«Es una decisión política». Es la frase que miembros de consejerías y organizaciones agrarias pronuncian cuando se les pregunta el porqué de la resolución que ha tomado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Muchas voces apuntan a que el componente morado del actual Gobierno ha presionado para que todas las poblaciones de lobo españolas queden incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), sin importarles demasiado que este cánido atraviese un excelente estado de salud, tanto en número de individuos como en territorios colonizados. Probablemente el desconocimiento de la realidad en el mundo rural y la idealización de este depredador hayan tenido mucho que ver. El hecho es que tras el anuncio este martes en el BOE, las poblaciones de lobo ibérico situadas al norte del río Duero han pasado a formar parte del listado el miércoles, de manera que se excluye la posibilidad de controlarlos mediante la caza.
Todo ello después de un proceso cuando menos cuestionable. En la votación celebrada en febrero se aprobó su protección por un voto de diferencia. A Melilla, cuyo voto iba a ser en contra de esta protección, se le impidió ejercer su derecho por problemas en la conexión telemática. La realidad es que territorios que no tienen ni van a disfrutar nunca de esta especie (Murcia, Canarias, Baleares, Ceuta…) se mostraron en contra del criterio de las que albergan al 98% de su población y han conseguido mantenerlo en un estado conservación óptimo en los últimos lustros: Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria… Y más sorprendente aún fue que algunas que ya comienzan a sufrir en sus carnes los ataques del depredador (La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha) tampoco estuvieran de acuerdo con quienes lo conocen bien.
En mayo, los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas loberas exigieron al MITECO la retirada inmediata de la propuesta de orden ministerial que pretendía (y al fin ha conseguido) aumentar la protección de este animal y estudiaban la elaboración de sus propios censos de población y el diseño de una estrategia común de gestión de las cuatro regiones si el Ministerio persistía en no dialogar con las autonomías.
Se acabó la caza del lobo. Y ¿la ganadería? - Foto: Solete CasadoPor si esto fuera poco, en agosto el Consejo de Estado le requería al Ministerio de Teresa Ribera un informe sobre los planes de gestión de las comunidades loberas, de tal manera que la ministra pudiera acreditar que eran insuficientes y que la especie se encontraba desprotegida. Ese informe debía pasar la audiencia de las comunidades autónomas, pero esto se realizó en pleno mes de agosto con todo el personal de vacaciones, con un plazo de siete días y sin que las dependencias regionales llegaran a recibir dicho informe ni tuvieran demasiado claro qué era lo que estaba ocurriendo.
Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que en febrero estaba «al lado de los ganaderos», ha apoyado la orden, aunque ha dicho que «los ganaderos sienten miedo muchas veces»; una vez más, de perfil. El resultado es que, a día de hoy, el lobo está incluido en el LESRPE. Pero todo indica que comunidades autónomas y organizaciones agrarias acudirán a los jueces para intentar paralizar o revertir esta situación, según explicaban el martes desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; su responsable, Juan Carlos Suárez Quiñones, hablaba de «un día preocupante» para la región y de una posición «radicalmente en contra» por parte del Gobierno regional. El consejero recordaba que al norte del Duero, donde se localiza el 75% de la población lobera de la comunidad, se registran solo el 25% de los ataques «gracias a la gestión actual»; mientras tanto, al sur del río y sin control cinegético posible, con solo el 25% de los lobos, sufren el 75% de los daños.
Por su parte, Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura y Ganadería, se mostraba la semana pasada algo más explícito y decía que «lo que sí que tenemos claro es que las víctimas son la oveja y el ganadero; que el agente medioambiental son el ganadero y la oveja, el lobo tiene poca pinta de ser agente medioambiental; y que hay un marco, que es el del diálogo, y no el de la cerrazón del MITECO, para resolver este problema. Y ese marco pasa necesariamente por la convivencia de nuestros ganaderos, de nuestras ovejas, de nuestras vacas, con lo que haya de hacerse con el lobo. Pero nunca puede adoptarse una posición de predominancia que acabe haciendo que oveja y ganadero tengan que abandonar la actividad por una medida desafortunada y, lo que es peor, desmesurada. Hay que reclamarle al Gobierno de España en este tema sensatez y responsabilidad. Insisto, el mejor agente medioambiental que hay es un pastor y su rebaño de ovejas».
