios y sociosanitarios», explica el médico de trabajo y profesional del servicio Quirónprevención, Juan Gabriel Martínez, quien advierte de la creciente preocupación por la aparición de «islas epidemiológicas» de no vacunados entre plantillas mayoritariamente inmunizadas.

Estamos, además, ante una información sensible y amparada por la Ley de Protección de Datos. «Es, en todo caso, un dato de salud que la gente debe proporcionar al personal sanitario», subraya. Martínez añade que en el ámbito de la medicina del trabajo también hay «disimuladores, gente que no te cuenta las cosas...» y con el coronavirus han aumentado. 

«Salvo una actuación judicial, como ocurre con el caso de los toques de queda de las ciudades, la única solución ante la realidad de los no vacunados es una mayor información, trasladar a estas personas que la mayoría de la población está vacunada y que no estamos ante una cuestión individual sino ante el bien común. Si generamos  muchas islas epidemiológicas vamos a tardar mucho en frenar los contagios».

Prevención. Las empresas de servicios de prevención, agrupadas en torno a la patronal Aespabur y la regional Aspacyl, carecen de datos sobre la población laboral no vacunada, entre otras cosas, porque son confidenciales y porque tampoco se les ha permitido participar en la campaña de vacunación, pese a que se han ofrecido, para conocer la realidad sobre el terreno.

El vicepresidente de Apacyl, Pedro Saiz, estima, no obstante, que más de un 90% de la población laboral en Burgos estará vacunada. «Una empresa con 400 empleados en plantilla me ha confirmado que solo tienen constancia de un negacionista y muchas pymes nos han comunicado que se mueven en torno al 95% de vacunados o la totalidad de la plantilla». Certeza absoluta no existe.

Saiz insiste en que es una estimación «porque nadie puede exigir el código QR del pasaporte sanitario a un trabajador» (salvo, paradójicamente, que vaya a tomar un vuelo a otro país). «Solo lo sabe el médico encargado de los reconocimientos médicos, cuya información es confidencial y solo es conocida por trabajador y médico. El Gobierno no ha comunicado ninguna medida que cambie este procedimiento..., algo que sí se ha hecho en otros países , sobre todo en el ámbito sanitario y sociosanitario».

«Veo muy difícil que aquí lleguemos a obligar a vacunar a un trabajador, incluso hay sentencias judiciales que han rechazado un reconocimiento médico como documento válido para declarar apta o no a una personas para desarrollar un trabajo».

Las mascarillas han venido para quedarse. La quinta oleada de la pandemia, en la que aún estamos, ha confirmado a los servicios privados de prevención de que las medidas y protocolos establecidos con la pandemia seguirán vigentes durante «tiempo indefinido», máxime cuando la situación sanitaria actual es peor que la que se registraba el pasado año por estas fechas. «Muchas empresas han establecido distancias, mejorado su climatización y ventilación, establecido barreras, turnos de trabajo y han asimilado e interiorizado los protocolos anti-covid, que van a continuar vigentes».

El presidente de Aespabur asegura que si algo bueno se puede sacar de la pandemia es la importancia que tienen los equipos de protección individuales. «Nos hemos dado cuenta que las mascarillas son efectivas, como lo son los guantes, las gafas de protección, los equipos anticaídas...».

Pablo Montero, responsable de Prevencontrol en Burgos, no descarta «soluciones legales a la francesa» para evitar el fenómeno de los negacionistas en la empresa, especialmente entre los profesionales más sensibles.

No obstante, cree que la principal misión de los servicios de prevención es informar a los trabajadores. «Hay menos riesgo vacunándose que no, para uno mismo, su familia y los trabajadores con los que conviven».

Más allá de la información, solo una actuación judicial, como ya ocurrió con un brote de sarampión en un colegio, puede obligar a una vacunación por sentencia.

«Hay preocupación en las empresas, entre otras cosas, porque se están gastando muchísimo dinero en prevención contra el coronavirus, en pruebas, campañas de información, etc.».       

Montero asegura que la última oleada ha generado un gran número de bajas laborales por contagios y por confinamientos domiciliarios, lo que supuesto un esfuerzo de las empresas para cubrir esas ausencias. «Todo esto es mucho dinero y, lógicamente, preocupa».