Leonés de 1961, abandonó su carrera en la judicatura para dedicarse a la política. En julio de 2015 se incorporó como consejero de Fomento y Medio Ambiente al último ejecutivo de Juan Vicente Herrera y ha mantenido el cargo tras la elección como presidente de Alfonso Fernández Mañueco. Convertido en uno de los pesos pesados del Ejecutivo regional, el llamativo orden que reina en su despacho revela que estamos ante un hombre metódico con multitud de frentes abiertos.

¿Da abasto la Agencia de Protección Civil a tramitar las denuncias que se han impuesto en los últimos meses, derivadas de la pandemia?

Sí, aunque son muchos miles de denuncias. Se tramitan con normalidad, con un cierto refuerzo de personal y en colaboración con las delegaciones territoriales, la Dirección General de Salud Pública. Hay una coordinación entre los órganos de tramitación y de sanción.

¿El retraso en resolver tiene que ver con la acumulación o también con que se puedan estar revisando a fondo para no dañar, por ejemplo, a los establecimientos hosteleros?

No, no. Tiene que ver con el alto número de expedientes. No se pueden introducir criterios de arbitrio, no hay más criterios que la tipificación y la posible sanción en proporcionalidad al hecho y la gravedad. Se analizan si son hechos leves, graves o muy graves y se determina la horquilla de sanción, pero no pueden entrar otras consideraciones. No puedes decir: «Mira, hombre, pobre, es un restaurante… ha cometido una actuación que afecta a 15 personas pero vamos a poner lo mínimo». No. Se pondrá la sanción en la parte que le corresponda.

Tras el estado de alarma, el ciudadano alberga muchas dudas sobre qué puede o no hacer ¿A su juicio debería haber habido una prórroga del estado de alarma, quizás una Ley de Pandemias?

En cuanto a las dudas del ciudadano sobre la normativa en vigor, nosotros tenemos publicadas en la página web de la Junta de Castilla y León hasta 150 cuestiones, con preguntas y respuestas frecuentes. Otra cuestión distinta es si actualmente haría falta algún marco jurídico distinto. Nuestra opinión, y lo ha dicho el presidente de la Junta, es que a la legislación excepcional tenía que haberle sucedido una modificación de la normativa ordinaria, que permita dar instrumentos a las Comunidades Autónomas para tomar medidas eficaces. Una gran parte de las comunidades reclama un acervo normativo suficiente, y eso lo tiene que poner en marcha el Gobierno de España, que debe llevar un proyecto de ley a las Cortes Generales para modificar la Ley Orgánica 3/89 y crear una Ley de Pandemias o mejorar técnicamente la norma.

Tras la victoria de Ayuso en Madrid, y casi de inmediato, la Junta ha empezado a abrir la mano en sus restricciones. ¿Es porque Ciudadanos, que parecía la parte más restrictiva, ya no tiene peso político en el Gobierno de Castilla y León o porque han visto que electoralmente es lo que pide la gente?

Nos sorprende la relación que se hace entre lo que pasó en Madrid hace dos semanas y las decisiones que estamos tomando. No creo que hayamos sido una Comunidad Autónoma que haya hecho seguidismo ni de nada ni de nadie. Hemos hecho aquello que creíamos que teníamos que hacer para proteger a los ciudadanos en cada momento, con mayor coste político o incluso discordante con lo que hacían otras comunidades de nuestro mismo color político. Lo que ha coincidido en el tiempo con el fin de las restricciones no han sido las elecciones de Madrid, sino que el Gobierno ha dejado decaer el estado de alarma y por tanto nos ha puesto ante una nueva situación. Teníamos un paraguas que se ha plegado por parte del Gobierno y  nos han dejado al albur, a la intemperie. Se ha vendido que se acababa el estado de alarma y que había otro instrumento, porque el Supremo puede unificar la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero, ¿en aplicación de qué norma nueva? En ninguna.

También existe la posibilidad de que cada Comunidad pida el estado de alarma al Gobierno.

