El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta al ya exalcalde de Padrones de Bureba, Miguel Ángel García, tras la querella interpuesta por un vecino por prevaricación administrativa y la investigación de la Fiscalía. La jueza considera que se ha demostrado que no existía ninguna relación entre la empresa adjudicataria de unas obras de pavimentación de la localidad burebana y el político.

Según toda la documentación y los autos a los que ha tenido acceso este periódico, un vecino polaco interpuso el año pasado una querella contra el exregidor por no haberse abstenido en la votación en la que se asignó el contrato de asfaltado de la calle Oca, por importe de 24.781,59 euros a la empresa Torres Díez. El acuerdo se adoptó en la sesión plenaria el 17 de julio de  2017. Por aquel entonces, el denunciado era el alcalde del municipio. Según denunció Dariusz Grzegorz Tomasiak, García «votó a favor de dicha adjudicación pese a tener un interés personal».

Dentro del procedimiento abreviado, se distingue una fase de instrucción llamadas diligencias previas, que aluden al conjunto de actividad de investigación. Tras realizarse, la magistrada de instrucción considera que a la vista de las actuaciones practicadas, «no aparece debidamente justificada la perpetración de un delito de prevaricación», por lo que decide parar el proceso penal de manera provisional. 

García prestó declaración como investigado en el Juzgado de Briviesca y negó los hechos, señalando que, con anterioridad a la adjudicación de la obra, «nunca» había sido contratado por la empresa Torres Díez y, por lo tanto, «no se vio con la obligación de abstenerse» en la elección. El entonces alcalde presentó su vida laboral y la magistrada comprobó no había trabajado para Torres Díez antes del 1 de agosto de 2017, fecha en la que fue contratado, como se acredita con la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre reconocimiento de alta.

También prestó declaración en calidad de testigo Julián Díez Da Silva, administrador mancomunado con la empresa encargada de ejecutar los trabajos de pavimentación en la calle Oca. El empresario afirmó que Miguel Ángel García no sabía que iba a ser contratado el día en el que se dictaminó la sociedad que se encargaría de los trabajos anteriormente citados. Según el constructor, él ofreció el puesto a García porque a la empresa le interesaba una persona con su capacitación para manejar una máquina y añadió en su declaración que siempre que trabajan en los pueblos intentan asalariar a operarios de la zona.

La jueza instructora del caso no aprecia tampoco la existencia de un interés directo y personal del denunciado en adjudicar las obras a la empresa referida ni que, por participar en la votación haya vulnerado los valores superiores que deben regir ocupar un puesto en la administración pública, como son la imparcialidad y neutralidad.

Actualmente el exregidor ocupa un cargo de concejal en el Consistorio de Padrones y afirma que siente un profundo pesar y mal estar por la «situación de acoso» a la que según él, está siendo sometido por el vecino polaco.