Las estudiosas del feminismo lo saben muy bien. Cuando este movimiento social y teoría política -que tiene más de tres siglos de historia, una genealogía propia, diversas corrientes y un solvente corpus doctrinal- demuestra su poder o consigue algunos de sus objetivos, inmediatamente después se sucede un movimiento que pretende frenar sus avances. Por eso a las activistas de los diferentes colectivos no les extraña, aunque les duela, todo lo que está ocurriendo desde que España fuera un ejemplo para todo el mundo en los años 2018 y 2019 llenando las calles de mujeres que se cansaron de ser maltratadas, violentadas y ninguneadas. Como se recordará, la violación grupal de una joven en los Sanfermines fue uno de los pistoletazos de salida de un hartazgo que no se podía contener por más tiempo, el provocado por la violencia sexual que en mayor o menor intensidad han sufrido casi todas las mujeres. Así que comenzaron a salir a las calles a exigir respeto, leyes que las protegieran más y plena igualdad. Y el feminismo se hizo popular, ya no se negaba su sitio en el mundo, ocupaba espacio en los medios, mujeres de toda clase y condición se declaraban feministas sin miedo y hasta, en el colmo de lo popular, se creó un abultado merchandising de color morado al que se apuntaron todas las marcas.
En semejante punto álgido se encontraba este país con respecto al avance de los derechos de las mujeres cuando llegó la pandemia por el coronavirus, que puso en evidencia la realidad de que los cuidados siguen mayoritariamente en manos femeninas y precarias, y cuya crisis económica y social asociada tiene como principales víctimas a las mujeres, que han alcanzado cifras de desempleo elevadísimas.
Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos) comenzaba a dar los primeros pasos para la aprobación de la denominada Ley Trans, que ha sido considerada un torpedo en toda la línea de flotación por parte del feminismo radical, que la considera profundamente acientífica y con unas consecuencias brutales para las propias personas transexuales, para gays y lesbianas, para los menores y para las mujeres, a las que pretende borrar de los espacios públicos, ayudada por la implantación de un neolenguaje en el que están proscritas palabras como mujer, madre, embarazo o menstruación.
La normativa bebe de la denominada teoría queer, que -simplificando mucho- niega la existencia del sexo biológico. Esta ley, que ha supuesto un importante enfrentamiento entre Montero y la vicepresidenta Carmen Calvo- pretende implantar la autodeterminación de género, es decir, que cualquier persona se pueda registrar como hombre o mujer con su única voluntad, sin aportar documento ni prueba de ningún tipo que acredite cambio alguno. El mismo texto, abre la posibilidad para que los menores accedan a cirugías y hormonación de por vida, en algunos casos sin permiso de los padres. De momento, la norma está parada.
Como una especie de símbolo de este borrado de las mujeres que pretende la ley, la semana pasada apareció en la calle Santa Águeda completamente pintarrajeada la placa en la que se recuerda que allí fue asesinada Josefa Bellido, una de las primeras víctimas de violencia machista en Burgos desde que en el año 2003 se empezaron a contabilizar. Para Laura Pérez, presidenta de La Rueda, es un acto vandálico que pretende hacer desaparecer la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo: «Esta placa es un símbolo contra esa violencia por parte de la ciudad de Burgos y no es la primera vez que vienen ex profeso a tachar su mensaje con ese objetivo».
Con respecto a la Ley Trans, Pérez considera que es «una reacción frente a la vindicación y consecución de algunos derechos, para que las mujeres no lleguemos mucho más allá de lo que el patriarcado quiere»: «Nos encontramos con que ahora se nos quiere borrar a base de sentimientos y que con la mera palabra un hombre ‘pueda ser’ una mujer. Esto a lo que lleva es a que si cualquiera puede ser mujer la opresión acaba desapareciendo, pero sobre el papel, que no sobre la realidad. El proyecto de ley invisibiliza la violencia machista y, entre otras cosas, la inclusión de las mujeres en una categoría propia en el deporte, que desaparecerá solo con que cualquiera diga que es mujer, independientemente de su biología». Este asunto se ha incorporado a la agenda de La Rueda, donde sigue estando la lucha por los derechos sexuales y reproductivos «que en Burgos siguen sin respetarse ya que el HUBU no realiza los abortos contemplados por la ley obligando a las mujeres a trasladarse a otra provincia y seguimos sin saber detalles de la objeción de conciencia pese a que los pedimos hace más de un año», su posición contra los vientres de alquiler y su crítica a cómo la crisis de la covid-19 ha recaído con más rigor en los hombros de las mujeres con la conciliación «a veces imposible» entre el teletrabajo y los cuidados de los hijos: «Se ha visto más que nunca la brecha de género en esta pandemia porque se ha demostrado que somos esenciales pero somos más precarias y más invisibles».
Silvia Adrián, del Colectivo 8 de Marzo, afirma que a pesar de volver a tenerlo todo en contra, el feminismo no se da por vencido: «Hay que seguir luchando por los derechos que creíamos conquistados porque pueden desaparecer». Estas dos asociaciones y la Coordinadora Feminista no han convocado manifestaciones para este día por una cuestión de responsabilidad con la salud pública aunque reflexionan sobre el hecho de que estos actos son los únicos que se han criminalizado desde que comenzó la pandemia.