El Ayuntamiento es una de las principales empresas de la ciudad con una plantilla de 330 empleados entre funcionarios y personal laboral. A esta cifra hay que sumar los trabajadores vinculados al Acuerdo Marco de Servicios Sociales, la escuela taller o los contratados temporalmente dentro de los programas del Ecyl para reforzar algunos puestos en épocas concretas. En total, son casi cuatrocientas nóminas mensuales que suponen un desembolso de 17 millones de euros para las arcas municipales, casi la mitad del presupuesto de la ciudad.
Las restricciones impuestas desde hace años a las administraciones locales para contratar personal, dificultan la puesta en marcha de nuevos servicios y en ocasiones, hasta seguir prestando los ya existentes a medida que hay jubilaciones, ya que la ley únicamente permite reponer todas las vacantes en los cuerpos de Policía y Bomberos. Entre las alternativas para sortear esa traba legal está la de cubrir las plazas con interinos, es decir, trabajadores que desempeñan las mismas tareas que un funcionario pero que no tienen la plaza en propiedad ya que no han superado unas oposiciones.
Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con un 20% de la plantilla bajo esta fórmula, una cifra que ha ido creciendo ya que el pasado ejercicio se situaba varios puntos por debajo. Además un alto porcentaje de los mismos llevan más de una década. «La prioridad ha sido no perder puestos de trabajo para no perder servicios», explica la concejala de Personal, Laura Torres, quien defiende esta fórmula, puesto que se destaca que gracias a los interinos se ha logrado mantener una plantilla estable, algo que no hubiera sido posible si se sacaban a concurso las plazas que iban quedando vacantes por las tasas de reposición existentes.
Sin embargo, los sindicatos consideran que la contratación de interinos, que puede servir en un momento puntual dentro del funcionamiento de la administración local, no puede tomarse como habitual dentro de la política de Personal. En su opinión, se abusa de esta figura y lamentan que dentro de la administración local se recurra a la contratación temporal para suplir necesidades que consideran son «permanentes y estructurales». Motivos por los que se sigue demandando que se haga una Oferta de Empleo Pública para rebajar el 20% de temporalidad existente.
Además se apunta que en muchas ocasiones se les dan atribuciones que deberían cumplirse por parte de los funcionarios. Una crítica en la que hay que tener en cuenta, como se destaca por parte de los sindicatos, que las personas que tienen su plaza en propiedad tienen una mayor capacidad para negarse o cuestionarse algunos procedimientos evitando presiones. Una protección que no se tiene por parte de los interinos que no dejan de ocupar un puesto temporal.
Esto se repite por parte de IU, formación que señala la «precariedad» de este 20% de empleados por el Ayuntamiento. También critican que desempeñan funciones que por ley están «destinadas al personal funcionario puesto que tienen unos mínimos de garantías por tener más objetividad e imparcialidad». Además, IU denuncia que cumplen labores como «la potestad de expropiación, la recaudadora o la de fe pública». Una situación que el concejal Guillermo Ubieto lamenta que «es un incumplimiento flagrante de la ley».