Los profesionales que luchan contra el fuego en la provincia de Burgos reclaman a la Junta contratos de al menos 6 meses continuados de trabajo para «poder vivir dignamente», ya que el 80% de los integrantes de este operativo, tanto publico como privado, trabajan únicamente durante 3 o 4 meses. La plantilla inició una recogida de firmas que han sido entregadas junto a un escrito dirigido al consejero de Fomento y Medio Ambiente y a los responsables del servicio en la Delegación Territorial.
Según las cifras aportadas a este periódico, de los 110 empleados laborales fijos discontinuos que tiene Medio Ambiente en Burgos, repartidos por las torres de vigilancia y por las bases de los camiones autobomba, solo 4 personas alcanzan los 9 meses de contrato y otras 17 están medio año. Los demás trabajan 3 meses, como mucho 4, y el resto lo pasan en el paro o tienen que buscar otro empleo para subsistir -agricultor, ganadero...- o lo compatibilizan con estudios. «Esto no se puede considerar una profesión», explica un portavoz del colectivo, que asegura que la precariedad conlleva una fuga continua de talento y una pérdida de capital humano para la Administración regional.
Tampoco la situación entre quienes trabajan para las empresas subcontratadas (Tragsa u otras) en las cuadrillas de tierra y en las brigadas helitransportadas es mucho mejor.
«Podría ser un empleo muy bueno, una forma de potenciar el medio rural», porque en su mayoría son personas que están integradas en los entornos en los que trabajan y que entienden el campo como un medio de vida. Además, aseguran quienes mejor lo conocen que «en el monte hay mucho trabajo» para acometer fuera la temporada de incendios. «Hay caminos por los que no pasa un camión sin reventar una luna», detalla uno de los afectados.
Los profesionales exigen a la Junta que cambie la RPT y, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, se amplíen las competencias de los emisoristas (los vigías de las torres) y los conductores y peones de las autobombas. «Que creen ya la categoría de bombero forestal, como existe en Andalucía o Castilla-La Mancha, que ofrece mil posibilidades», apostillan para enumerar entre otras mantenimiento de los puntos de agua, arreglo de fuentes, lucha contra la procesionaria y otras plagas, desbroces, repoblaciones, etc.
Según sus cálculos, prolongar los contratos a un mínimo de 6 meses no es una decisión económica sino política. «Costaría 1,5 millones para toda la comunidad y es una forma de consolidar el operativo» y evitar que haya un flujo constante de gente sin experiencia. «Nos gustaría poder trabajar 12 meses al año, pero puesto que la Junta no quiere», se conformarían con un incremento de jornada que beneficiase a la inmensa mayoría.
Además, denuncian que la situación en la provincia de Burgos es peor que en otras como Ávila, Salamanca y «en especia Zamora y León», donde escuchas, peones y conductores se benefician de contratos más largos. Es «injusto que haya trabajadores de primera y de segunda», concluyen.