Antes de que el coronavirus hiciera temblar los cimientos de la banca española, que ve cómo el mercado bursátil cae por el miedo a esta crisis sanitaria, dos sentencias ya hacían prever un nuevo golpe en forma de aluvión de litigios. Primero fue la del Tribunal de Justicia europeo quien decidió que fueran los jueces españoles los que decidieran anular el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH) si consideraban que se había aplicado de una manera abusiva. Un día después, el Supremo abría la veda a las reclamaciones por los intereses que soportan algunos clientes por las llamadas tarjetas ‘revolving’ (de pago aplazado), ya que entendía que incumplía la Ley de Usura. En el caso de Burgos, se prevé un aumento de las demandas en los próximos meses, más por el segundo de los asuntos que por el primero, que está más sujeto a la opinión de los magistrados.  

Ya el pasado año, el Juzgado de Primera Instancia 4, encargado de los asuntos bancarios desde mediados de 2017, notó un incremento de los asuntos una vez que el Tribunal Supremo fijó cómo debían repartirse los gastos hipotecarios entre el cliente y el banco, sobre todo en el primer trimestre, cuando llegaron a duplicarse. Tras esa avalancha inicial, las reclamaciones menguaron, aunque según los datos de la memoria del Decanato, ingresó 2.315 procedimientos, 209 más que el ejercicio anterior, o lo que es lo mismo, supuso un incremento del 10%. 

Este juzgado especializado funciona bastante bien a pesar del aumento de reclamaciones de este último año, según sostienen abogados que centran su actividad en el ámbito bancario. Óscar Molinuevo señala que en Madrid llegan a tardar 6 meses hasta que admiten a trámite un procedimiento, mientras que en Burgos es inmediato. «En poco más de medio año, puedes incluso llegar a tener la sentencia», defiende. 
Por otro lado, este nuevo aumento que se prevé para los próximos meses tampoco tiene por qué suponer un colapso. Y es que las reclamaciones por el IRPH están sujetas a la opinión de cada juez y los clientes no tienen la seguridad absoluta de que pueden ganar a la banca. En cuanto a las  ‘revolving’, las demandas se dividirán en los diferentes juzgados de primera instancia, pues el de asuntos bancarios está más dirigido a temas hipotecario y multidivisa.

Es en el caso de las tarjetas de pago aplazado donde se espera el mayor aluvión de demandas. «Una vez que marca el Supremo el camino se abre la veda», sostiene Molinuevo, ya que la sentencia que consideraba usura el producto ofrecido por WiZink contemplaba que, a pesar de que en este caso los intereses fijados estaban en el 27%, ya se debe considerar abusivo si superan el 20%, algo que, recalca este letrado, «comercializan la mayoría de los bancos». 
Otra abogada, Beatriz Monasterio, reconoce que incluso antes de que saliera el fallo del Tribunal Supremo habían trabajado en asuntos relacionados con las ‘revolving’. Eso sí, en todos los casos era la entidad financiera la que denunciaba al cliente por impago de las cantidades adeudadas. «Hemos tenido tres o cuatro y en todas ellas el juez ha considerado que eran abusivas», explica. La novedad a partir de ahora es que, a los asuntos ya iniciados por los propios bancos, y que en ocasiones estaban en trámite a la espera de una decisión que sentara jurisprudencia, se le van a añadir los cientos de pleitos que en esta ocasión comenzarán los usuarios. 

Monasterio vaticina que en la cuestión del IRPH no va haber ninguna avalancha porque en Burgos no se comercializaba con frecuencia préstamos de este tipo. Óscar Molinuevo también se posiciona en esta línea, no sólo por esa circunstancia, sino porque las reclamaciones «se han limitado mucho en el tiempo y solo se pueden denunciar las hipotecas suscritas antes de 2013». Además, considera que «no va a ser tan fácil como en otro tipo de procedimientos demostrar una falta de transparencia del banco». No obstante, muchas se están agarrando al hecho de que las entidades solían ocultar un informe sobre la comparación de este índice con el Euríbor.