Carriedo pide un "pacto de futuro" a las Cortes

SPC
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El consejero de Economía y Hacienda exige para las autonomías la mayor parte del margen económico de la UE y del déficit y un reparto de los 16.000 millones conforme al impacto de la covid-19

Carlos Fernández Carriedo. - Foto: Ical

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, exigió hoy al Gobierno que la mayor parte del margen económico logrado en la UE se dirija a las autonomías así como el grueso del aumento del déficit y un reparto de los 16.000 millones anunciados ayer en función del impacto del coronavirus. 

Carriedo compareció hoy ante la Comisión de Hacienda de las Cortes, donde se marcó como objetivos ante la crisis sanitaria que la recesión que provoque “sea menos profunda” en Castilla y León que en España, para poder iniciar la recuperación desde “bases más sólidas”; lograr una tasa de paro “inferior a la media española” y que la deuda pública de la Comunidad “se mantenga por debajo de la media para “tener mayores disponibilidades financieras”.

Fernández Carriedo pidió el apoyo de la cámara para lograr estos objetivos, con un "pacto de futuro", como el que ofreció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque "quieren poner en marcha medidas" pero "no lo queremos hacer solos", dijo, para asumir que están dispuestos a "cesiones u renuncias" para lograrlo. 

El consejero advirtió de que la falta de actividad económica ha afectado “gravemente tanto al volumen como a la inmediatez de los ingresos” y ha traído consigo “una destrucción de empleo de una intensidad que nunca se había experimentado en la economía contemporánea”. Al respecto, vaticinó en declaraciones recogidas po Ical que la crisis “va a ser más profunda en los efectos a corto plazo que los que provocó la crisis financiera iniciada en 2008” y comentó que “aún falta por determinar el período de recuperación de nuestra economía para paliar sus efectos devastadores, tanto en la actividad como en el empleo”.

Exigencias a la ministra

Carlos Fernández Carriedo explicó que esta tarde trasladará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los 16.000 millones de euros anunciados para el conjunto de las autonomías por el Gobierno, “además de ser adicionales a los que ya nos corresponden, se repartan en función del impacto acumulado de la enfermedad en cada comunidad”.

Carriedo incidió en que en esta nueva situación de emergencia, el Estado debe garantizar a las comunidades la suficiencia financiera” y desde esta perspectiva, “se hace imprescindible” el establecimiento de un fondo no reembolsable adicional, para financiar el gasto en que hayan incurrido las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis del Covid-19. “Estamos solicitando al Gobierno con los mismos criterios que éste a su vez está solicitando a la Unión Europea”, dijo.

Al respecto, trasladó la “disposición” de la Junta “a justificar las aportaciones de este fondo, mediante el contenido detallado de todos los gastos asociados al Covid que ya está asumiendo nuestra Comunidad”.

Asimismo, el consejero reiteró que la mayor parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea se debe dirigir hacia las comunidades, que “asumen las principales competencias sociales y el gasto”. “La mayor parte de lo que se pueda obtener en este proceso de negociación con la UE debe transferirse a las comunidades autónomas, por cuanto estamos asumiendo el mayor coste de la crisis sanitaria”, dijo.

En tercer lugar, reclamó la definición de un nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda, acorde a las nuevas circunstancias. Al respecto, defendió que “la mayor parte de los nuevos recursos deberían dirigirse a las comunidades autónomas, que en España son las administraciones que tienen asumidas las competencias en Sanidad”.

“Somos conscientes que el escenario de estabilidad que se había aprobado para el conjunto de España no resulta realista en estos momentos. Pero su modificación debe realizarse por una asignación equilibrada entre el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con los nuevos gastos a asumir por cada administración en estas circunstancias”, argumentó.

Carriedo precisó que si el déficit previsto inicialmente para el conjunto de las administraciones públicas se multiplica por seis (desde el 1,8 hasta el 10,34 por ciento) como consecuencia de la crisis sanitaria, “se debe proceder a un reparto justo del mismo con un claro compromiso hacia las administraciones que gestionamos la sanidad”, y deseó contar con el apoyo de todos los grupos de las Cortes, en estas exigencias. 

Por último, advirtió de que la nueva financiación autonómica, para poder asumir los gastos en servicios sociales, sobre todo la sanidad, "ya no admite demora", y se debe revisar ya en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.



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