«Asumo presentarles los resultados del referéndum, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta un Estado independiente en forma de república. Las urnas, el único lenguaje que entendemos, dicen sí a la independencia y este es el camino que estoy dispuesto a transitar». Con estas palabras, Carles Puigdemont Casamajó hacía felices a unos cuantos millones de catalanes el 27 de octubre de 2017, justo cuando era presidente de la Generalitat. Ocho segundos después, con la mayor naturalidad del mundo, añadió:«Proponemos suspender durante unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo». Ni qué decir tiene que ese jarro de agua congelada provocó la hilaridad de muchos.
Yes que la fiesta estaba preparada en la Plaza de Sant Jaume, todo un símbolo en Barcelona y la región, y parecía que un gironés iba a hacer Historia. El recinto, a rebosar, con más de 17.000 personas y una pantalla de televisión gigante para mayor gloria del independentismo.
Del júbilo se pasó a la indignación, de la euforia a los pitos. Rabia, mucha rabia. Solo así se podía describir lo que se vivió allí porque ese «Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social» se diluyó como un azucarillo en ocho segundos. Ese fue el tiempo que Cataluña se independendizó de España. Obviamente, ningún país lo reconoció. La Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue un auténtico esperpento.
La resolución fue firmada el 10 de octubre de 2017 por la mayoría secesionista del Parlamento regional, en ausencia del resto de fuerzas políticas (70 votos a favor, dos en blanco y 10 en contra mientras los 53 parlamentarios de Cs, PP y PSCse marchaban), tras la victoria del sí en el referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) y que, finalmente, fue declarado inconstitucional.
El 11 de octubre, el Gobierno central hizo un requerimiento al president Puigdemont para que aclarase si efectivamente había declarado la independencia, como paso previo a la intervención estatal de la autonomía según el artículo 155 de la Constitución. También hizo una oferta -consensuada con el PSOE- para revaluar la situación de Cataluña en España y reformar en caso necesario la Constitución.
Dos plazos
El requerimiento del Gabinete de Rajoy constaba de dos plazos límite, uno hasta el 16 de octubre en el que debería aclarar con un simple Sí o No si había declarado él o alguna autoridad catalana la independencia de Cataluña y otro plazo de tres días más, hasta el 19 de octubre, para rectificar su actitud en caso de que no respondiese al requerimiento o la respuesta fuese afirmativa. Cumplido el primer plazo, el jefe de la Generalitat respondió al requerimiento de una forma ambigua, sin dejar claro si había o no declarado la independencia, por lo que el Gobierno activó el segundo plazo del requerimiento. En su nueva respuesta, el exalcalde advirtió que si el Gobierno aplicaba el artículo 155 de la Constitución, el Parlamento votaría la independencia. La Moncloa consideró que la respuesta no era la que se la había pedido y la consideró, además, una amenaza, por lo que anunció que continuaría con la aplicación del 155. Pero parecía que no le creían, que no iba a llegar tan lejos. Tan lejos como los separatistas. El choque de trenes era cuestión de tiempo. ?
De nada sirvieron los consejos de los integrantes de los servicios jurídicos de la institución, que avisaban que se estaba vulnerando la Carta Magna y eso era constitutivo de delito. La presidenta del Parlament en ese momento, Carme Forcadell, hizo oídos sordos y siguió adelante. Ahora se encuentra en la cárcel de El Catllar (Tarragona) y lleva en prisión desde el 23 de marzo de 2018.
La declaración disponía la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y el inicio del «proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante».?El Constitucional suspendió la DUI el 31 de octubre de 2017 y dictó su inconstitucionalidad el 8 de noviembre del mismo año, al afirmar que vulneraba los artículos 23 de la Constitución Española y el 29.1 del Estatuto de la autonomía catalana.
Pero lo que los independentistas no se esperaban era que el Ejecutivo de Rajoy iba a recoger el guante de lo que muchos vieron como un golpe de Estado. Desde las 20,26 horas del 27 de octubre de 2017 (la DUI se emitió sobre las 19,30) hasta las 12,41 horas del 2 de junio de 2018 estuvo en vigor la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, que suspendió la autonomía del Ejecutivo regional. ?
Muchos (uno, el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo) critican al expresidente de haber llevado a cabo un 155 «muy light» y que dejó pasar muy poco tiempo para que se celebraran elecciones autonómicas, el 21 de diciembre. Esto último fue una exigencia de Ciudadanos, que según todas las encuestas iba a ganar como así fue. El partido naranja y sobre todo su líder en la región, Inés Arrimadas, había sido capaz de aglutinar las sensibilidades de muchos españoles que se sentían huérfanos en Cataluña.
Ahora, tres años después, muchas cosas han cambiado. El hombre que leyó aquella surrealista declaración es un prófugo de la Justicia que reside en Bruselas y que ha manejado los hilos de la Generalitat hasta que su sucesor (elegido a dedo), Quim Torra, fue inhabilitado recientemente.
Otro de los protagonistas de aquellos días tristes para la Historia de España, Mariano Rajoy, fue desalojado del poder, con votos de los bloques separatistas (curiosa paradoja), en junio de 2018 por una moción de censura de Pedro Sánchez, que precisamente respaldó al gallego para que pusiera en marcha el 155 y cesara a todo el Govern, algunos de cuyos integrantes (seis) están en la cárcel (o fuera de España; cuatro) y que, muy posiblemente, sean indultados más pronto que tarde.
La situación en Cataluña, más dividida que nunca, es incierta, y no parece que las aguas se vayan a calmar (más bien al contrario)a mediados de febrero, cuando haya elecciones.