Se acabó la caza del lobo. Y ¿la ganadería?Como es evidente, hay mucho malestar porque este proceso se haya llevado a cabo a las bravas, sin importar la total ausencia de consenso y sin tener en cuenta la unánime opinión de las regiones más afectadas por esta especie.
Las OPAs.
Las tres OPAs más importantes de España, ASAJA, UPA y COAG, han emitido el mismo martes del anuncio en el BOE un comunicado conjunto a nivel nacional lamentando esta decisión -que «ha caído como un jarro de agua fría sobre los ganaderos»- y acusan a Ribera de «condenar a la ganadería a su extinción», por lo que solicitan su dimisión. «La protección del lobo es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección», señalan desde las organizaciones agrarias. El malestar con el Ministerio para la Transición Ecológica es grande, pues consideran que se ha tomado una medida «tendenciosa e ideológica basada en una falsedad como que el lobo está amenazado en España, cuando no es así». Además acusan a la ministra Teresa Ribera y a su equipo de «falta de palabra», pues se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de tomar definitivamente la medida de incluir al lobo en el LESRPE.
«El blindaje del lobo es un ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica. Los ataques al ganado aumentarán. Las pérdidas de la ganadería aumentarán. El despoblamiento aumentará», pronostican los ganaderos. ASAJA, COAG y UPA han pedido a las regiones con presencia de lobo que «pongan todos los medios a su alcance, políticos y jurídicos, para proteger a sus ganaderos ante la inseguridad que genera esta medida».
«Seguiremos luchando y haciendo oír nuestra voz», advierten las organizaciones. «No permitiremos que nos condenen a la extinción. Trabajaremos por que en el campo siga habiendo vacas, cabras, ovejas, caballos y demás animales. Y no solamente lobos». Las organizaciones están ya estudiando la convocatoria de movilizaciones de rechazo a esta medida.
Por su parte, y a escala más local, ASAJA Salamanca y ASAJA Ávila han expresado su tremendo malestar por la nueva situación. En sus territorios el lobo nunca ha sido especie cinegética, por lo que este depredador campa a sus anchas y hace mucho daño (1.500 cabezas de vacuno al año en Ávila, según la Consejería de Fomento y Medio Ambiente). Hasta el momento se beneficiaban de la caza en los territorios más norteños, que eliminaba ejemplares que podían llegar a sus provincias. Ahora eso ya no va a ocurrir.
Ernesto, ganadero socio de ASAJA Ávila, de Navalmoral de la Sierra, en la zona afectada hace pocos días por el dramático incendio de Ávila, comenta: «Hoy otra becerra que mata el lobo, la segunda desde el día del fuego. El lobo especie protegida o superprotegida, y a los ganaderos ¿quién nos protege? Esto es una vergüenza, yo no sé lo que vamos a aguantar: el lobo, el fuego, el precio de los terneros... Llevamos una época que no sé cómo estamos vivos». La foto de esa becerra es la que ilustra la portada de Cultum esta semana.
Desde Salamanca apuntan que «el problema no es el lobo para la convivencia con los ganaderos, que se remonta a tiempos inmemoriales; el problema está en los sillones de algunos despachos sobre la gestión de dicha convivencia». Al blindarse al lobo al norte del Duero, el sur sufrirá las consecuencias con la proliferación de la especie. COAG en Castilla y León ha solicitado incluso a las Cortes regionales que declaren persona ‘non grata’ a la ministra Ribera.
La estrategia del MITECO.
Por su parte, el MITECO, en las ‘Bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y la gestión del lobo en España’, habla de incrementar entre un 10% y un 20% el área de distribución actual para el año 2030; para ello se ha de «asegurar la expansión (…) hacia el este peninsular, especialmente en el Sistema Ibérico». Esta frase da una idea del desconocimiento de la realidad de la especie por parte de quienes la han redactado, pues el Sistema Ibérico está ya ampliamente ocupado y se habla de manadas campeando incluso en la provincia de Teruel.
También se menciona la necesidad de «perseguir y reducir, a niveles irrelevantes, la persecución ilegal del lobo, especialmente mediante disparos (que serán legales cuando los agentes medioambientales deban eliminar ejemplares por mandato de la administración), trampeos ilegales y envenenamientos» (no hay trampeos legales con el lobo como objetivo).
