Aluvión de concursos de acreedores tras 3 años de descenso

F.L.D.-I.E.
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Los abogados especializados en derecho mercantil auguran un pequeño colapso en el juzgado y creen que los empresarios deberán llegar a acuerdos antes de iniciar un proceso judicial

La casi nula actividad en los polígonos da una idea del parón del sector industrial. - Foto: Luis López Araico

El sector empresarial ya está sufriendo las primeras consecuencias de la pandemia. No hay más que ver gran la cantidad de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han notificado en las últimas tres semanas. Pero esto, temen, es solo el principio y cruzan los dedos para que el estado de alarma dure lo menos posible para que su situación financiera no sea la quiebra. El futuro no es nada halagüeño y por eso los abogados especializados en derecho mercantil están intentando adelantarse a una situación que se prevé nefasta. Los juzgados especializados en este tipo de asuntos parecían haber dejado atrás los años de recesión con un descenso en el número de asuntos desde 2016, pero la previsión es que una vez se levante el confinamiento los concursos de acreedores se disparen. Eso es, precisamente, lo que quieren evitar los letrados. 

Guillermo Plaza, decano del Colegio de Abogados y defensor especializado en derecho mercantil,  cree que las consecuencias de la crisis económica están supeditadas a lo que dure la sanitaria. En este sentido, recuerda que la mayoría son pequeñas y medianas empresas, lo que significa que, como mucho, "podrían aguantar dos meses en una situación de parón". Considera que el sector turístico y hostelero van a ser los más perjudicados y solo una erradicación total del coronavirus en verano podría paliar un poco las enormes pérdidas. 

"Esta recesión no tiene nada que ver con la de 2008", apunta Plaza, pero matiza, "lo es para lo bueno y para lo malo". Y es que, desarrolla, "muchos empresarios van a contraer deuda pero la paralización total va a conllevar que, por ejemplo, proveedores estén en la misma situación y se vean obligados a llegar a acuerdos". La intención es que alcancen convenios de aplazamientos de pagos o quitas para poder favorecer la liquidez antes del último paso, que sería el concurso de acreedores. 

En esta misma línea se posiciona José Ángel Basurto, de Aide abogados: "Tenemos que dar a las empresas una solución antes del último escenario". Las opciones, resalta, son varias, como una reestructuración, una fusión, una negociación particular o un acuerdo extrajudicial de pagos, el cual, subraya, "está previsto en la ley concursal". Opina que "la situación a la que se puede llegar es tan mala que el concurso de acreedores puede poner la tapa en el ataúd en muchas ocasiones". Para eso, insiste, las compañías tienen "que empezar a reaccionar desde ya". 

Este abogado recomienda a los empresarios ponerse en contacto con profesionales que puedan ayudarles a afrontar su situación de la mejor manera. Todo lo contrario, subraya, a lo que ocurrió hace 12 años, cuando, explica, "muchos acudían al banco a firmar lo que les ponían encima de la mesa y al final se encontraban con avales cruzados entre particulares y empresas que se los llevaron por delante".  

De los 554 asuntos contenciosos y no concursos que entraron en 2016 en el Juzgado de lo Mercantil de Burgos, se pasó en tres años a 298. Es decir, aunque este órgano tenía un cierto retraso, aún mantenía unos niveles aceptables de pendencia y no llegaban al atasco de otras provincias. Ahora se prevé un aumento considerable. "Si llegan 200 procedimientos concursales en lo que resta de 2020, colapsará", augura Basurto. 

La puntilla para las empresas podría ser un retraso en el auto de declaración de concurso. Por eso, Guillermo Plaza insiste en la necesidad de que el juzgado sea ágil y esté preparado para una situación de crisis como la que se avecina.

En los juzgados de Reyes Católicos, en concreto la secretaría de coordinación, ya están trabajando para prepararse ante el aluvión de procedimientos que van a aterrizar en materia mercantil y la petición de un refuerzo va a ser la primera medida. Ahora bien, Burgos bien merecía desde hace años "poseer un segundo órgano especializado en estos asuntos, porque cada vez que se produce una crisis la carga de trabajo se incrementa y el tiempo de resolución de procesos se alarga". 

Y de hecho el Ministerio de Justicia tuvo la oportunidad de crearlo, en concreto en 2017, cuando tras años de negarle nuevos juzgados al Poder Judicial decidió abrir la mano y dar origen a varios. Pues bien, finalmente se puso en marcha un órgano de instancia -el número 8 de Burgos- que entiende de cualquier asunto de la jurisdicción civil. El presidente del TSJ, José Luis Concepción,  había propuesto que se especializara en materia de concursos y quiebras. Pero finalmente no pudo ser.

Escasez de personal. Será cuando ya esté sobrepasado cuando a buen seguro el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ponga en marcha la lenta burocracia para dotar de más personal -tanto un magistrado como funcionarios- a "un juzgado que ya merecería al menos disponer de un refuerzo".

Y ocurre tres cuartos de lo mismo con los juzgados de lo Social. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León lleva lustros reclamando la constitución el cuarto órgano en la provincia. La única concesión ha sido la llegada de un juez de refuerzo en los peores tiempos de la crisis, un apoyo con el que ya no cuentan las tres magistradas burgalesas. Y eso que lo han solicitado en los últimos meses con vehemencia, pero el CGPJ se lo ha negado una y otra vez. Pues  ahora sí deberá dárselo, aunque el peligro es que llegue cuando ya sea demasiado tarde, cuando el número de asuntos pendientes ya haya colapsado los tres juzgados.

Por el momento, y como solo se están tramitando asuntos que afectan a los derechos fundamentales, solo han llegado tres procedimientos a la jurisdicción social para su resolución inmediata, el resto se deja en la bandeja de entrada de Lexnet, el sistema de comunicación entre todos los agentes de la Administración de Justicia. 

Pero claro, eso sucede ahora, en este periodo de excepcionalidad. Los datos del paro del mes de marzo, con más de 1.200 desempleados más en la provincia, "dan la pista de que el número de demandas por despido que van a llegar se van a disparar", señalan desde la secretaría de coordinación. "Y para cuando suceda debemos tener recursos suficientes", sentencian.