La consejera de Sanidad, Verónica Casado, reconoció ayer en su comparecencia telemática que Burgos es la única provincia de Castilla y León que todavía no tiene una incidencia acumulada tan alta como la que alerta de un riesgo extremo de contagio (200 nuevos positivos por cada 100.000 personas en siete días), pero defendió la imposición del cierre del interior de la hostelería, grandes superficies, gimnasios y salas de apuestas -como en el resto de la región- por su eficacia para frenar la velocidad de transmisión del virus. «Somos conscientes del impacto de estas medidas, pero también de la validez que tuvieron en la anterior ola a la hora de controlar los contagios, dijo, recordando que la paralización de estos sectores se mantendrá hasta las 23.59 horas del 26 de enero.
En esta justificación de las restricciones, sin embargo, Casado obvió que todavía nadie ha sabido explicar por qué no funcionaron en otoño en la ciudad de Burgos o, al menos, no de la misma manera que en las otras ocho provincias de la Comunidad. El 6 de noviembre la Junta obligó a echar el cierre a toda la restauración -entonces también interiores-, grandes superficies y centros deportivos (las salas de apuestas en Burgos se mantuvieron abiertas hasta mediados de noviembre) y mientras que Ávila y Segovia reanudaban la actividad en estos sectores el 25 de noviembre, la ciudad de Burgos no pudo hacerlo hasta el 18 de diciembre porque sus incidencias acumuladas siguieron disparadas, a pesar de que se llegó a clausurar todo espacio público, salvo comercio e iglesias. Las tasas de contagio se redujeron a niveles aceptables casi ocho semanas después de que se produjera el punto de inflexión, en el puente del Pilar.

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