A partir del 1 de enero de 2020, una vez adoptados los oportunos ajustes en la ordenanza fiscal, los mayores de 65 años podrán viajar gratis en los autobuses urbanos, tras el acuerdo alcanzado el pasado lunes en el pleno municipal con el respaldo del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. La iniciativa, que ha desatado alabanzas y críticas por igual, es de gran calado y abre un debate sobre las desigualdades que se pueden generar cuando la edad del usuario es la que marca los precios de los servicios. De entrada, 2 de cada 10 burgaleses han nacido antes de 1954 y su número crece exponencialmente a medida que envejece la población, se desploma la natalidad y los jóvenes optan por emigrar buscando estudios y trabajos en otras provincias más prósperas.
El PP, impulsor de esta iniciativa, estima en 38.700 vecinos los que verán facilitada su movilidad con el autobús gratuito, el 22% del censo municipal. Actualmente, un jubilado con tarjeta bonificada paga 0,12 euros por viaje, aunque siempre que su pensión no supere los 15.000 euros/año, límite que ahora desaparece igualando a mayores que pueden percibir desde 100 a 2.600 euros al mes.
El pasado ejercicio, los mayores realizaron 1,7 millones de pasajes, lo que supone algo más de 206.400 euros de recaudación.
Parece claro, como defienden los populares, que la presión sobre las cuentas de este servicio municipal no será insostenible con la gratuidad total a los 65 y que los usuarios de Autobuses van a aumentar. Surgirán nuevos clientes que opten por dejar el coche en el garaje y se olviden de él cuando acuden al centro histórico. La ciudad será, quizá, un poco más amable, estará menos transitada y menos contaminada y un nutrido grupo de votantes -para ser exactos, 83.557 en datos del padrón provincial a 1 de enero de 2018- se pueden sentir más proclives a agradecer en las urnas este tipo de gestos de cara a la galería de la jubilación, máxime cuando es extendida la idea de que en España no hay pensiones dignas y muchos pensionistas rozan el umbral de la pobreza.
tramos de cuantía. El análisis de la cuantía de las pensiones, algo que los críticos dicen que no se ha tenido en cuenta a la hora de adoptar esta medida, pone en cuestión la proporcionalidad de la gratuidad total en una sociedad tan diversa como la actual y en un sistema público de pensiones tan deficitario como el que soportamos. Y basta con analizar las propias estadísticas de la Seguridad Social.
De entrada, los números confirman que no solo aumenta el número de jubilados en Burgos (ya se superan los 61.200) sino que, y esto es importante, la cuantía de las pensiones de jubilación también, y de una manera extraordinaria. La pensión media hace tiempo que ha superado los 1.000 euros (concretamente los 1.196 en septiembre) y que se sitúa por encima de los registros nacionales (1.140).
Actualmente, más de 9.800 mayores de 65 años han generado una carrera de cotización a lo largo de su vida laboral que les permite percibir más de 2.000 euros al mes. Son los ‘hijos’ de la industria local, profesionales y personal público de alta cualificación, entre otros. La cifra aumenta hasta los 23.400 beneficiarios si el límite mínimo de la paga mensual se establece en 1.196 euros de importe medio de la pensión de jubilación.
Es decir, casi 3 de cada 10 jubilados tienen unos ingresos mensuales que en muchos casos duplican a los que percibe de salario un joven que están entrando en el mercado laboral. Entre los 18 y los 30 años, el Salario Mínimo Interprofesional, los 900 euros al mes, es muchas veces una meta a alcanzar en mitad de una temporalidad que afecta al 95% de los contratos, la mayor parte de ellos de menos de un mes de duración. Esta es la realidad.
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