Las pequeñas y medianas empresas burgalesas apenas comen un 30% del pastel de la contratación pública que se mueve en la provincia, entendiendo como tal la que generan las administraciones más próximas: el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Burgos. Son varias decenas de millones de euros al año destinados no solo a grandes proyectos de obras sino a contratos menores de suministros, mantenimiento, reformas o servicios de todo tipo. El empresariado local, representado en FAE, entiende que es una fuente de ingresos accesible que se pierde muchas veces por la falta de conocimiento, entendimiento y cercanía entre los que, paradójicamente, son los más próximos.
Para romper esta distancia, la patronal constituyó hace más de un año la Comisión de la Contratación Pública, un grupo de trabajo que reúne a empresas locales de instaladores eléctricos, de limpiezas, de consultoría, de ingeniería o de transporte, entre otras actividades. En este tiempo, se ha trabajado en una serie de recomendaciones para que, respetando la Ley de Contratos del Sector Público, se den las mayores facilidades a las pymes locales a la hora de participar en las licitaciones.
«Hemos visto que el criterio dominante es el precio y no la oferta más ventajosa en calidad-precio», explica Emiliana Molero, secretaria general de FAE, quien insiste en que su interés no es primar «favoritismos ni proteccionismos sino generar oportunidades para el tejido económico de Burgos».
Este trabajo ha sido presentado en los últimos días a los responsables de los órganos de contratación de las tres principales administraciones (Ayuntamiento, Diputación y UBU) y la idea es, a través del canal de la patronal regional Cecale, hacer lo propio con la Junta en próximas fechas. Es más, apunta Molero, pediremos que la aprobación de una ley regional de contratos del sector público para favorecer la contratación de las empresas regionales.
El documento presentado en los últimos días reclama, entre otras medidas, un canal de comunicación «sencillo, rápido y eficaz» para resolver las dudas y las consultas de las pymes. Asimismo, se pide a las administraciones que publiquen un plan anual de contratación, regulado por ley, en el que se recojan las licitaciones que se van a realizar durante el ejercicio y que permitan a las pymes organizarse para poder optar a ellas.
FAEes incisiva en lo que respecta al ámbito de los contratos menores, los más fáciles de atender por el empresariado local más próximo, en los que recomienda invitar «especialmente» a las pymes burgalesas. Es más, incluso plantea adaptar el tamaño de los contratos al de las empresas, mediante la división de lotes. «No queremos pliegos generalistas, sino pliegos que no sean demasiado extensos y en los que se contemplen variantes a las obras, suministros y servicios, algo que puede beneficiar a los locales».
A este respecto, y dada la opacidad que existe en este ámbito, la patronal reclama también que se haga público quiénes son los adjudicatarios de los contratos menores.
otros criterios. En la búsqueda de no solo primar el precio más bajo, donde se compite en desigualdad con las grandes corporaciones nacionales o multinacionales, se apela a valorar también los criterios medioambientales (como el reciclado de residuos en la propia obra, la huella de carbono...) o sociales (empleados con baja maternal, menor número de bajas por accidente o enfermedad laboral, contratos con empresas de inserción social, porcentaje de plantilla fija...). «Muchas veces estamos más ante subastas que ante adjudicaciones», se lamenta la patronal.
«Hemos visto que las administraciones son muy receptivas a nuestras propuestas».Es más, la idea es mantener reuniones individuales con las tres administraciones con la finalidad de mejorar la elaboración de los pliegos de contratación.