Claro, siempre ha existido. Pero la pandemia no es una cosa de Castilla y León, ni de Navarra, ni de La Rioja. Es mundial, europea, nacional. El ataque de la pandemia es una responsabilidad del Estado. Una cosa es la cogobernanza, donde hay colaboración y escenarios de encuentro con las comunidades, y otra cosa es que digan: nosotros nos vamos y ahora os las compongáis. 

En otros momentos la Junta sí tomó la iniciativa, por ejemplo cuando adelantó el toque de queda o decidió cerrar perimetralmente Aranda de Duero, cuando no había estado de alarma. Ahora ha cedido esa iniciativa a otras comunidades, como Canarias, que sí que ha dado el paso de acudir a los tribunales.

No es similar. Cuando se tomó la decisión de perimetrar pequeños núcleos de población es porque se podía tomar. Pero ahora otras comunidades plantean medidas generales, como el toque de queda. Cuando se adelantó a las 8 de la tarde era sobre una interpretación del decreto del estado de alarma y por tanto tenía un amparo. ¿Tenemos ahora la posibilidad de un cierre perimetral de una localidad pequeña? Pues sí, y hemos contado con el ok del TSJ, pero son medidas muy limitadas.

¿Descartan completamente pedir el toque de queda o el cierre perimetral, aunque el Supremo diera la razón a otras autonomías?

El portavoz de la Junta y el presidente ya se han manifestado al respecto. No vemos que haya un escenario como para pedir una medida de ese tipo, y además nuestro TSJ nos ha dejado una doctrina que ya sabemos cuál es. 

¿Han sentido en el PP la tentación de convocar elecciones tras la debacle de Ciudadanos en Madrid?

Eso es una prerrogativa exclusiva del presidente de la Junta, y por tanto no me corresponde responder a eso. Si lo considera procedente, lo hará.

Usted está en los Consejos de Gobierno. ¿Cómo son en los últimos meses? Se dice que hay mucha tensión entre los consejeros del PP y de Ciudadanos, sobre todo por la situación interna de los naranjas…

Pues yo no percibo que haya ninguna situación de tensión. Empezamos un Gobierno de coalición, tuvimos que acomodarnos a una situación novedosa. Ambas formaciones llegaron a un pacto político seguro, fuerte, y han sido totalmente responsables. Con el coronavirus, la relación se ha soldado plenamente porque hemos actuado todos a una, y ha tenido que ser así en favor de los castellanos y leoneses, para tomar decisiones en momentos muy difíciles en los que encontramos una falta de soporte en el Gobierno de España. Ese espíritu sigue existiendo, no hay ninguna disensión. Discutimos planteamientos, y bien está que sea así. Hay puntos de vista distintos y decisiones unánimes. Todas.

Hace unos días su Consejería anunció 15 millones de euros para modernizar la estación de autobuses de León. ¿Hay alguna previsión de actuar en la de Burgos? El anterior alcalde, Javier Lacalle, planteó una nueva junto a la de trenes.

Nosotros tenemos un plan de renovación de todas las estaciones de autobuses de titularidad autonómica. La de Burgos es municipal, así que no está dentro de nuestro programa de rehabilitaciones. Es cierto que el Ayuntamiento de Burgos planteó mantener la actual estación y hacer una nueva intermodal junto a la de trenes. Mantener dos estaciones sería complejo, pero en cualquier caso sería una responsabilidad de sus titulares. El Ayuntamiento no se ha dirigido oficialmente a nosotros para nada de esto, ni solicitando cambio de titularidad ni una nueva ubicación. 

¿Qué pasos está dando la Junta en los últimos años respecto al Tren Directo y al corredor central ferroviario? ¿Cómo convencer al Gobierno y a Europa para que lo pongan en sus planes?

