El PP ha reclamado esta mañana en el pleno de las Cortes de Castilla y León al Gobierno de la nación que empiece a trabajar para buscar alternativas para el entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear, que se hizo definitivo en agosto de 2017. Según sus responsables, es el Gobierno quien tiene la “responsabilidad” de elaborar un Plan de Desarrollo y Dinamización Socioeconómica para las comarcas de su zona de nfluencia. Con este argumento el Grupo Parlamentario del PP ha tumbado una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en las Cortes, en la que pedía un impulso, económico y político, a la dinamización de la zona mediante la inversión inmediata de los 10 millones de euros que la Junta prevé recaudar con el nuevo impuesto al combustible gastado de Garoña.
La procuradora del Grupo Popular, Irene Cortés, ha denunciado que ha sido siempre el PSOE el que se ha empeñado en cerrar la central y “ahora pretenden que las consecuencias de su partido las pague el PP”. De hecho, Cortés ha incidido en que se está elaborando un documento en la Diputación de Burgos en colaboración con el Ejecutivo autonómico, con el fin de que esta comarca “vuelva a ser lo que nunca tuvo que dejar de ser”.
Igualmente, Cortés ha denunciado que los socialistas no hayan propuesto alternativa alguna. “Ya está cerrada, como querían, ahora dónde está su plan Garoña”, ha preguntado la procuradora 'popular', quien estima que a los socialistas “no les importa nada” la zona, algo que, a su juicio, quedó demostrado también al presentar una enmienda a la totalidad al nuevo impuesto a la central “sin presentar nada a cambio”.
El Grupo Parlamentario socialista ha insistido al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la necesidad de que, tal y como comprometió en los presupuestos para este año, aporte “con carácter inmediato” los diez millones de euros para la puesta en marcha del plan de desarrollo en las comarcas del entorno de la central. En su moción, los socialistas pedían también una aportación anual de al menos esa misma cuantía por parte del Ejecutivo autonómico independientemente de la aprobación o no de un impuesto medioambiental.
El procurador José Francisco Martín ha preguntado a los 'populares' si realmente tienen pensado invertir en la zona de influencia de la central y, sobre todo, si tienen intención de comprometer esa cuantía independientemente de que se pueda recaudar el impuesto anunciado. A juicio de Martín, el respaldo a esta proposición no de ley era “la prueba del algodón” del compromiso de la Junta con el entorno de Garoña.
El procurador del Grupo Mixto (IU), José Sarrión, ha recordado que la formación ya había pedido un plan “ambicioso”, que fuera paralelo al cierre de la central de Santa María de Garoña, e insistió en que, más allá del sector turístico, la propuesta de IU pasaba por la apuesta por el desarrollo en la zona por las energías renovables como uno de los sectores “estratégicos”.
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el procurador José Ignacio Delgado ha tildado de “fundamental” que el plan Garoña funcione “de una vez por todas” para hacer un plan “serio”, y aunque ha elogiado que el PSOE pida el cumplimiento de los compromisos, le ha reclamado también “que se haga mirar sus incumplimientos” con este mismo asunto. De la misma manera, ha lamentado la situación de una zona “llena de vida” con su patrimonio y con las “grandes oportunidades” que tiene.
Desde el Grupo Parlamentario Podemos, el procurador burgalés Félix Díaz ha lamentado que ni la Junta ni el Gobierno central tengan intención de plantear planes ni estrategias en el entorno de Garoña. “Seguimos debatiendo proposición tras proposición compitiendo entre el PP y el PSOE por lavarse la cara en este asunto” con una zona que “está muriendo”. Por ello, Díaz se ha dirigido a los partidos mayoritarios, a quienes ha ofrecido el respaldo de la formación morada “cuando dejen de hacer teatro y piensen en trabajar”.