Muy pocos son quienes cuestionan que la normativa en materia de ruidos en Castilla y León se concibió con unas exigencias prácticamente imposibles de cumplir para aquellos hosteleros que tenían su negocio enfocado al ocio nocturno y que contaban con una licencia de bar o de cafetería. Los primeros en saberlo fueron muchos empresarios que a lo largo del tiempo trataron de lograr un permiso para conseguir que sus locales pasaran a tener una licencia de bar especial o pub, pero la mayoría se encontró con el que el Ayuntamiento se lo denegaba al ubicarse estos establecimientos en el entorno de Las Llanas o Las Bernardas. Lugares que en 2004 pasaron a ser clasificados como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Con una legislación que se percibía demasiado rigurosa para muchos negocios, la percepción que ha existido es que el Consistorio había sido generoso en su labor sancionadora. Así podría haber sido hasta que este año se han multiplicado las inspecciones (entre enero y junio se han abierto casi los mismos expedientes que en todo 2018), se ha comenzado a precintar los equipos de varios bares y se calcula que podría haber unos 40 negocios afectados. Lo que se produce en vísperas de que la Junta haya anunciado que incrementará el límite de decibelios permitidos de 40 a 75.

¿Es cierto que el Ayuntamiento de la ciudad, tal y como se ha expresado en alguna ocasión, ha sido demasiado permisivo con el ruido que generan estos negocios? El último estudio elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el órgano que fiscaliza a las entidades locales en la región, no entra a responder esta pregunta pero sí aporta como dato que entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, el Consistorio burgalés fue el que más expedientes de ruido abrió de las 21 poblaciones más grandes de la comunidad autónoma.

En ese periodo de tiempo, el Ayuntamiento de Burgos inició 412 expedientes (335 de ellos a partir de denuncias y 77 de oficio) frente a los 363 procedimientos abiertos en la universitaria ciudad de Salamanca y los 356 de Valladolid. Dos capitales con una actividad nocturna más acusada. Las diferencias son aún mucho más acusadas, por poner los ejemplos más cercanos, con Miranda de Ebro y Aranda de Duero. En la ciudad ferroviaria solo se abrieron 3 expedientes en casi año y medio y en la segunda ninguna.

Lo que también es cierto es que una cosa es la denuncia y otra que ésta termine en multa. De los 412 expedientes abiertos en Burgos, un total de 77 acabaron en sanción, por un importe total de 13.823 euros aunque únicamente se han recaudado 2.911.

En Valladolid, las sanciones interpuestas fueron menos de la mitad que en Burgos (35), aunque aquí sí se han recaudado 53.850 euros.Y en Salamanca se pusieron 332 multas (muchas más que en cualquier otra ciudad de la región), pero para ingresar 13.000 euros.

Estos datos sitúan a Burgos a la cabeza de las ciudades con mayor número de expedientes por ruido y como la segunda que más sanciones interpone por este motivo en Castilla y León. Y eso que las cifras aportadas por el Consejo de Cuentas no aportan las cifras de 2019, donde la labor inspectora del Ayuntamiento burgalés se ha multiplicado. Prueba de ello es que entre enero y junio se abrieron 37 expedientes sancionadores frente a los 48 de todo 2018.

En la actualidad, el límite de ruido permitido, según refleja la ordenanza municipal en cumplimiento de la normativa autonómica, establece que en los bares y cafeterías no puede sobrepasarse los 40 decibelios en horario nocturno y lo eleva hasta los 95 en el caso de los pubs y discotecas.

Otra limitación que tienen los bares que se dedican al ocio nocturno es su obligación de cerrar los fines de semana a las 2.30 horas, cuando los pubs pueden hacerlo hasta las 4.30 y las discotecas hasta las 6.30.

Lo que también está por ver es si la elevación de los límites de ruido por parte de la Junta puede revocar la clasificación de las Zonas Acústicamente Saturadas.