Preparados ante la avalancha de recursos por las sanciones

F.L.D.
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Consideran que con un estado de alarma no se puede limitar los movimientos de los ciudadanos y auguran que los tribunales darán la razón a quien reclame

Los ERTE y los despidos podrían colapsar los juzgados - Foto: Alberto Rodrigo

Es bastante probable que la política de sanciones por el quebrantamiento de la cuarentena traiga cola una vez termine la desescalada. El Gobierno cuenta con la aceptación social de las multas a los insolidarios, pero puede que no esté igualmente respaldada por los tribunales. Algunos abogados penalistas tienen claro que la restricción de movimientos a todos los ciudadanos no es legal en un estado de alarma y que el Ejecutivo tendría que haberse acogido a otra fórmula para sustentar las denuncias de los agentes. Así, esperan reclamaciones de muchos infractores que, probablemente, prosperen en el juzgado porque con la ley en la mano tienen razón. 

¿Por qué el Gobierno no puede impedir a los ciudadanos que salgan de casa pese a existir una alerta sanitaria? El letrado Juan Carlos Bañuelos lo explica de una manera muy sencilla: «La única norma contemplada en la Constitución que avala la restricción de movimientos es el estado de excepción». Con la fórmula escogida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, solo se consigue la limitación de un colectivo específico por un situación de riesgo concreta. Bañuelos pone de ejemplo la crisis de los controladores aéreos de hace 10 años. 

Con esta premisa clara, expone este penalista, la normativa ya está «viciada de base». Eso significa que, por mucho que una ley ordinaria como la concretada por el Gobierno habilite sanciones por salir de casa sin justificación, lo cierto es que un tribunal la puede anular porque no está sustentada en un principio constitucional. 

Cuesta por tanto entender por qué el Ejecutivo, si lo que buscaba era impedir los movimientos de los ciudadanos, no acudiera al Congreso de los Diputados con una propuesta de estado de excepción y no de alarma, ya que muy probablemente se hubiera aprobado. Juan Carlos Bañuelos recuerda que con esta fórmula el control de la Cámara Baja al Gobierno es más férreo y no les interesa. 

Así pues, los abogados auguran que muchos ciudadanos a los que les llegue una sanción acudirán a los juzgados para recurrirla. Eso sí, previo pago, pues no hay ninguna norma que exima o suspenda cautelarmente el abono en caso de disconformidad. Profesionales como Ignacio Echevarrieta ya han tenido que asesorar a algunos clientes, a los que ha explicado que es muy probable que las reclamaciones prosperen porque «las sanciones son ilegales y no tienen fundamento jurídico». 

Saber cuántas personas van a recurrir es difícil por varias cuestiones. Por un lado está la tesitura económica, ya que es lógico que muchos denunciados prefieran pagar la multa en vez de afrontar un gasto como el que supone acudir a los juzgados. Por otro, está el asunto de los plazos y de cuánto se tarde en resolver las primeras reclamaciones, pues éstas, de ser favorables, a buen seguro servirían de acicate para nuevas demandas.