Se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 30 de septiembre, pero ha pasado tan desapercibido como si hubiera salido el 14 de agosto. Una orden del Ministerio de Hacienda, "por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", establece las condiciones que las administraciones deberán cumplir para poder optar a los esperados fondos europeos.

Entre ellas viene una ingrata sorpresa para los ayuntamientos, porque supondrá más carga de trabajo para unas administraciones que suelen estar infrafinanciadas, y que en la inmensa mayoría de la provincia no cuentan con personal propio para su gestión.

Se trata de la exigencia de lo que se denomina como "Plan Antifraude" para todas "toda entidad, decisora o ejecutora", que participe en el reparto de los dineros de Bruselas. Y según anunciaba la convocatoria debería estar listo en un plazo máximo de 90 días contados a partir de su anuncio. Es decir, antes de que acabe el año.

El objetivo es que cada administración pueda "garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses".

Según las directivas europeas, la definición de fraude vinculada a los gastos públicos implica "el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión" o bien "el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión".

Para ello hay un listado de requisitos mareantes. Deberán estructurar las medidas antifraude "de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado 'ciclo antifraude': prevención, detección, corrección y persecución".

Tienen que prever "una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal". También definir medidas preventivas para reducir los riesgos, prever señales de alerta, establecer mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude, establecer un seguimiento de casos sospechosos y la recuperación de lo que se gaste indebidamente o la corrección de conflictos de intereses.

Hasta la fiscalía. Además de la prevención, tienen que definir supuestos de detección efectiva de esos fraudes mediante la suspensión del procedimiento, su notificación, la comunicación a las autoridades interesadas e incluso la denuncia a las autoridades públicas, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y hasta la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Todo ello sin perjuicio de los correspondientes expedientes disciplinarios, la depuración de responsabilidades internas y, si procede, la denuncia al Ministerio Fiscal, por supuesto devolviendo el dinero del proyecto o la parte del proyecto afectada por un fraude.

Ante semejantes exigencias, gran parte de los municipios no son conscientes, a día de hoy, de que tendrán que ponerse las pilas de aquí al 31 de diciembre. Otros, entre los que se encuentran los grandes, se van enterando poco a poco. Algunos, incluso, tras la advertencia de este periódico.

En Burgos capital, ni el alcalde ni el vicealcalde sabían nada de estas medidas anticorrupción tal y como reconoce este último, Vicente Marañón, que trasladó la consulta a los técnicos de la sociedad municipal Promueve. Desde este organismo explican que "la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda va a poner en marcha un sistema informático de gestión que comprenda todos los flujos de información de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

A partir de ahí, a las entidades locales les espera un proceso complejo. A través de la mencionada Secretaría, "deberán certificar el resultado que recoja el sistema de gestión derivado de la información administrativa y contable del Subproyecto ejecutado por cada área y concejalía". Porque al final se trata de elaborar un seguimiento y cumplimiento de los objetivos del proyecto europeo que corresponda.

La tarea tiene también implicaciones informáticas, por lo que el área municipal correspondiente también ha sido advertido al respecto. Y problemas parecidos van a tener todos los ayuntamientos de España que aspiren a los fondos. Con la diferencia de que en la provincia de Burgos ninguno cuenta con los medios técnicos y económicos de la capital.

Tampoco en la FEMP. El desconcierto de los ayuntamientos burgaleses se extiende también a la Diputación, donde están estudiando quién debería concretar estos planes, al ámbito regional e incluso al nacional. Desde la Federación Regional de Municipios y Provincias aseguran que, a día de hoy, no han recibido ni una sola consulta sobre los Planes Antifraude y remiten a la Federación Española (FEMP), donde se centraliza la gestión e información.

Preguntada al respecto, en la FEMP relatan que "las consultas recibidas hasta ahora son muy variadas y afectan a todo el ámbito de la gestión de fondos, tanto el normativo como el relacionado con convocatorias, contratación o procedimientos". En su web tienen un apartado de preguntas frecuentes, pero no hay ni rastro del sorprendente Plan Antifraude que han exigido las autoridades europeas.

Autoevaluación sobre obsequios y ética pública. La densa y compleja orden ministerial que regula la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia intenta facilitar la homogeneización de los criterios de las administraciones en la pretendida lucha contra la corrupción.

Para ello, de manera que los propios ayuntamientos puedan autoevaluarse en un "estándar mínimo", como lo define expresamente, incorpora un test sobre "conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción" con 16 preguntas y su correspondiente valoración dependiendo de las respuestas.

Pregunta entre otras cosas por la existencia del propio plan de medidas, los niveles de ejecución de las obras o servicios para los que se reciban los fondos europeos o si hay una declaración "al más alto nivel" de compromiso de lucha contra el fraude.

Además, interroga sobre la existencia o no de un código ético y una "política de obsequios", una "formación que promueva la ética pública", señales de alerta que pueda detectar el personal de la administración, la retirada de proyectos afectados por fraude o la denuncia a las autoridades estatales o europeas, fiscalía y tribunales.