La escasez de espacios dificulta que algunos colegios públicos de la capacidad puedan acoger aulas de 2 a 3 años después del anuncio que realizara la Junta el pasado julio de la gratuidad de esta etapa para el próximo curso. No obstante, el 60% de los centros, lo que representa 11 de los 18 existentes, muestran su disponibilidad a ofertar estas plazas al contar con instalaciones suficientes, si bien requerirían de actuaciones como la adaptación de baños que obliga la normativa. 

Cada uno presenta una situación distinta como es el caso del Jueces de Castilla, que necesitaría la reforma de su edificio anexo, habilitado en la actualidad por los desdobles de la pandemia. En el listado elaborado por el sindicato, a partir de las consultas a los equipos directivos, figuran también el Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria, Claudio Sánchez Albornoz, Fuentecillas, Padre Manjón, Río Arlanzón y Venerables. Completan la relación el Marceliano Santamaría, con el «condicionante» de que será sustituido por el nuevo colegio de Villímar, y Fuentes Blancas, que lo haría pero con «muchas dificultades», según manifiesta Francisco Pérez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Burgos.

No todos ellos pueden poner a disposición el mismo número de aulas, aunque en el cómputo final de la central sindical suman en conjunto un total de 18. «Lo que nosotros pedimos a la Junta es que a todo centro público que cuente con espacio se le asignen unidades de dos años», remarca Pérez, haciendo hincapié en que la escolarización en esta etapa tiene un impacto directo en la matrícula, que hace que los alumnos permanezcan en las instalaciones hasta que terminan la Educación Primaria.

El sindicato Stecyl, por su parte, también anima a los colegios a que implanten esta etapa porque «supone el futuro de la educación pública», reconoce su responsable provincial, Victoria Ibeas, mientras que desde ANPE María José Santamaría asegura que el proceso beneficiará más a la concertada. «Disponen ya de los espacios necesarios y llevan tiempo funcionando, cuando los de la pública se encuentran más limitados», manifiesta.

La Consejería de Educación estableció el pasado 20 de enero los plazos para que los centros privados y los que tienen concierto, así como los dependientes de corporaciones locales que impartan el primer ciclo de Infantil, presentaran su oferta de plazas para niños de dos años. La formalización de propuestas acaba este viernes, no así el periodo para solicitar la autorización pertinente, y será en ese momento cuando la Administración regional «ordene el mapa» de escolarización, según precisaron fuentes del citado departamento.

Los representantes de los trabajadores de la enseñanza acusan al Gobierno autonómico de «falta de información y de planificación» en este proceso de escolarización, además de que recuerdan que el periodo de admisión del alumnado para el próximo curso comienza el 18 de marzo, tal y como subraya Jesús Moradillo, de CCOO. Una falta de noticias que ha llevado a las centrales sindicales a dirigirse a la Consejería y la Dirección Provincial de Educación, sin que tampoco hayan tenido respuesta alguna. 

Se preguntan cómo se realizará esa distribución de plazas entre la escuela pública y la privada y concertada, al igual que el personal que se ocupará de dicha etapa, que «no sabemos si serán maestros o técnicos». La última información de la que disponen se remonta a noviembre, cuando el departamento provincial se puso en contacto con los colegios para conocer su disponibilidad de instalaciones: «Los centros no saben nada y a nosotros tampoco se nos ha consultado para poder presentar propuestas».