Los juzgados de Miranda están pendientes del resultado de una inspección para valorar su funcionamiento, aunque en el Colegio de Abogados y en el de Procuradores de Burgos tienen claro que en la ciudad hay que mejorar. Ambas entidades han remitido un informe en el que manifiestan los problemas con los que lidian los profesionales, y el mayor lastre está relacionado con los problemas de personal, sobre todo por la alta tasa de interinos.

Como resultado, lamentan que los perjudicados son sus clientes, que en ocasiones observan que la justicia no avanza. «Hay muchos retrasos en determinados procedimientos y hay casos que son muy exagerados», lamenta el decano del Colegio de Abogados, Guillermo Plaza que confiesa que la queja era prácticamente unánime dentro de los abogados de Miranda, porque «es un problema de medios y de su control».  

La rotación en los puestos perjudica al funcionamiento de los juzgados de un tamaño similar al de la ciudad, «porque la gente que llega tiene que formarse o coger un ritmo», por lo que el decano aclara que lo que viven los abogados en Miranda, «más que enfado es desesperación porque una justicia lenta no es justicia». 

Los procuradores tienen una visión similar de lo que ocurre en la jurisdicción. En su informe, lamentan «la falta de preparación de los interinos, a los que forman cuando ya están trabajando y en horario de trabajo». Esta situación es especialmente problemática «en el juzgado número 2 de lo civil», y de manera general, sugieren que «sería preciso ampliar a dos funcionarios cada una de las secciones civiles».

El día a día todavía empeora cuando llegan las vacaciones del personal, «porque hay una falta de redistribuciones», lo que empeora los tiempos. Sin contar las bajas imprevistas que surgen.

El decano de los procuradores en la provincia, Elías Gutiérrez, espera que «salga adelante el trámite en el Senado para modificar la estructura de los juzgados», para que «los dos que hay pasen a convertirse en uno, que es lo que se ha pensado para sitios como Miranda, que veremos si es la solución». Mientras tanto, repara en la necesidad «de controlar» el trabajo de los profesionales, ya que en su informe uno de los puntos alerta sobre «la falta de control de lo que se trabaja por parte de los Letrados de la Administración de Justicia».

Al margen de la losa de la interinidad y la falta de personal en ciertos puestos, Plaza añade que en el informe del Colegio de Abogados también incluyen que «con la covid se había evitado el acceso a la sede porque se había puesto un banco y no se podía acceder». Esta situación continúa porque «sigue un parapeto con dos mesas para evitar la entrada de los profesionales», apunta una de las abogadas consultada por su colegio, que también defiende la dedicación de ciertos funcionarios dentro de la sede judicial para mejorar los ritmos con los medios actuales.

Las cifras. La situación que exponen los procuradores y los abogados tiene reflejo en las cifras y la evolución de los asuntos solventados y pendientes en los juzgados de Miranda. En los últimos diez años, las cuestiones resueltas tanto en lo civil como lo penal han descendido. En 2011 ingresaron más de 5.500 casos y junto a los que estaban en plena tramitación se resolvieron 6.391, mientras que quedaron pendientes unos 1.500. Dentro de 2020 se registraron 3.214, se sentenciaron 2.822 y en tramitación también quedaron 1.500. Aún así, la cifra de cuestiones abiertas fue el menor de los diez últimos años. El peor registro quedó en 2019, cuando más de 2.000 procedimientos pasaron sin cerrar al siguiente ejercicio.