La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Impuesto de Plusvalías, conocido técnicamente como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), ha encendido todas alarmas en el Ayuntamiento. Aunque se está a la espera de conocer la letra pequeña del fallo y de saber con exactitud la manera en que el Ministerio de Hacienda reacciona a este varapalo judicial (para la administración), lo cierto es que mientras no se produzca un cambio normativo o se active un mecanismo de compensación para las entidades locales, el agujero para las arcas municipales será millonario.

En el borrador del Presupuesto de 2022 que se está ultimando estos días, el Ayuntamiento contempla unos ingresos por este tributo de algo más de 10 millones de euros. Que, en puridad, el Constitucional afirma que no se podrán cobrar. La alarma fue tal que en un principio en la Concejalía de Hacienda llegaron a pensar el martes por la tarde que las cuentas que se estaban preparando serían inservibles. Es decir, el Ejecutivo municipal empezaba a plantearse dos opciones: o se elaboraba un nuevo Presupuesto descontando esos ingresos o incluso, ante semejante incertidumbre, podría optar por prorrogar las cuentas de 2021 al próximo año.

Tranquilizó, dentro de lo que puede calmar un terremoto de este alcance, saber que el Ministerio de Hacienda hizo público un comunicado en el que avanzaba su intención de modificar el tributo para «garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos». Y es por eso que la decisión que se ha adoptado, según confirma el concejal de Hacienda, David Jurado, es prever que esos 10 millones de euros se van a recaudar.

Como esa garantía no existe, en este momento es más bien todo lo contrario, el bipartito supeditará el gasto de esos 10 millones de euros a que el Gobierno ponga en marcha un mecanismo de compensación (...).

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