Asimismo, se hace mención de la necesidad de tomar medidas, por parte de los ganaderos, para evitar los daños del lobo; y de que cuando hubiere daños, las indemnizaciones irán aparejadas a una buena puesta en práctica de esas medidas. Hace unas semanas, Cultum visitaba a Rosalía y Raúl, padre e hija, ganaderos de vacuno de carne en extensivo en Prioro (León). Los ataques por parte de lobos, osos, buitres e incluso zorros eran algo más o menos habitual para ellos. Los mastines, casi la única medida posible en esas circunstancias, brillaban por su ausencia. ¿Por qué? Raúl decía que «un mastín solo conoce su rebaño. Si algo o alguien se acerca no va a preguntar y con los paseantes que quieren sacarse unas fotos con los terneros puedo tener un problema grave. Es mejor no tener mastines y asumir los daños del lobo». Es decir, Raúl y su hija Rosalía, como tantos otros ganaderos que piensan igual, no cobrarán nunca con esta norma una compensación por los daños que pueda causarles el lobo.
Parece evidente que sí es una decisión política más que científica. Una decisión para cuya toma no se ha tenido en cuenta a quienes van a sufrir directamente sus consecuencias. Una decisión que se suma a muchos otros factores que están acabando poco a poco con la ganadería extensiva. Una decisión que hace un flaco favor al reto demográfico, a pesar del rimbombante nombre del Ministerio que la ha tomado.
Un peligro potencial.
El 22 de junio de este año, la agencia EFE publicaba una noticia con el siguiente título: «Los osos aterrorizan a los habitantes de Transilvania». El texto habla de dos personas heridas graves en un fin de semana en una provincia transilvana, periodo de tiempo en el que las autoridades se vieron obligadas a actuar una docena y media de veces para alejar a osos de núcleos urbanos. El ministro de Medio Ambiente, Barna Tanczos, recordaba en esos días que «en lo que va de mes se han registrado entre 30 y 40 llamadas diarias de alerta al 112 debido a ataques de osos».
La noticia continuaba: «según las autoridades de la región más afectada, la población de osos en la zona de los Cárpatos rumanos ha crecido a un ritmo desenfrenado desde que se prohibiera la caza de esta especie en 2016. Desde entonces, ha crecido mucho. La población de osos en Rumanía supera ya los 8.000 ejemplares, más del doble del número idóneo según la capacidad de su hábitat, explicó Ovidiu Ionescu, profesor de gestión de caza de la Universidad de Transilvania. Solo en el año 2019 murieron, según datos de las autoridades regionales, ocho personas en ataques de osos que habían salido de su hábitat en busca de comida».
Es cierto que en España apenas hay documentados un puñado de ataques de lobos a personas, y que los lobos no son osos, pero un crecimiento incontrolado de la población puede llevarles a buscar alimento fuera de sus lugares naturales, es decir, dentro de núcleos urbanos. Muchos pueblos de Lugo, León o Asturias ya han sido testigos de cómo los lobos cazan perros en la misma puerta de las casas, a veces incluso a plena luz del día. Y para todo el que vive en estas zonas loberas y tiene horas de campo es evidente que el comportamiento de estos depredadores ha cambiado y se dejan ver, aparentemente confiados, en lugares y situaciones que no deberían ser habituales. Lo más probable es que nunca ocurra nada, pero si ocurre… No es cuestión de tener miedo, solo de ser conscientes de que los animales salvajes son imprevisibles.
Puede ser un peligro para el propio lobo.
En los setenta los lobos tocaron fondo. Quedaron constreñidos a unos pocos rincones recónditos del noroeste peninsular y Sierra Morena. El veneno, los lazos, los cepos y la caza sin control tuvieron la culpa. Félix Rodríguez de la Fuente hizo mucho por concienciar a la población y revertir esa situación y unas décadas después estamos como estamos, con una población de lobo sana y en expansión. La caza, aparte de ser una buena herramienta de control, les hace ver a los ganaderos que se está haciendo algo por sus negocios. Si se suprime, quizá algunos indeseables, que en todo los ámbitos de la vida los hay, traten de tomarse la justicia por su mano y se comiencen a ver prácticas en los montes que ya creíamos haber dejado atrás. Además es bueno saber que los atropellos y el furtivismo (que no tiene nada que ver con la caza reglada) matan más lobos que la actividad cinegética en España. Quizá sean esos los problemas sobre los que hay que trabajar.