Llevamos mucho tiempo trabajando con el Directo Algeciras-Bilbao pasando por Madrid-Aranda-Burgos, e invirtiendo en ese ámbito. Consideramos necesaria la reapertura, así lo hemos planteado a este gobierno y al anterior, independientemente del color político. Inicialmente en su versión básica, que sería corregir el hundimiento del túnel y poner un sistema de frenado automático y no manual. Esto supone una inversión de ciento y algo millones. Lo suyo sería que fuera de doble vía, electrificada, con la superestructura preparada para pesos de 22 toneladas y media por eje, con velocidades mínimas de 100 kilómetros por hora, gálibos adecuados y un sistema de guiado europeo. Pero vamos por partes, porque esto supondría una inversión de más de 1.000 millones. Estamos ahora confeccionando la Estrategia Logística de Castilla y León, un nuevo instrumento de planificación, y en ella tendrá su presencia la reapertura del Directo. Y hemos tenido decenas de reuniones, con el impulso de la Cámara de Comercio de Burgos, y todas confluyen en lo mismo: la necesidad de su reapertura. Con poco eco de momento en los gobiernos de España. Dentro de la Red Transeuropea de Transportes, en España están el Corredor Atlántico y el Mediterráneo, pero no aparece el Central. Se está empezando a elaborar una modificación del reglamento que regula sus directrices y que está abierto a consulta pública. En esa fase, la Junta de Castilla y León va a pedir la inclusión del Directo en la Red Transeuropea de Transportes. La revisión se producirá entre el año 2023 y 2027, largo lo fía Europa, pero son sus tiempos. Será la forma de llevar a Europa una reivindicación concreta. Si una infraestructura de este tipo no está en los documentos estratégicos de planificación, será difícil que opte a estar en la Red Transeuropea o que obtenga ayudas. 

Ha dicho que cuesta tener eco en los «gobiernos» de España, en plural. ¿Por qué es tan difícil convencer a los sucesivos ejecutivos?

Hay distintos momentos. El Gobierno de España anterior era el de la superación de la crisis económica, y lógicamente las inversiones tenían que ser selectivas. Ahora estamos en otro escenario, estamos ante el Gobierno de los fondos europeos, nada menos que 140.000 millones de euros para España. Ahora es más exigible que se atiendan reivindicaciones de este tipo, por eso hacemos un hincapié especial. Y pedimos la inversión razonable de la rehabilitación de la línea, algo más de 100 millones, asumibles en este contexto.

El Gobierno contraataca diciendo que la Junta debería colaborar en la línea, como hacen otros gobiernos autonómicos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes?

Zapatero a tus zapatos. La línea férrea es de titularidad estatal. Bastante tenemos con atender a nuestras carreteras en una comunidad infrafinanciada con un déficit de en torno a 600 millones de euros al año para los servicios públicos básicos de sanidad, educación y dependencia.

Se refería antes al impulso que desde la Cámara de Comercio y otras asociaciones se ha dado al Corredor Central. La Plataforma del Directo dice que lleva dos años pidiendo una reunión con algún responsable de la Junta.

Conmigo no será. Soy una persona muy accesible. No creo que tenga en mi cartera de peticiones de entrevistas ninguna pendiente. Estaré encantado de recibirles, o de ir a Burgos. Si la tienen pendiente, lo desconozco. Me lo habría recordado el consejero Ángel Ibáñez, que está muy pendiente de lo que ocurre en su tierra.

¿Estaría dispuesta su consejería a cofinanciar actuaciones como la del ramal de Kronospan para otras empresas que lo pidieran?

La financiación no es del ramal de Kronospan. El Directo no solo hay que rehabilitarlo, hay que potenciar la demanda industrial de interés en el transporte ferroviario. Estos años lo hemos hecho en el Centro de Transportes de Burgos, con una inversión en 2017 de 2,4 millones de euros, más otra inversión de 3,3 en el año 2020 para ampliarlo. Y ahí hay un proyecto de extensión ferroviaria que permite unir Villafría con el polígono de Castañares, que es donde está Kronospan, y a medio camino tendremos el Parque Tecnológico. Nosotros financiamos una parte que es la de interés general y ellos harán otra parte para que llegue a su planta. Algo similar hicimos en el Polígono Prado Marina de Aranda. La Junta de Castilla y León lleva invertidos 17,4 millones de euros en todo este tipo de actuaciones y ahora tenemos la pretensión de llevar a Europa la visualización y que se identifique ese ramal en la Red Transeuropea.

