Llega el momento de la Justicia

J. Villahizán (SPC)
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Llega el momento de la Justicia

Ángel Hernández, el jubilado que ayudó a morir a su esposa enferma terminal, se enfrenta ahora al juez instructor del caso, que será quien decida qué situación procesal le impone

El debate sobre la eutanasia volvió la pasada semana al primer plano de la actualidad informativa y a una intensa controversia social tras el caso de Ángel Hernández, el jubilado de 69 años que el pasado miércoles ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, de 61 años y enferma terminal de esclerosis múltiple, suministrándole una sustancia que le provocó el fallecimiento.
El marido, que había esperado hasta el último momento a que se aprobase una ley que regulase la eutanasia, según su relato, decidió cooperar en la muerte de su mujer ante su deteriorado estado de sufrimiento y sus repetidas súplicas para acabar con su vida. Al final, el viudo grabó dos vídeos para mostrar al mundo que María José daba el consentimiento para su fallecimiento, así como su posterior despedida, y se entregó a la Policía.
Ahora es la Justicia la que toma cartas en el asunto. Una vez detenido el pasado miércoles y puesto a disposición judicial al día siguiente, Hernández fue puesto en libertad sin medidas cautelares por el magistrado de guardia y acusado de cooperación al suicidio.
Será el juez instructor el que tome las medidas oportunas antes del inicio de la causa y del juicio oral.
En cualquier caso, el Código Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que van de los dos años a los 10 de prisión, aunque se observa una rebaja si hay petición expresa de la víctima y esta padeciera enfermedad grave.
A este respecto, el marido de Carrasco indicó en repetidas ocasiones que él está tranquilo, que no tiene miedo y que lo volvería a hacer, porque «lo más importante era que ella dejase de sufrir» tras más de 30 años de enfermedad.
Respecto a una posible condena, Hernández afirmó que asume lo que hizo y que aceptará lo que tenga que ser, al tiempo que deseó que se pudiese abrir la posibilidad de legislar en esta materia y así «aliviar el tremendo sufrimiento» en el que viven algunas personas en su misma situación.
casos semejantes. La hemeroteca, siempre fiel, destapa supuestos similares a los de Ángel Hernández ya juzgados. Así, el más reciente es el de la Audiencia de Zaragoza en 2016, que condenó a dos años de prisión al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse; la Fiscalía pedía para él una condena de seis años. En este caso, se aplicaron atenuantes de confesión y parentesco. La mujer había pasado 10 años sin salir de casa y no recibía tratamiento por cuestiones médicas.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente considera esta la única sentencia de un familiar condenado por ayudar a suicidarse a una persona en España.
Existen otras resoluciones, pero estas no afectan a familiares. En este sentido, el médico Marcos Ariel Hourmann fue condenado por la Audiencia de Tarragona a un año de prisión y a inhabilitación para ejercer la Medicina por ayudar a morir a una enferma terminal. 
En Barcelona, en 2012, un asesor psicológico fue condenado a tres años de cárcel por ayudar a suicidarse a un enfermo con depresión, al que incluso facilitó la heroína de extrema pureza que acabó con su vida de una sobredosis.