La Escuela Adscrita de Relaciones Laborales apura sus últimos días de vida aunque todavía quedan flecos administrativos que se demorarán en el tiempo, especialmente los relacionados con su personal. Solucionado el problema con una docena de alumnos que se matricularon para finalizar algunas asignaturas que les quedaban cuando ya se sabía que ya no iban a impartirse este curso, ahora el foco se ha puesto en extinguir la relación laboral del patronato que gestiona el centro con el profesorado y el personal de administración y servicios, un total de 16 personas.
A los 12 docentes se les ha aplicado un despido colectivo por la extinción del centro educativo, que han financiado hasta ahora el Ayuntamiento y la Diputación y que serán los que tendrán que hacer frente a las indemnizaciones que les correspondan. Sin embargo, los trabajadores no están de acuerdo con las condiciones del mismo, de modo que sus representantes han presentado una demanda contra el despido colectivo, tras votarse esta posibilidad en una reunión y salir por mayoría.
De este modo, será el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) el que falle a su favor o no , dado que si se hubiera ido por la demanda individual correspondía al Juzgado de lo Social.
Por lo que se refiere al personal de administración y servicios (2 bedeles y dos administrativos se anunció que se les integrará en el Ayuntamiento aunque por el momento no ha trascendido cómo.
La actividad en la escuela prácticamente ya no existe y únicamente acuden los administrativos y bedeles para ir cerrando la actividad y ocuparse del mantenimiento del edificio, dado que los profesores ya no tienen alumnos. El centro fue creado por el Ayuntamiento en los años 90 ante el temor de que se perdieran esos estudios, que entonces se impartían en el Seminario de Graduados Sociales, al convertirse en superiores y pasar a depender de Valladolid. Acordó constituir un patronato, al que después se unió la Diputación, la Cámara de Comercio y las antiguas cajas, que se salieron con la fusión dando entrada a Caja Rural y FAE, a los que se suman un representante de los alumnos y otro de la UBU.
Desde el año 2010 los sucesivos alcaldes intentaron que sus estudios se integraran en la Universidad de Burgos con diferentes encuentros y desencuentros con la Consejería de Educación. El Pleno del Ayuntamiento acordó en 2017 ir reduciendo la financiación para estos estudios superiores y los cursos que se impartían, al tiempo que se solicitó al rector que la matrícula del curso 2017-2018 se iniciara en la UBU, que pidió a la Junta poder impartir estos estudios, lo que se concedió. Se dejó de ofertar primero en la escuela y se empezó a dar en la Universidad. La plantilla de profesores recurrió ante los tribunales, que les dieron parcialmente la razón. La Universidad no pudo dar primero el curso 2019-2020 aunque después solicitó poder impartirlos y ahora los oferta.