La única esperanza real de creación empleo tras el cierre de Garoña, el que se generará con su desmantelamiento, cada vez se va alejando más de las previsiones de revitalización económica que el Partido Socialista ha dicho muchas veces que iba a traer aparejado el desmantelamiento. Si en la central nuclear trabajaban una media de 700 a 800 personas cuando detuvo su reactor en diciembre de 2012, el Gobierno señalaba el pasado junio en respuesta a una pregunta escrita de los senadores del PP por Burgos que «los trabajos de desmantelamiento requerirán la participación de una media de 325 trabajadores, de los cuales 25 pertenecerán a Enresa, 75, a Nuclenor y el resto, a otras empresas contratistas».
Así pues, de los 104 empleados actuales de Nuclenor, algunos de los cuales previsiblemente se irán jubilando en próximas fechas, un elevadísimo porcentaje continuará en la planta durante los diez años que dure su desmantelamiento y posiblemente también parte de los 130 trabajadores de firmas subcontratadas que ya prestan allí sus servicios de control radiológico, vigilancia y seguridad u otros. Conocer la cifra exacta de este segundo grupo de personas que ya están trabajando en la central nuclear y continuará en ella es difícil, pero si avanza el Gobierno que en el escenario más optimista, la media de empleos ajenos a Nuclenor y Enresa que generará el desmantelamiento será solo de 225.
El Gobierno también explica que «Nuclenor colaborará con Enresa a lo largo del desmantelamiento realizando labores de operación, mantenimiento y movimiento del combustible gastado, así como tareas de apoyo para la gestión y supervisión de las obras». Antes, ya está desarrollando tareas previas al desmantelamiento en coordinación con Enresa. Una de las más importantes entre las proyectadas es la eliminación del calorífugo y el amianto que envuelven las tuberías del edificio de turbinas, un importante contrato que ya ha obtenido los preceptivos permisos del Consejo de Seguridad Nuclear y que comenzará a ejecutarse el 1 de septiembre, si se cumplen las actuales previsiones de Nuclenor. Las tareas durarán 8 meses y generarán empleo muy especializado.
Mientras, las fechas de comienzo del desmantelamiento siguen retrasándose. Por la respuesta del Gobierno al PP se desprende que el empleo que generará la primera fase del desmantelamiento, cuya duración será de tres años, llegará «a partir de 2023». La última fecha que dio en febrero el director de Operaciones de Enresa y quien dirigirá el desmantelamiento de Garoña, Manuel Rodríguez Silva, fue el tercer trimestre de 2022. El Gobierno avanza, en respuesta al PP, que «las obras se iniciarán una vez se obtenga la autorización de transferencia de titularidad y de la primera fase de desmantelamiento de Santa María de Garoña» y añade que «la previsión actual es que las citadas autorizaciones sean otorgadas por el Ministerio de Transición Ecológica en el segundo semestre de 2022». Antes habrá de llegar el «preceptivo informe del CSN», al que nadie ha puesto fecha.
Más trabajo en 2026. No obstante, el director del desmantelamiento señaló en febrero que la fase II, de siete años y que se podría extender de 2026 a 2033, «será la más intensiva en mano de obra», dado que durante ese periodo se efectuará la descarga del combustible en los contenedores que se almacenarán al aire libre en seco en el Almacén Temporal de la central.