Tantas multas como en dos años de 'ley mordaza'

F.L.D.
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Los cuerpos policiales han propuesto las mismas denuncias en mes y medio que en 2017 y 2018 juntos. Si se tramitaran todas, el Estado podría recaudar más de 2,5 millones de euros

Agentes de la Policía Local informan a dos personas de las restricciones de movilidad. - Foto: Valdivielso

Es muy probable que si se hiciera una encuesta sobre la idoneidad de las sanciones a las personas que a lo largo de este mes y medio han incumplido las medidas de confinamiento social, la gran mayoría mostrarían su apoyo incondicional. Tanto desde las instituciones gubernamentales, como desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha insistido que los insolidarios han sido unos pocos, que el respeto del estado de alarma ha sido masivo. Sin embargo, nada como echar mano de las cifras de propuestas de denuncias para darse cuenta de que no son pocas, sobre todo si se comparan con las que cada año tramita el Ministerio del Interior en base a la Ley de Seguridad Ciudadana. Las últimas cifras aportadas por la Subdelegación del Gobierno en Burgos y el Ayuntamiento, muestran que hasta el momento se han contabilizado 4.300 multas, tantas como infracciones contra la llamada ‘ley mordaza’ en los años 2017 y 2018. 

No es una cifra que pueda pasarse por alto, pues hay que tener en cuenta que dentro de las infracciones que contempla esta norma aprobada en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentra el cultivo o consumo de drogas, la tenencia ilícita de armas o las perturbaciones del orden público. Saltarse el aislamiento social decretado por el Gobierno no entraría en ninguna de estas categorías. Puede que una vez que se inicie la desescalada el ritmo sancionador descienda. Sino, la lógica indica que en apenas cuatro meses se superarán las 6.629 denuncias impuestas desde la entrada en vigor de la ley. 

En un principio, y tras un periodo de información, el Ministerio del Interior habilitó a los agentes  para que pudieran sancionar a los que quebrantasen el estado de alarma en base a la ley de seguridad ciudadana. De hecho, solo se contemplaban multas cuando hubiera faltas de respeto o agresiones a la autoridad -en Burgos, de existir, han sido anecdóticas-, o por una reiteración de la conducta. En este segundo caso incluso se contemplaba la posibilidad de detención. 

Si dichas sanciones se ajustasen a la normativa aprobada hace cinco años, incumplir el confinamiento se englobaría dentro de las infracciones calificadas como graves y la cuantía oscilaría entre los 600 y los 30.000 euros. No obstante, el órgano dirigido por Fernando Grande-Marlaska sacó hace un par de semanas su propio barómetro en función de unas circunstancias determinadas ajustada a la realidad actual. Así pues, todas las denuncias propuestas por los cuerpos policiales son posteriormente estudiadas en base a este documento en las diferentes subdelegaciones del Gobierno, las cuáles ya han comenzado a enviarlas. 

En 2018 -último año del que se conocen datos-, la segunda infracción más común fue la falta de respeto y consideración a los miembros de la Policía y Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad ciudadana. Es lo más similar al quebrantamiento y lo que en un principio avalaba a los efectivos a denunciar. Se contabilizaron 313, y, al considerarse leve, la cuantía media fueron unos 300 euros.

Otra de las circunstancias contempladas por el nuevo documento, y que agrava la pena en caso de ser sorprendido fuera de casa sin justificación, es la desobediencia o resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse tras el requerimiento de un agente. En este caso, hace dos años infringieron la norma 112 personas. Por lo general, se les impuso la cantidad mínima, que es de 600 euros para las sanciones consideradas graves.

2,5 millones. En ese último ejercicio,  el Estado recaudó 1.325.276 euros por las 2.201 infracciones de la ‘ley mordaza’, de las cuales más de la mitad fueron por cultivar o consumir sustancias estupefacientes. Teniendo en cuenta que la gran mayoría fueron calificadas de leves, la cuantía no superaría los 600 euros de media por cada una de ellas. Cabe destacar que, según han indicado tanto el Ayuntamiento de Burgos como la Subdelegación, muchas de las propuestas de denuncia que se han contabilizado hasta ahora por saltarse el confinamiento suponen esa misma cantidad, pues no se han dado casos de agresiones ni faltas de respeto a los agentes y tampoco grandes reuniones. 

Así las cosas, si tenemos en cuenta que en el último mes y medio se han remitido unas 4.300 sanciones, la mayoría de una cuantía aproximada de 600 euros, el estado podría recaudar más de 2,5 millones en multas de este tipo en tan solo un mes y medio. No obstante, hay que recordar que no todas ellas terminan en un castigo económico, sino que es la delegación del ejecutivo en la provincia la que, en base al baremo de circunstancias establecido por Interior, decide caso por caso.