Dos años de cárcel por estafar al colegio Antonio Machado

I.E.
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La Audiencia Provincial condena al secretario del centro por cobrar y falsificar cinco cheques que ingresó en sus cuentas por valor de más de 8.600 euros

El monolito que preside el patio del Antonio Machado. - Foto: Christian castrillo

La Audiencia Provincial ha condenado a dos años de prisión al que fuera secretario del colegio Antonio Machado hasta noviembre de 2014. El tribunal le considera culpable de un delito de falsedad de documento mercantil efectuado por funcionario público en concurso con un delito continuado de estafa. Le impone esa pena después de aplicar la atenuante de confesión y de reparación del daño, ya que devolvió al centro los 8.656 euros que puso a su cuenta en cinco operaciones llevadas a cabo entre marzo de 2013 y noviembre de 2014.  La sentencia, a la que ha tenido acceso ese periódico, le inhabilita para el ejercicio de un empleo público de funcionario del cuerpo de maestros de Castilla y León por un periodo de un año y once meses. 
El fallo llega después de que la defensa del acusado y la Fiscalía alcanzaran un acuerdo. En verdad, el Ministerio Público había pedido en un principio la pena de tres años de reclusión en centro penitenciario, pero al reconocer los hechos el procesado se ha llegado a una sentencia de conformidad, con lo que la condena ha sido rebajada a dos años.
La resolución judicial establece que, entre el 20 de marzo de 2013 y el 27 de noviembre de 2014, el profesor -que era secretario del centro con facultades de administración-  hizo efectivos cinco cheques librados a nombre del colegio e ingresó los importes en su cuenta bancaria. En total, se embolsó más de 8.600 euros. 
«Movido por el deseo de obtener un inmediato beneficio patrimonial», el docente cobró dos cheques «sin autorización alguna» que habían sido cumplimentados y firmados por la directora para efectuar pagos propios del centro. Eso las dos primeras veces. Después, al ver el éxito que había tenido, se envalentonó y se atrevió no solo a hacer efectivos a su favor los talones, sino que los rellenó y falsificó la firma de la directora. 
Tras cometer estos hechos, la Consejería de Educación de la Junta le abrió un expediente disciplinario, un procedimiento durante el cual reconoció la comisión de estos delitos. De hecho, devolvió al colegio las cantidades defraudadas. En su escrito de calificación, su abogado alegó que se hallaba en tratamiento psiquiátrico al momento de los hechos, pero al no celebrarse juicio no tuvo que esgrimir este argumento.