El sector empresarial especializado en los cuidados a domicilio de ancianos y dependientes vive un momento dulce y a la vez de contrastes: por un lado, se siente como el "gran olvidado" dentro de los servicios esenciales activos durante la crisis sanitaria y, por otro, su volumen de trabajo y de contratación se ha duplicado en los últimos meses y tiene visos de seguir creciendo en un futuro marcado por el cuidado de la salud.

El confinamiento extremo de los ancianos en sus hogares, la crítica situación en muchas residencias, las limitaciones en los centros de día y los problemas de desplazamiento, disponibilidad y acceso de las familias han llevado a muchas de estas a recurrir al servicio de personal interno.

En Burgos hay cuatro empresas con oficina en la ciudad especializadas en prestar este tipo de atención a domicilio. A ellas se suma toda la oferta de portales digitales que ha proliferado en los últimos tiempos al calor de la covid-19, aunque en el sector se pone en duda su eficacia, pues a la hora de introducir una cuidadora en un hogar familiar con ancianos se busca conocer en persona a la profesional y tener las máximas referencias, pues va a protagonizar una convivencia intensa y compleja, desde la noche del domingo a la mañana del sábado. "La página web no ofrecen estas garantías...".

Una de estas empresas especializadas es Cuidamos, con 10 años de trayectoria en Burgos, Soria y Palencia. Su medio centenar de cuidadoras en plantilla ha trabajado todos los días desde el arranque de la pandemia "pues nuestro cliente son las personas más vulnerables -mayores, dependientes con problemas respiratorios o de movilidad- y ellos necesitan vestirse, asearse, comer, medicarse y que les atiendan en las labores domésticas...". De hecho, explica su directora, Silvia Caballero, "nos hemos convertido en el único contacto con el exterior y su único cariño en muchas ocasiones".

Eso ha exigido un cuidado extremo de la salud de las cuidadoras, anticipándose incluso a las medidas de protección que se han ido implantando a lo largo de los últimos meses, desde los controles de temperatura hasta los confinamientos voluntarios con los mayores.

Contratación. La carga de trabajo en los últimos seis meses ha sido desigual. La declaración del estado de alarma y el confinamiento supuso un desplome de la contratación de servicios por horas, centrados en el acompañamiento de los enfermos en su estancia en el hospital (ahora sí se permite, aunque con permiso médico) o durante sus paseos diarios.

Por contra, la demanda de personal interno en los domicilios ha llegado a crecimiento a un ritmo de entre el 50% y el 75% con respecto a un periodo normal y ha consolidado a un sector cuya implantación no ha sido fácil por la enorme presión de la competencia desleal y el empleo sumergido en el que opera.

La demanda de cuidadoras privadas ha venido principalmente de familias de trabajadores esenciales (personal sanitario, empleados de supermercados, por ejemplo), de personas que se ha visto afectadas por la covid-19 y no puede tener contacto con sus seres queridos, o de familias que se apoyaban en los servicios de los centros de día, cerrados durante el periodo de confinamiento. La pandemia ha generado una casuística muy variada.

Inmigrantes. La mayoría del personal interno contratado son mujeres inmigrantes que han recibido formación sociosanitaria a través de Cruz Roja o instituciones como Atalaya. Además de conocimientos en el cuidado de personas mayores y dependientes, deben dominar perfectamente el castellano hablado y escrito, la gastronomía local y, antes de ser contratadas, deben certificar la ausencia de antecedentes penales para trasladar la máxima confianza a quienes serán ‘sus familias’.

Su semana laboral comienza la noche del domingo y termina el sábado por la mañana. Deben disponer de su propia habitación y cuentan con dos horas de descanso diarias al margen de las destinadas a las comidas.

El coste de estos servicios depende del número de atendidos en cada hogar y del grado de dependencia que presenten los mismos, aunque ronda los 1.500 euros al mes por persona. El trabajador tiene cubiertas sus contingencias comunes y profesionales porque cotiza a la Seguridad Social en el régimen del hogar y está bajo el amparo de una empresa.

"Muchos ancianos se han confinado con las internas durante estos meses para evitar riesgos, incluso en el mundo rural, donde cada vez son más habituales este tipo de servicios", explica Caballero, que se muestra muy orgullosa de la dedicación extra que ha desplegado su equipo de cuidadoras durante la etapa tan dura que estamos viviendo.

Si algo bueno ha tenido la crisis del coronavirus, ha sido el que ha aclarado el panorama de trabajo sumergido en el que se movía este tipo de servicios personales. "Hay familias que han prescindido de las cuidadoras en ‘b’ ante la falta de garantías sanitarias y éstas trabajadoras se han quedado sin trabajo y sin derecho a nada. Otras familias han visto como la cuidadora caída de baja y quedaban totalmente desamparadas".