El borrador del nuevo decreto ley en el que trabaja el Gobierno para suprimir la obligatoriedad de cumplir con la regla de gasto ha dejado un sabor agridulce en el Ejecutivo municipal. Si bien se celebra que el Ministerio de Hacienda quiera suprimir esta exigencia, la decepción ha venido al comprobarse que han desaparecido del documento las ayudas que se iban a conceder a las entidades locales para compensar buena parte de la pérdida de ingresos que ha sufrido el transporte público durante la pandemia. En el caso del Ayuntamiento de Burgos supone dejar de percibir 1,6 millones de euros.

Salvo cambio de criterio en mejor sentido, esas son las noticias que tienen en el número 1 de la Plaza de Mayor, donde el concejal de Hacienda, David Jurado, sigue sin dar crédito a que el primer decreto, pactado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se tumbara en el Congreso de los Diputados.

La primera consecuencia será la pérdida de esa ayuda al transporte público (equivalente al 33% de los ingresos que se obtuvieron en los autobuses urbanos en 2018) y la segunda será que el Ayuntamiento tampoco podrá acceder a los 5.000 millones de los fondos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez iba a repartir entre aquellas entidades que le prestaran los remanentes de tesorería que no tuvieran comprometidos.

Los planes del Ejecutivo del PSOE pasaban por prestar 5,5 millones de euros al Gobierno con la idea de recibir alrededor de 7,5. Unos 2 millones en los primeros 18 meses y los otros 5,5 en un plazo de 15 años. A diferencia de lo que ocurría con las ayudas al transporte, es cierto que aquí las dos partes tenían que aportar.

Otra consecuencia de que el primer decreto no saliera adelante ha sido que el Ayuntamiento de Burgos va a tener que renunciar a parte de la modificación presupuestaria que había pactado con Cs y que, en un primer momento, superaba los 7 millones de euros. Y no porque el Gobierno haya puesto nuevas limitaciones (vuelve a querer suprimir la regla de gasto) sino porque no hay tiempo material para poder gastar todo el dinero que le quedarían al Consistorio de los remanentes de tesorería. En total, unos 12 millones de euros.

La nueva modificación presupuestaria del Ayuntamiento no está cerrada pero, inevitablemente, será más modesta que la inicialmente pactada. Algunas estimaciones hablan de que podría rondar los 5 millones. Ahí estarán los 2 millones que hay que aportar para la subestación eléctrica de Villalonquéjar, los 700.000 comprometidos para el VIII Centenario de la Catedral, los 125.000 que se destinarán a las vueltas ciclistas a Burgos y a España y probablemente los 400.000 euros de la primera anualidad para los primeros realojos del poblado del Encuentro.

Este decreto, como el anterior, deberá de ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Habrá que ver si ahora el Gobierno logra reunir los apoyos.