De los consorcios de los aeropuertos hace tiempo que la Junta se salió. ¿Se plantean volver?

No es que se saliera de repente. El paso lo cambió en 2012 el Gobierno de España, cuando en plena crisis económica, y para organizar las actuaciones, se creó un modelo de promoción donde AENA, la titular del aeropuerto, es la que tiene que gestionar. Llegamos a invertir hasta 62 millones en promoción en los distintos aeropuertos y ahora estamos en el Comité de Coordinación Aeroportuaria. Lo que hace falta es impulsar la actividad económica, la mejoría de las rentas y que haya demanda de vuelos, necesidad de viajar tras la pesadilla del coronavirus.  

¿Qué opina de la intención del Gobierno de aplicar peajes a las autovías y, quizás en una segunda fase, a toda la red viaria?

Nuestra opinión es totalmente negativa. Entendemos que el mantenimiento y conservación de carreteras tiene que financiarse con los Presupuestos Generales del Estado, que se nutre de impuestos progresivos. Cobrar una tasa idéntica  a todos los ciudadanos, además de los impuestos que pagamos todos, nos parece absolutamente injusto, improcedente y un ataque al sector del transporte, que incrementará sus costes, y al medio rural. Se me ponen los pelos de punta cuando oigo que pretenden cobrar también por circular por las carreteras autonómicas. Lo que faltaba.  

Si el Gobierno toma la decisión en la red estatal, ¿las autovías autónomicas no las aplicarían, como en la León-Burgos?

En la medida en que no estemos obligados por un instrumento normativo de obligada aplicación, evidentemente no. Queremos facilitar la movilidad, el ciudadano que usa una carretera o autovía es porque necesita moverse y no se le puede gravar con más carga impositiva. Ya vimos que la filosofía de gobierno que ganó en Madrid hace unos días fue la de bajar los impuestos para que haya más actividad económica, más empleo y, con ello, sí, más ingresos. Ya lo que faltaba, penalizar a nuestros pueblos  con que a los vecinos les cueste dinero moverse por Castilla y León.  Es otra política más contra la población del medio rural, que atentan contra esta región. Unos pretenden cobrar por las cosas y nosotros buscamos hacerlas gratis, como con el transporte a la demanda.

El sector de la rehabilitación de vivienda va a ser uno de los más favorecidos por los fondos europeos. ¿Cómo lo va a apoyar la Junta?

Lo estamos apoyando, lo cual se nota en gran medida en Burgos, pues muchas de sus empresas de construcción apuestan por la rehabilitación. De hecho, la mitad de las ayudas que otorga la Junta, dentro del Plan de Vivienda, van para Burgos, 2,4 millones de euros en una convocatoria con 4,8 millones para toda la Comunidad. Hay muchos proyectos y hay empresas muy motivadas por la rehabilitación. Estamos intentando que otras provincias se sumen a estas iniciativas. En los últimos años hemos destinado más de 300 millones de euros a 92 áreas de rehabilitación urbana (los denominados ARUS o ARIS). En Burgos tenemos en marcha Entrevías, en Miranda, y el del barrio de San Cristóbal, en la capital, que va por la tercera fase. Los fondos europeos para rehabilitación van a ser sustanciosos, están aún sin determinar y sin repartir. Esperamos esa conferencia sectorial mixta del Gobierno y las comunidades para el reparto de los fondos.  

¿Quién debe gestionar ese dinero? Los ayuntamientos pequeños temen que no les llegue nada, las diputaciones reclaman su protagonismo...

El miedo de las administraciones locales a no controlar los fondos europeos, ese ‘qué hay de lo nuestro’, es lógico. Creo que va a haber por dos vías, lo que haga el Gobierno en convocatorias para ayuntamientos y diputaciones, a los que tendrá que transferir dinero, y lo que hagamos en la Junta, pues parte de los fondos irán a las entidades locales. En todo caso todos los fondos van en beneficio de los vecinos de los municipios y las provincias. Han pasado los meses y no sabemos cómo van a funcionar las colaboraciones público-privadas, cómo se van a trasladar los fondos a las administraciones locales. Hay muchas incógnitas e interrogantes, pero el Gobierno de España ha de ser generoso, no se puede perder ni un euro. 

