El suicidio de una joven empleada de la empresa Iveco tras viralizarse un vídeo sexual en el que aparecía junto con su ex pareja fue la demostración más dramática y palpable del daño que pueden provocar con las redes sociales quienes las utilizan para someter a otras personas a un continuo acoso. Se recrudeció un debate que muchos evitaban para no reconocer en ocasiones han sido cómplices, ya sea de una manera activa ayudando a difundir esos contenidos o porque no los ha denunciado. Lo cierto es que el asunto trasciende a muchos espectros y, por supuesto, lo judicial no puede ser una excepción, sobre todo en el aspecto procesal. La fiscal delegada de Violencia de Género enen Castilla y León, María Boado, puso el tema sobre la mesa en unas jornadas formativas organizadas por el Colegio de Abogados de Burgos, reconociendo la dificultad de condenar a quienes difunden vídeos sexuales.
«Aunque parezca que no se hace nada contra estas redifusiones, lo cierto es que sí está contemplado a nivel penal», subrayó. Eso sí, actualmente se procesa siempre que se conozca «el origen delictivo» de ese vídeo. La manera de actuar en España dista mucho de otros países europeos ya que, tal y como expuso, en 2018 la fiscalía danesa imputó a 1.000 jóvenes por compartir en Facebook dos vídeos y una foto de índole sexual de menores de edad.
Boado también hizo referencia al papel que juegan las nuevas tecnologías en las pruebas judiciales. A este respecto, aseguró que las evidencias informáticas son «objetivas a más no poder», mucho más que otras como las testifícales o las periciales, y puso de ejemplo los mensajes o correos electrónicos, sobre todo en asuntos de acoso y de violencia de género.
No obstante, reconoce que internet no está exento de problemas, como puede ser la volatilidad, ya que a veces es muy fácil eliminar una prueba, la posibilidad de manipulación, como las conversaciones o los famosos pantallazos, o que en ocasiones atentan contra derechos fundamentales como la intimidad o el secreto de las comunicaciones. La fiscal también se refirió al inconveniente que supone acudir a las empresas prestadoras de servicios para recabar información.
Por otro lado, María Boado hizo referencia a cómo las relaciones sentimentales cibernéticas han entrado de lleno en asuntos de violencia de género. Recordó que el aspecto afectivo permite derivar delitos de amenazas o de acoso a los juzgados especializados en esta materia.