La Diputación adjudica un contrato con más IVA del licitado

P.C.P.
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En plena pandemia, la institución se quedó sin empresa de prevención de riesgos laborales y mientras tramitaba el concurso tuvo que suscribir un acuerdo «de emergencia» con G&M, la única que se ha presentado ahora

El servicio incluye los reconocimientos médicos para contratar personal, que se multiplican ahora por las bajas. - Foto: Alberto Rodrigo

La Diputación Provincial de Burgos adjudicará a G&M el servicio de prevención de riesgos de laborales propios y del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) durante los próximos dos años, pese a que su oferta era inicialmente superior al presupuesto base y a que tras un ‘ajuste’ incluye aún un IVA superior al fijado en el pliego de licitación. Es la única empresa que se ha presentado al concurso y la que actualmente desempeña un trabajo «imprescindible» con un contrato de «emergencia», porque la firma que lo prestaba abandonó en plena crisis sanitaria, dejando a la institución en una situación muy delicada, al tener que hacer frente a cientos de bajas -fundamentalmente de las residencias- y nuevas incorporaciones.

La maquinaria administrativa se puso en marcha en enero, antes de la aparición de la COVID-19, con la publicación en perfil del contratante del procedimiento abierto ordinario, con varios criterios de adjudicación y un presupuesto base de licitación de 368.180 (335.000 € más 33.180€ en concepto de IVA). La propuesta no resultó muy atractiva para las empresas del sector, porque durante el plazo estipulado solo se presentó una oferta, la de G&M Prevención de Riesgos Laborales S.L., que además superaba el tope económico en casi 20.000 euros, con una plica de 387.514,6 euros (320.260 +67.254,6 de IVA).

Si bien había una baja del 4,4% en el coste antes de impuestos, aplicaba un porcentaje de IVAdel 21% a todos ellos, por lo que obtenía una cantidad total superior. La discrepancia está en el tipo de servicios y en el tipo impositivo aplicable a cada uno de ellos. La Diputación realizó una consulta a la empresa para que aclarase por qué el total del impuesto excedía de lo fijado en el pliego y con ello el precio final. Esta respondió que la Agencia Tributaria había determinado que «cuando se factura una cuota por servicios profesionales en la cual están incluidas todas las actividades a desarrollar en el contrato, independiente de las actuaciones internas que estén sometidas a gravamen o no, se aplicará al total de la cuantía el tipo impositivo normal». Al no poder determinar cuántos servicios sujetos o no a IVA realizaría a lo largo de los dos años, marcó el 21%.

Tras la respuesta de Hacienda, G&M se explica ante la Diputación. «Si seguimos o asumiéramos el porcentaje asignado en su licitación debería ser un 9,9%», los 31.705,74 euros fijados en el pliego, «ante una inspección de la Agencia Tributaria podría ocasionarnos problemas», prosigue, por lo que plantea como opción desglosar el «peso del examen de salud frente al resto actividades, asignándole una carga del 60%» a aquel, que está exento de esa impuesto, por lo que el cálculo total queda con un porcentaje de IVA del 12,34% y por debajo del presupuesto base de licitación (359.769,57).

El informe jurídico firmado por el secretario de la Diputación acepta ese planteamiento, concluye que «se ajusta al presupuesto neto establecido por la administración» y recalca la incertidumbre respecto a cuántas prestaciones estarán exentas o no del impuesto durante la realización del contrato, que considera se puede celebrar. Sin embargo, a petición del interventor, la Mesa de Contratación procede a realizar un desglose de cada una de las cantidades que se van a destinar a priori no solo en los distintos cometidos, por un lado vigilancia de la salud -donde se incluyen los reconocimientos médicos- y por otro seguridad e higiene, sino en los centros de trabajo: residencias, otras dependencias e IDJ. Así obtiene la cifra final de 39.509,57 euros y acepta la propuesta, pese a que el pliego marca solo 33.180 euros de IVA. Es la única sobre la mesa y la adjudicación urge, pues el ‘contrato puente’ vencerá próximamente.