«Sonorama sí, pero no así» es la frase que resume lo que desde la Asociación de Vecinos Zona Centro califican como un clamor del casco histórico de Aranda de Duero tras la celebración del último Sonorama Ribera. En un comunicado público apuntan que «ante la deriva que ha tomado el festival en los últimos años» están padeciendo una serie de «excesos» que consideran que genera este evento. «No puede ser que la celebración de un festival de música interfiera abusivamente con la vida cotidiana de la población que lo acoge, hasta el punto de obligar a muchos residentes a tener que irse de sus hogares por no poder aguantar la confluencia de ruido, suciedad, gamberrismo, sensación de inseguridad y masificación que ello genera».

Estos arandinos creen que los festivaleros de hace unos años «al tiempo que venían a disfrutar de los conciertos, apreciaban cívicamente nuestras calles y nuestros monumentos», mientras que ahora «se ha convertido en un botellón gigante» con consecuencias como «convertir las calles en urinarios y los jardines y plazas en vertederos, hasta exponer a los vecinos de todas las edades al ruido constante de potentes altavoces que empiezan a sonar a las 11 de la mañana», comparándolo con «una suerte de Magaluf de Castilla», en lo que creen que se convertirá el festival «si este estado de cosas no cambia».

Los vecinos de la zona centro critican que «este modelo de festival genera beneficios a unos pocos y molestias innecesarias a muchos» y piden que se explique «en qué bolsillos termina» el impacto económico del evento, cifrado en 8 millones de euros porque «son muchos los comerciantes de la zona centro que no solo no pueden trabajar con normalidad durante los días que dura el festival, sino que se ven obligados a tener que cerrar sus establecimientos», concluyen.

Además de quejas, dan sugerencias para que el festival sea «sostenible», como la reducción del aforo, la contratación de cuadrillas de limpieza extra, más contenedores y baños portátiles, mayor vigilancia policial y limitación del horario de conciertos en el casco urbano, además de que «los gastos extraordinarios derivados de la celebración del festival sean cubiertos por aquellos que se lucran» con él.