¿Han valorado cómo se presenta la campaña de incendios?

En un contexto de cambio climático las previsiones meteorológicas son muy a corto plazo. Habrá mucha vegetación, porque está lloviendo en primavera. Llevamos tres años con números de superficie quemada muy inferiores a la media de la década y deseamos que sea así. Estamos preparados para todo lo que pueda venir. 

Sobre el plan sectorial de extinción de incendios, el PSOE expresó en la Diputación sus dudas acerca del limbo jurídico en que podrían quedarse los parques de voluntarios que no aparecieran en el mapa de mínimos que se establece en el documento. 

Si un mapa es de mínimos, quiere decir que al menos puede tener eso y, además, todo lo que se quiera. Además, hay que recordar que la competencia de extinción de incendios no forestales no es de la Junta, es de los ayuntamientos y de la Diputación. La Junta lo único que ha hecho, en colaboración con las entidades locales, es llevar a cabo un plan sectorial para garantizar una respuesta eficaz en toda la Comunidad a cualquier incendio no foresta. Para ello ha establecido unos mínimos que debe tener cada provincia, pero luego esa provincia puede tener lo que quiera, lo que crea oportuno. Si, por ejemplo, donde el plan prevé que haya tres parques de tipo 3A la provincia tiene siete, pues perfecto. Nosotros no demonizamos a nadie, al contrario, agradecemos la labor que presta el bombero voluntario, que está regulado por la Ley de Seguridad Ciudadano. Tenemos que respetar el papel relevante e importante del bombero voluntario. Me molesta que se usen estos asuntos para confundir a la ciudadanía. Todas esas falacias que tratan de inquietar a nuestros vecinos son una enorme irresponsabilidad. 

En algunas zonas de la provincia, sobre todo enMerindades o Caderechas, hay rechazo al aluvión de proyectos eólicos que se están conocimiento en los últimos meses por los efectos negativos que para el medio ambiente y el turismo pueden tener. ¿Se plantea la Junta una regulación más restrictiva?

Estamos en una transición energética y eso significa eliminar todos los combustibles fósiles en la generación de energía. No podemos defender una cosa y la contraria, pero existe esa preocupación. Vamos a llevar al Gobierno de España un documento en el que hagamos ver la necesidad de maximizar la planificación para evitar  efectos no deseables para la población y para la actividad económica, que también es el turismo, sobre la base de que tiene que haber parques eólicos y solares, tiene que ser con responsabilidad y con una adecuada planificación.

La depuración de aguas es otra de las preocupaciones compartida por muchos municipios.  

Nosotros hemos culminado ya la depuración en los municipios de más de 2.000 habitantes de los que nos encargamos, la legislatura pasada invertimos 70 millones de euros y ahora están terminándose las últimas 11. Hemos cumplido, mientras el Gobierno de España tiene en torno a una decena sin hacer todavía. Y estamos ya empezando a dibujar la depuración de los de 500 para abajo, con el objetivo de que en la legislatura que viene pudiera estar terminada el 100% de la depuración de las 6.200 localidades de Castilla y León, un auténtico hito medioambiental que no conocemos en ninguna región europea. 

En Aranda están pendientes de completar la circunvalación. Teniendo en cuenta que es el tercer polo industrial de Castilla y León, ¿Cómo explica que las grandes infraestructuras acumulen tanto retraso?

No es lo mismo asfaltar la calle de un pueblo que hacer un vial. Y si es nuevo, mucho más complicada la tramitación. Yo estuve allí en 2015 y comprometí que se empezaba con la tramitación sin solución de continuidad y, seis años después, en eso estamos. ¿Cuándo van a empezar las obras?No me atrevo ni a decirlo.Nos hemos rodeado de un estado de garantías y eso conlleva que los trámites se alarguen.El primero que sufre los plazos soy yo.