Los consorcios de desvío del tren y de la ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar están trayendo de cabeza a las arcas municipales. La inclusión de los 47,7 millones de la deuda no sostenible del primero (la que no se puede pagar con la venta de terrenos) en los presupuestos de 2016 provocó que el Ayuntamiento rompiera el techo de gasto e incumpliera el objetivo de estabilidad presupuestaria. La consecuencia fue la elaboración de un Plan Económico Financiero (PEF) para un periodo de dos años, 2017 y 2018, y toda la contabilidad municipal pasó a estar supervisada y tutelada por la Junta.
El área de Intervención municipal ha realizado ya la liquidación del presupuesto de 2018 y de nuevo se ha incumplido el nivel de endeudamiento. La deuda del Ayuntamiento se eleva a 287.322.332 euros, lo que supone un 150,25% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, al haberse computado toda la deuda de los consorcios (sostenible y no sostenible) sobre las arcas municipales al estar ambos clasificados dentro del sector administraciones públicas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria permite el 110% pero las arcas municipales se habían comprometido a que alcanzara el 101,02% en el PEF.
Cabe recordar que la deuda de los consorcios se dividió en dos tramos: la sostenible, es decir la que se preveía poder pagar con la venta de los terrenos, y la no sostenible. La del desvío era de 166 millones, de los que 48 eran no sostenibles y fueron asumidos por el Ayuntamiento (paga 3,6 millones anuales durante 15 años en el acuerdo de reestructuración con las entidades financieras), de modo que quedaban 118 pero este año se han logrado amortizar 16 por la venta de terreno y se deben 102 millones, que son los que ahora se computan.
En cuanto al consorcio de Villalonquéjar, la deuda sumaba 109,7 millones, de los que 28 eran no sostenibles y los abonó la administración local (2,8 millones anuales durante 15 años). La venta de parcelas la ha dejado en 98,5, que también computan como deuda municipal dado que el Ministerio de Hacienda dio una moratoria de dos años para que no recayeran en el Ayuntamiento pero ese tiempo ha pasado y siguen imputados a la administración local.
La deuda municipal en 2018 está cifrada en 107,64 millones (se incluyen las asumidas de los consorcios en 2016 y 2017), lo que situaría los ingresos corrientes liquidados en 56,91% pero como en 2018 el consorcio del desvío ha cambiado la clasificación de sector financiero a sector administraciones públicas, clasificación que ya tenía el de Villalonquéjar y que mantiene, ha dado al traste con el equilibrio de las finanzas municipales y cifra la deuda en los citados 287,32 millones (150,25% de endeudamiento).
Esta situación pueden conllevar que la Junta vuelva a pedir al Ayuntamiento la elaboración de otro Plan Económico Financiero y las cuentas locales vuelvan a estar intervenidas por la Junta. El área de Intervención ya ha mantenido contactos con la Consejería de Economía para dar a conocer la liquidación de 2018 y está a la espera de una respuesta. Lo que está claro es que el Ayuntamiento no se podrá endeudar ni suscribir préstamos.
Por el contrario, el Ayuntamiento sí ha cumplido con creces con la capacidad de financiación que había fijado el PEF con 25,1 millones y, por tanto, con el objetivo de estabilidad presupuestaria. También lo ha hecho con la regla de gasto cifrada en 147,2 millones, inferior al recogido en el Plan, y con el periodo medio de pago a proveedores, que se situó en 17,84 días.
La portavoz de Ciudadanos,Gloria Bañeres, lamenta que su grupo se haya quedado solo con la denuncia de la situación de los consorcios. «Las entidades financieras que forman parte de ellos han dejado solos al Ayuntamiento .Con la refinanciación no nos han perdonado nada. No nos sale gratis y lo pagaremos con creces».
Por su parte, la candidata de la formación naranja al Congreso, Aurora Nacarino-Bravo, lamentó que el PPelija como candidatos al Senado a los «dos responsables de la situación de los consorcios».
modificación de créditos. Bañeres asegura que la situación planteada con el mayor endeudamiento no influirá en la modificación de crédito prevista tras la prórroga de los presupuestos y que se hará con cargo a los 46 millones de remanentes de tesorería, dado que su incorporación se hace por ley, tal y como le han trasladado desde Intervención. Tampoco se verán afectadas las inversiones comprometidas y adjudicadas a 31 de diciembre o las plurianuales.