La distribución, o mejor dicho, la redistribución de los fondos en la próxima reforma de la Política Agrícola Común, se ha convertido en un motivo de profunda división en el sector agrario y, por elevación, entre las comunidades autónomas. Se trata de un fuego difícil de sofocar desde la Administración si se tiene en cuenta que, al final, de lo que se habla es de los recursos que van a parar a los bolsillos de agricultores y ganaderos con nombres y apellidos; unos dineros para los pagos procedentes de Bruselas que han sufrido un ligero recorte y que, además, es necesario aplicar en el marco de la política de redistribución de los fondos de acuerdo con las exigencias de la Comisión.
Esta situación ya ha provocado movilizaciones en unos territorios contra las propuestas de Agricultura, mientras en otros han mantenido silencio o posiciones a favor, e incluso han planteado medidas más lejos de las anunciadas desde Atocha. Mientras, en Bruselas se aborda la fase final de las negociaciones para cerrar lo que será la nueva reforma de la Política Agrícola Común desde 2023.
En España, de cara a los debates con las comunidades autónomas para definir el futuro Plan Estratégico que marque cómo ubicar los 47.724 millones previstos para el próximo periodo, Agricultura baraja desarrollar una política agraria más redistributiva de los actuales fondos. Ello supondría corregir algunas de las situaciones que se han consolidado con la aplicación de la actual PAC, en la que se pueden destacar dos escenarios. Primero, que de los 2.800 millones de euros que se pagan como Derechos de Básico, solamente el 0,43% de los 644.000 beneficiarios perciben el 10,4% de los recursos. Segundo, que en una misma región agronómica la diferencia entre el que menos cobra y el que percibe la ayuda más alta llegue a tener una diferencia de hasta 17 veces. El objetivo de Agricultura es que, en el futuro, por realizar la misma tarea, un agricultor cobre lo mismo que otro.
De cara a esos debates, en la próxima conferencia sectorial prevista para este mes de mayo las posiciones se hallan claramente divididas. De un lado están los menos, quienes plantean el mantenimiento de la situación actual en la distribución de los fondos con ligeras y progresivas modificaciones en el tiempo, con Andalucía como la cabeza más visible. De otro quienes reclaman un cambio más profundo de la situación actual encabezadas por Aragón y Castilla-La Mancha cuyos consejeros, Joaquín Olona y Francisco Martínez, acaban de suscribir un acuerdo en esa dirección al que se espera se sumen otras como La Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias o Castilla y León.
Ambos consejeros, y quienes se sumen a su iniciativa, son claramente partidarios de apostar por un cambio más en profundidad de la actual política con un abanico de propuestas entre las que destaca fijar un techo de ayudas y recortes para su redistribución básicamente entre los jóvenes y las explotaciones familiares viables. Asimismo solicitan condicionalidad social, más apoyo a las mujeres, una política de convergencia de ayudas total ya en 2023, una reducción de regiones, un mayor apoyo a las primeras hectáreas de una explotación, más ayuda a las cabañas ganaderas extensivas y, fundamentalmente, poner fin a los derechos históricos y al mercadeo que se lleva a cabo con ellos.
De cara a la aprobación de la nueva reforma en Bruselas ya se han cerrado prácticamente las grandes líneas a falta de aspectos más concretos en temas como techos de ayuda en los 100.000 euros, recortes en los pagos para redistribución a partir de los 60.000 euros, ecoesquemas, convergencia de ayudas o condicionalidad. A partir de esas grandes líneas, Agricultura contempla la posibilidad de aplicar el tope de ayuda en los 100.000 euros y la reducción de los pagos a partir de los 60.000 para redistribuir esos recortes entre las primeras hectáreas de las pequeñas y medianas explotaciones viables. Sin embargo, con esa medida solamente se lograría un bote de unos 100 millones de euros, cifra insignificante para aplicar esa política redistributiva, por lo que se plantea oficialmente que la redistribución afecte al 20% de los pagos directos por unos 1.000 millones de euros.
En su documento propuesta de hace un año a las comunidades autónomas, Agricultura planteaba poner fin a los pagos por derechos históricos en 2025, una vez lograda la convergencia de ayudas. En este momento, los planteamientos a futuro de mayor calado de Agricultura sobre la PAC a partir de 2022 se hallan solamente en fase de declaraciones o intenciones, pero sin que se hayan plasmado en cosas concretas. En ese limbo se hallan aspectos tan importantes como la reducción de las regiones del medio centenar a una docena o el número de hectáreas de una explotación con derecho a unos pagos superiores para asegurar su viabilidad.
De todo lo que hay pendiente sobre la mesa, prácticamente el único punto donde se ha posicionado claramente Agricultura con su publicación en el Boletín Oficial del Estado ha sido el referido a la convergencia de ayudas en una región para poner fin de forma progresiva en el plazo de tres años a las actuales diferencias en las ayudas por las que dos agricultores no solo no cobran lo mismo por ejercer la misma actividad, sino que sus diferencias pueden ser tan abismales como en el olivar, donde van desde 80 a más de 800 euros por hectárea. Objetivo de Atocha es que en 2020 el pago más bajo en una región no fuera inferior al 60% del pago medio, que en 2021 ese porcentaje sea del 70% y que llegue al 80% en 2022, objetivo que hoy parece estar en revisión en Atocha a raíz de las movilizaciones y protestas andaluzas.
Desde las posiciones más radicales contra la propuesta de convergencia se pide que la misma debería ser más lenta; desde la oposición más moderada, se echa en falta que esa convergencia no vaya ligada a otras medidas sobre redistribución de los pagos. Desde la otra orilla, convergencia total ya.
Con datos de 2019 Andalucía recibió el 27,6% de los pagos directos con 1.566 millones de euros frente al 16% de Castilla y León, al 13% de Castilla La Mancha, al 8% de Aragón o al 0,7% de Rioja.