La Junta de Castilla y León ha recaudado más de 161 millones de euros de las familias burgalesas en concepto de impuesto de sucesiones y donaciones a lo largo del último lustro, el 17,8% de los 905 millones obtenidos en  la Comunidad. En el último ejercicio fiscal, del 2018, fueron 34 millones de euros. Son unos ingresos a los que renunciará la Administración regional si finalmente se hace realidad el compromiso electoral de Alfonso Fernández Mañueco de la supresión (bonificación del 99%) de esta carga fiscal entre familiares directos, lo que aliviaría no pocos conflictos domésticos que genera e incentivará que los hijos hereden en vida.

Este impuesto, que grava todas las herencias, legados y donaciones, ha vuelto a la palestra política regional en los últimos días, especialmente tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de rebajar sus tributos y apretar aún más la  competencia fiscal con comunidades limítrofes como Castilla y León. Carlos Fernández Carriedo y Jesús Julio Carnero, consejeros de Economía y Agricultura, respectivamente, ya han anunciado en las Cortes regionales una bonificación del 99% entre familiares directos, aunque enmarcándolo especialmente en el mundo rural.  

Para rubricar estos anuncios, el presidente de la Junta avanzó el pasado jueves que esta semana arrancará la modificación de la normativa tributaria, lo que supondrá la práctica eliminación de un impuesto impopular (pues grava algo tan sensible como las herencias) y la equiparación de las condiciones del mismo a lo que ya se está dando en comunidades vecinas como Madrid o el País Vasco. Sobre los plazos para la aplicación de estas novedades fiscales, Fernández Mañueco avanzó un «cuanto antes...».  

Advertir que la bonificación del 99% ya fue contemplada por la normativa fiscal regional, aunque se dejó de aplicar desde el 1 de enero de 2013 por una decisión política, como la que ahora recupera este incentivo para el contribuyente.

Esta fiscalidad autonómica afecta a una media de 5.700 contribuyentes burgaleses cada año (hijos, padres y cónyuges), teniendo como referencia los 4.479 declaraciones de impuesto se sucesiones y las 1.279 del de donaciones que tuvieron entrada en la Junta en Burgos durante el ejercicio fiscal de 2018.  

La gran mayoría de estos contribuyentes no paga un euro, pues los primeros 400.000 euros de lo heredado están exentos de tributación en Castilla y León y, por lo tanto, hay muchas herencias con cuota cero. Sin embargo, hay casos en los que se supera este límite, por lo general, cuando hay patrimonio inmobiliario de por medio (pisos, fincas...). Los contribuyentes se enfrentan entonces a gravámenes de pueden oscilar entre el 7,65% y el 34% de lo heredado, lo que supone un desembolso de varios ceros.

Los ingresos de la Junta por este impuesto no han dejado de crecer  en los últimos años. Como referencia, según los datos que maneja la Consejería de Economía y Hacienda, en 2010 se recaudaron 20,5 millones en este capítulo fiscal en Burgos, casi 15 menos de los que se obtuvieron el último año.

La recaudación por sucesiones y donaciones está muy por encima de la de patrimonio (5,3 millones  en 2018) aunque aún queda lejos de la proveniente del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos (52,7 millones).

liquidez. El problema más habitual al que se enfrentan los asesores fiscales es cuando no hay liquidez en las familias para pagar en un plazo de 6 meses lo que reclama Hacienda. «Es habitual el caso de un piso que supone un pago de 15.000 o 20.000 euros y que pone al heredero en la tesitura de intentar vender el inmueble o renunciar a la herencia», explica Emiliano Rodríguez del Olmo, director del Área Fiscal de Valora ETL Global.

Así, en los últimos cinco años, en Burgos se han tramitado 758 renuncias, lo que supone un incremento del 30% y que, más que a la incidencia del impuesto, los notarios consideran obedece a la devaluación del valor de las propiedades con la crisis y a que muchas de ellas llevan aparejada una deuda que repercutirá sobre el patrimonio de los herederos.

Además de límite exento hasta los 400.000 euros, en Castilla y León también están en vigor bonificaciones por adquisición de explotaciones agrarias, de empresas familiares o participaciones en las mismas, o por causas familiares de diferente índole. «Son los casos menos comunes, que no mitigan la competencia fiscal que ejercen Madrid y País Vasco, que tiran para abajo en sus impuestos para disgusto de las comunidades limítrofes», detalla Rodríguez del Olmo.

Madrid tiene bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones un 99%, es decir, solo se paga el 1%, sean de gran o pequeño importe las herencias. «Hay familias que valoran este supuesto y que buscan, si pueden, empadronarse en la capital de España o en Bilbao buscando beneficios fiscales». Ante esta tesitura, el experto fiscal aboga porque el impuesto que se paga en Castilla y León se iguale en condiciones a Madrid o País Vasco, «lo que elimina el deseo de muchos de trasladar su domicilio fiscal».