Un narco, libre por la prolongación del estado de alarma

I.E.
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La Audiencia lo deja en libertad provisional al «alargarse en exceso» el confinamiento, tal que como reclamó su abogado

El sudelegado del Gobierno a primeros de 2018, el comisario y el jefe de la Guardia Civil, junto al alijo de heroína. - Foto: Jesús J. Matías

La Audiencia Provincial ha atendido las alegaciones de un abogado burgalés para lograr la libertad provisional de un recluso. Hasta aquí, todo normal. Lo curioso es que se trata de un preso a la espera de juicio por un delito grave -tráfico de drogas-, por el que la Fiscalía le pide 10 años de prisión, y que su letrado, el penalista Fernando Vecino, ha fundamentado su recurso en los efectos del confinamiento sobre la situación procesal de su defendido. Así, la Sala entiende que su encarcelamiento antes de la celebración de la vista oral «se está extendiendo en el tiempo más de lo deseable en atención a la situación de estado de alarma decretado, habiendo sido imposible la celebración del juicio en los días que estaba señalado, el 14 de abril». De modo que le impone una fianza de 6.000 euros para su puesta en libertad, algo muy raro en delincuentes que se enfrentan a condenas de más de 10 años.
El susodicho es uno de los  presuntos miembros de la banda de nueve narcotraficantes de heroína que desmantelaron la Policía Nacional y la Guardia Civil a principios de 2018. Fueron hallados en poder de algunos de ellos 4 kilos de la sustancia, en concreto en el jardín de una vivienda de Hontoria de la Cantera donde residían algunos de los cabecillas del grupo. 
En su auto la sección penal de la Audiencia advierte de que «aplicación de la medida de prisión provisional no debe de reducirse a una simple operación matemática atendiendo a la gravedad del delito y de la posible pena a imponer, sino que debe de ser objeto de valoración en cada caso concreto». Y eso es lo que ha hecho en este supuesto.
El abogado alegó en su petición de libertad provisional que «viendo las cifras de infectados y fallecidos, la situación de estado de alarma es previsible que se alargue por un amplio periodo de tiempo, algo que afecta a la situación» de su cliente. En cuanto a la posibilidad de evasión, al margen de aludir al arraigo laboral y social, se une el toque de queda, que «impide el desplazamiento de cualquier persona por el territorio nacional y mucho menos el cruce de fronteras».  
Asimismo, mencionó la recomendación del Ministerio del Interior a Instituciones Penitenciarias de conceder de manera inmediata el tercer grado a los internos ya condenados, mediante el control con pulseras telemáticas o cualquier otro medio como llamadas aleatorias al domicilio que tengan designado». Y se quejaba de que el consejo «había caído en olvido en lo que respecta a los internos en situación de prisión provisional y aún más los que ni tan siquiera están imputados por presuntos delitos de sangre».  Además lamentaba que con el confinamiento «la prisión provisional sí que es un cumplimiento adelantado de la pena, ya que nadie puede moverse de sus domicilios estando las fronteras por carretera cerradas para particulares». 
Entre los argumentos también citó la situación en el centro penitenciario de Burgos, donde, según su escrito, «hay 25 presos en cuarentena y dos con síntomas graves». Además, protestaba porque «no existen medidas de protección y se les hace comer en comedores de manera conjunta sin poder respetar las normas de seguridad determinadas por todos los organismos oficiales».  En este sentido, aseguraba que en el caso de su cliente la situación de prisión provisional podía terminar en «tragedia».  A todo ello añadía que «todas las instituciones europeas están advirtiendo a España sobre esta situación y, como se hizo con los actos del primer fin de semana de marzo, no se están cumpliendo las indicaciones, pudiendo acabar el presente caso en una auténtica desgracia», culminó. Hasta la celebración del juicio, este presunto narcotraficante ha fijado su domicilio en un hostal de la ciudad y deberá comunicar sus cambios de domicilio.