La batalla continúa aunque, desde el Ejecutivo, se da a entender que ya hay acuerdo y, en 15 días, se podría cerrar el proyecto que más quebraderos de cabeza ha provocado a la coalición de Gobierno. 

Pedo Sánchez se ha decantado por las posiciones que defendía la vicepresidenta Calviño, ministra económica y, en principio, ha tenido que ceder posiciones la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz que, incluso, el pasado miércoles, admitió públicamente que no habría derogación de la ley, sino algunas reformas puntuales. Dicho esto, en buena ley, no se puede decir que Calviño haya ganado a Díaz, sino que Bruselas puso sus condiciones hace meses, ha sido inamovible en los aspectos más esenciales, y el propio Sánchez ha tenido que asumir finalmente las exigencias de la Comisión Europea. 

No hacerlo significaba decir adiós a la llegada del fondo de rescate, nada menos que 170.000 millones de euros a cobrar, vía créditos o prestaciones, hasta el 2026. Hasta ahora, solo se han recibido 9.000 millones, y el Gobierno espera otros 10.000 antes de que finalice el año. Sin esos dineros, los presupuestos enviados al Congreso son absolutamente inviables, aunque es posible que, en cualquier caso, no sean factibles visto que no se va a cumplir el crecimiento económico sobre el que se había trabajado, como tampoco se cumplen las previsiones sobre el déficit y la inflación.

Un hecho que, probablemente, sabía Calviño desde que asumió la vicepresidencia, puesto que conocía muy bien el funcionamiento de las instituciones europeas y su intransigencia a la hora de exigir esfuerzos a los países miembros a cambio de formar parte del club. 

La ministra socialista no se ha quemado demasiado en esta pelea, como sí lo ha hecho una Yolanda Díaz que se presentaba como la abanderada de la defensa de los intereses de los ciudadanos que consideraba más desfavorecidos; defendió con uñas y dientes las propuestas de los sindicatos y consideraba inadmisibles las de la CEOE, como buena militante comunista que ve a los empresarios como explotadores de la clase trabajadora. 

El pecado

Para la vicepresidenta segunda ha sido demoledor el dato que se manejaba estos días, cuando más álgido estaba el debate sobre la derogación de la reforma laboral y la necesidad de reducir la temporalidad, que ha sido unos de los aspectos más controvertidos. El Gobierno exige a las empresas, en las negociaciones una temporalidad máxima del 15 por ciento, cuando hace apenas meses exigía tomar las medidas necesarias para alcanzar un 23 por ciento en 2050. Con un dato aún más sangrante que esgrimen los empresarios cuando se les conmina a una temporalidad del 15 por ciento de forma inmediata: según la encuesta de Población Activa del primer trimestre, la temporalidad en la empresa privada es del 22 por ciento, mientras en la pública llega al 30,4 por ciento.

El pecado de la temporalidad en el Gobierno se recuerda estos días cada vez que los negociadores de la reforma laboral dan un paso y hacen público un principio de acuerdo. La palabra «derogación» aparentemente ha desaparecido de escena, pero falta también que desaparezca el término «reforma laboral de Rajoy y Fátima Báñez».

Los empresarios, tanto los que forman parte de la CEOE como del Círculo de Empresarios, insisten en que no se trata de la reforma del Rajoy, sino de la que impuso la Comisión Europea al ex presidente. Recuerdan que cuando se hizo cargo del Ejecutivo se encontró con unos datos que no coincidían con los que había dado oficialmente el Gobierno de Zapatero y que España se encontraba en una situación límite de la que solo podía salir con un rescate de Bruselas. Rajoy se negó, tenía presente la situación de rescate de Portugal y empezó a negociar con la Comisión Europea para impedir la llegada de los temibles hombres de negro, que imponían las condiciones económicas que debía aprobar su Gabinete.

Bruselas aceptó dejar de lado el rescate siempre que Rajoy, Guindos y Montoro aceptaran unas reformas inamovibles, inducidas por los técnicos de Bruselas una vez analizada la situación española. Una, la reforma fiscal. Dos, la laboral. El Gobierno español lo aceptó, como la única manera de impedir el rescate, pero negociando con Bruselas para que esas dos reformas no fueran excesivamente gravosas para los españoles.

Una de las propuestas que defendió la entonces ministra de Trabajo, fue incluir los ERTEs en la reforma laboral, que las empresas pudieran hacer expedientes temporales de regulación de empleo. 

Son los ERTEs los que han salvado un porcentaje alto de empleos durante la pandemia, permitiendo que las empresas pudieran mantenerse activas y sus trabajadores cobrando parte de su salario a la espera de que se dieran las condiciones necesarias de recuperación.

Por otra parte, los empresarios, y algún que otro miembro del Gobierno, confiesan en privado que hay que mantener algunos aspectos de la reforma laboral porque, palabras textuales «algo tiene que ver la reforma laboral actual con los datos de empleo que estamos manejando». Y que no son malos y son éxitos que se apunta Pablo Sánchez y Yolanda Díaz.

Preocupa menos a los empresarios la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa, porque se mantiene que, si hay acuerdo entre un empresario y sus trabajadores prevalece ese acuerdo sobre el sectorial.

Patronal

En los dos últimos años las negociaciones del Gobierno con las autoridades comunitarias, sindicatos y empresarios han sido exhaustivas, pero también las de las organizaciones empresariales con las instituciones europeas. Antonio Garamendi ha sido la figura más representativa de las negociaciones con el Ejecutivo, que no solo se ha entrevistado con comisarios europeos y directores generales sino también con dirigentes económicos y empresariales de gobiernos europeos. 

Así están las cosas ahora, pero todo lo relacionado con decisiones del Gobierno hay que tomarlas siempre con cautela. De hecho, desde el Ejecutivo se da por hecho tras el paso dado en los últimos días, con un supuesto preacuerdo que antes de fin de año se podría concretar e iniciar los trámites parlamentarios, pero los empresarios niegan la mayor y no pactarán si no se aclara el tema de la temporalidad entre otros escollos de menor impacto, que «todavía hay que discutir».