El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago, a través de las comunidades autónomas, que son quienes establecen sus propios calendarios, de más de 4.009 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2021, que se inició el pasado 16 de octubre. Las ayudas directas de la PAC constituyen alrededor del 90% de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y suponen una garantía de renta para los más de 663.500 agricultores que presentaron su solicitud de ayuda en 2021.
Estas ayudas directas se dividen en diferentes partidas destinadas a diversos objetivos. La más importante de ellas es el pago básico, que se lleva más de la mitad del total (2.350 millones). El segundo importe más abultado es el pago por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (el llamado pago verde), por las que se han abonado 1.180 millones. Es lo que a partir de 2023 serían los ecoesquemas y la cifra llama la atención si se tiene en cuenta que las estimaciones del Ministerio de Agricultura para estos ecoesquemas son de 1.107 millones en 2023, es decir, menos de lo que ya se está pagando por unos objetivos similares, objetivos a los que la Unión Europea da enorme importancia.
El resto de categorías son el pago para jóvenes agricultores (37.373 millones), el régimen de pequeños agricultores (55.619), la ayuda asociada voluntaria (277.887) y el POSEI (exclusivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, 107.463).
A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 95% del régimen de pago básico, del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y para jóvenes agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico, en el primer trimestre de 2022 se podrá autorizar el abono del 5 % restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio de 2022.
También desde el 1 de diciembre se pudo transferir el 100% del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores; y el 90% del pago respecto a los regímenes de ayudas asociadas a la producción del cultivo del arroz, proteicos, frutos de cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera, tomate para industria, explotaciones que mantengan vacas nodrizas, de vacuno de leche, ovino y caprino y de las explotaciones ganaderas de estas tres últimas variedades que mantuvieron derechos especiales en 2014. El 10 % restante correspondiente a estos regímenes de ayudas asociadas a la producción podrá abonarse a partir del momento en el que se establezca el importe unitario definitivo, en los primeros meses de 2022, y siempre antes del 30 de junio.
Respecto al pago específico al algodón y las ayudas al vacuno de cebo, los requisitos de admisibilidad de estas ayudas no han sido verificados de momento, aunque la previsión es que esta labor se realice durante las primeras semanas de este año, ya que el cálculo del importe unitario se basa en las unidades de producción (hectáreas y número de animales) que cumplen todos los requisitos de estos regímenes de ayudas. Al igual que en los demás regímenes, el plazo para hacer efectivos los pagos para estas dos ayudas concluye el 30 de junio de 2022.
Un Plan Estratégico más afinado.
El Plan Estratégico recién presentado en Bruselas aún puede estar sujeto a modificaciones si así lo requiere la Comisión Europea y además tendrá que negociarse su aplicación efectiva con las comunidades autónomas durante este año. Por eso Unión de Uniones ha planteado al Ministerio de Agricultura una serie de medidas para que el documento cumpla la función que, a juicio de la organización, debe cumplir. Unión de Uniones considera que, si en la próxima PAC se desea realmente una mayor protección de la viabilidad de la agricultura y la ganadería como medio de vida y motor económico en el medio rural, desde el Ministerio se debe apostar por una definición de agricultor activo enfocada prioritariamente a la figura del agricultor y ganadero profesional. «Debido a que en la actual PAC el Ministerio de Agricultura no diseñó un apoyo suficiente hacia los agricultores y ganaderos profesionales, los que nos dedicamos a estas actividades como fuente principal de nuestros ingresos hemos visto debilitada nuestra situación; siendo los más vulnerables a los riesgos de la actividad agraria recibimos un apoyo francamente insuficiente», indican desde la organización. Además, sugieren medidas como habilitar mecanismos compensatorios de los efectos negativos que tiene la convergencia obligatoria, así como la mejora del enfoque de la ayuda complementaria a la renta redistributiva para lograr su refuerzo modificar la degresiviad propuesta para los ecoesquemas.