CCOO y UGT defienden su derecho a concentrarse el 8M

J.M.
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Los secretarios generales de CCOO y UGT en Burgos, Ángel Citores y Pablo Dionisio Fraile, anticiparon ayer que las dos organizaciones sindicales se concentrarán el 8-M, Día Internacional de la Mujer, en el paseo Sierra de Atapuerca

Citores (i.) y Fraile, en la reunión con las socialistas Arnaiz y Peña (d.). - Foto: Jesús J. Matías

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Burgos, Ángel Citores y Pablo Dionisio Fraile, anticiparon ayer que las dos organizaciones sindicales se concentrarán el 8-M, Día Internacional de la Mujer, en el paseo Sierra de Atapuerca (a las 12 horas) para reivindicar, un año más, la igualdad entre hombres y mujeres.

Citores defendió que será una concentración limitada en el número de personas y se respetarán las distancias para garantizar que no se puedan producir contagios. Entre tanta polémica, reivindicó la concentración, de la misma manera que en las últimas fechas se han movilizado por otras causas. La última, por citar el ejemplo más reciente, cuando el pasado 11 de febrero se manifestaron para exigir una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Citores y Fraile se reunieron ayer con la diputada nacional del PSOE, Esther Peña, y con la senadora, María del Mar Arnaiz, ante quienes defendieron que reclamen al Gobierno de Pedro Sánchez la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral y de las pensiones.

Citores aprovechó para defender que durante la pandemia se ha mostrado la utilidad de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y reclamó que esta figura se utilice en próximas crisis económicas para proteger a trabajadores y empresas. Aún a sabiendas del coste económico.

Peña, por su parte, acusó al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de «dejar tirados a 3.400 autónomos» de la provincia con las restricciones aplicadas por la Administración regional durante la pandemia.

La dirigente socialista realizó una comparación del reparto de las ayudas por parte de las administraciones y cifró en un 80% las concedidas por el Gobierno de España (fundamentalmente por los ERTE), en un 15% de las comprometidas por los Ayuntamientos y en un 5% por la Junta, con la que fue especialmente dura.