CCOO lamentó hoy que un total de 2.124 trabajadores de las residencias de personas dependientes (más el 60 por ciento de la plantilla) hayan sufrido COVID-19 sin reconocimiento de enfermedad profesional ni accidente de trabajo. El sindicato avanzó que el pasado lunes, 1 de marzo, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se recoge que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta no ha reconocido como accidente de trabajo ningún contagio por COVID-19 entre su plantilla durante el año que se lleva de pandemia.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Castilla y León (FSC-CCOO CyL), Carlos Julio López Inclán; el responsable del Sector Autonómico, Ernesto Angulo; y la responsable de Salud Laboral del Sector Autonómico, Raquel Martín, fueron los encargados de realizar hoy ante los medios de forma virtual esta denuncia.

En este sentido, López precisó que son 2.124 trabajadores los que han sufrido durante la pandemia contagios, según los datos facilitados por la Junta, del total de 3.200 trabajadores que están en la prestación directa de los servicios en los centros sociosanitarios de la Comunidad. Lo que supone, dijo, que “más del 60 por ciento de los trabajadores han sufrido contagio por COVID-19, sin contar los asintomáticos o los que no se hicieron las pruebas y se les dejó confinados en casa”.

Algo que, según apuntó, “se une a la situación dramática de los propios residentes, con la alta mortalidad que ha habido en las residencias privadas y púbicas, donde ninguna de ellas ha dejado de sufrir algún brote”. Ante esta situación, recordó que el Gobierno central reconoció a través del Real Decreto 3/2021 publicado este año que “el contagio promovido de los trabajadores sociosanitarios en el ejercicio de sus funciones se debería reconocer como accidente de trabajo o enfermedad profesional”.

Algo que lamentó ya que “en la Junta de Castilla y León no se está haciendo, con las consecuencias que ello tiene de prestaciones, de quien tiene que correr con los gastos de la enfermedad, que te puede ocurrir…”. Por ello, CCOO inicia una campaña para la solicitud individual ya que, según expuso, “la Junta no lo hace de oficio aunque debería”. López señaló que desde CCOO “se valorará algún otro tipo de presión a la Junta” y apuntó que “hay una responsabilidad directa por parte del gerente de Servicios Sociales y también de la consejera de Familia”. “Si la Inspección emite un requerimiento que obliga a la Junta a este reconocimiento y no lo hace acudiremos al Juzgado”, sentenció.

Por su parte, la responsable de Salud Laboral del Sector Autonómico, Raquel Martín, consideró que estos 2.124 trabajadores están “desamparados” por la Junta porque “no están reconocidos ni como accidente laboral ni como enfermedad profesional”. Por ello, dijo, se denunció ante la Inspección de Trabajo dado que “la Junta tiene que tomar la iniciativa para que se reconozca a todos los trabajadores como enfermedad profesional”.

En este sentido, señaló que en la actualidad “no se ha reconocido ninguna” si bien matizó que, según la Junta “dos trabajadores están en trámite de reconocimiento”. Martín apuntó que el principal déficit es “la falta de coordinación entre los inspectores y los centros de prevención” y agregó que “ha sido imposible que se haga ese informe que requiere la mutua para reconocimientos como accidente de trabajo”. “Además de eso, los directores de los trabajadores no han sabido seguir pautas”, apostilló.

“El reconocimiento tiene una importancia capital”

Finalmente, Ernesto Angulo se refirió a las ventajas que tendrían los trabajadores de las residencias de personas dependientes que hayan sufrido COVID-19 con el reconocimiento de enfermedad profesional o accidente de trabajo, sobre todo, de cara a las indemnizaciones. “El reconocimiento no es baladí sino muy importante y tiene una importancia capital”, dijo.

“De momento, no se saben las secuelas del COVID y si hubiera secuelas, de tenerlo declarado como accidente laboral o enfermedad profesional cambia la situación”, expuso, y puso como ejemplo que “si la enfermedad acaba en fallecimiento, la pensión que te queda varía sustancialmente del 55 al 85 por ciento y puede llegar hasta el 100 por cien en caso de incapacidad permanente”.