Tras más de dos años de trabajos a diferentes niveles y miles de folios de análisis, los últimos meses fueron el escenario para el remate de la redacción del Plan Estratégico con el que decidir cómo se van a distribuir los más de 47.000 millones de euros que conlleva la aplicación de la próxima reforma de la PAC en España desde 2023. Hubo remate, pero con muchas costuras y desencuentros. El ministro, según valoración de varias comunidades autónomas, impuso planteamientos no exentos de políticas e intereses solo coyunturales. Ahora, con el envío del documento a Bruselas, solo cabe esperar su aprobación en los próximos meses. Después de recibir luz verde, Agricultura deberá elaborar las disposiciones necesarias para su aplicación a partir de 2023. Ello quiere decir que seguirá habiendo negociaciones para su aplicación.

2021 ha sido un año negro para el conjunto del sector agrario, con la subida de los precios de le energía como el principal problema y muy especialmente para los ganaderos por lo que ha supuesto en los precios de los piensos. Hoy, a la vista de la situación en los mercados, las perspectivas para los próximos meses no son las mejores y su impacto en la renta agraria podría ser similar en 2022 si no se adoptan medidas para frenarlo. El problema es que en medios oficiales se mantiene la idea de que el sector agrario lo aguanta todo, movilizaciones de un día aparte, por su imposibilidad de dejar de producir, no ordeñar, no dar salida a los terneros o no recoger una cosecha.

Parte importante de esa situación de producir a pérdidas en 2021 se habría solventado si desde la Administración se hubiera exigido el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Cadena, orgullo de Atocha, por la que los compradores deben pagar como mínimo los costes de producción, cosa que no se hizo en el pasado. En 2022 ese sería uno de los principales retos sobre la mesa para Agricultura, con un seguimiento permanente de la evolución de los costes desde el Observatorio de los Precios y ofreciendo información periódica sobre los mismos.

Con los precios de la energía disparados, la Federación de Comunidades de Regantes reclama al Gobierno que cumpla los reiterados mandatos y la normativa salida del Parlamento para que las eléctricas permitan el doble contrato anual con un cambio en el término potencia para no pagar en los meses en los que no se riega unos importes que suponen a la postre un encarecimiento del recibo de entre un 20% y un 30%. Los regantes recuerdan que esa posibilidad ya se contemplaba en la Ley de Sequía en 2018 en una disposición adicional, en base a una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2021; y finalmente en otra disposición adicional en la nueva Ley de la Cadena, cuya redacción se limita a señalar que el Gobierno posibilitará el doble contrato sin señalar ni cómo ni cuándo. Hay muchos antiguos ministros y ministras aconsejando y cobrando de las eléctricas.

Con los seguros con la siniestralidad disparada, los próximos meses tienen todos los visos de ser escenario para que desde todas las partes se analice una situación derivada, según las compañías, del cambio climático. El objetivo será dar una salida viable a la actividad aseguradora que la haga atractiva a todas las partes y evitando que la solución para todo sean simplemente primas más caras, más franquicias o menos coberturas. También se deberían tener en cuenta las subvenciones públicas de Agricultura y de las comunidades autónomas.

Aunque no es una demanda de todo el sector, la realidad es que hay desajustes a corregir en el campo de la representatividad como es la no convocatoria a muchos efectos de Unión de Uniones, una escisión de varias siglas de COAG, con organizaciones muy potentes como Unión de Campesinos de Castilla y León, Unió de Llauradors en Comunidad Valenciana o Unió Pagesos en Cataluña. O sea, que no son organizaciones fantasmas como algunas surgidas en los últimos años a la derecha de ASAJA.

Más Obstáculos. El sector agrario se enfrentará además a otras amenazas como las estrategias 'De la granja a la mesa' o 'Biodiversidad UE 2030', que supondrán el recorte de producciones, un mayor coste y reducción en el empleo de fertilizantes, fitosanitarios o zoosanitarios. Esto puede afectar a la soberanía alimentaria comunitaria, mientras se abre más la puerta para la entrada de importaciones hoy baratas desde terceros países para productos con un sistema de producción prohibido en la UE.

Agricultura seguirá avanzando en la ordenación de las producciones ganaderas tras la propuesta en 2021 para el sector del vacuno desde la perspectiva de la producción y los requisitos medioambientales. Estos aspectos han sido igualmente planteados en otra propuesta de real decreto sobre la sostenibilidad de los suelos, donde también se contemplan nuevas exigencias en materia de abonos o de residuos.

Al margen de las medidas dispuestas a través del Boletín Oficial del Estado encaminadas a potenciar el papel de las Organizaciones de Productores y de las Entidades Asociativas Prioritarias, es indispensable que el propio sector apueste por la integración como instrumento defensivo frente al peso dominante de industrias o distribución y más en un momento en el que se han diluido muchos de los mecanismos para la regulación de los mercados.

Por otro lado, Agricultura ha sido en 2021 un campo donde han pastado a sus anchas otros departamentos. Transición Ecológica impuso cómo y dónde debe correr el lobo, al margen de sus efectos sobre las cabañas ganaderas extensivas que hoy sostienen unos territorios semiabandonados; Consumo se hizo notorio su titular señalando los peligros del consumo de carne tal como figuraba en la estrategia del Gobierno a largo plazo; Trabajo ha sacado adelante una reforma laboral en la que no se tienen en cuenta la especificidades de la contratación, con un fuerte peso de la temporalidad. La eventualidad permanente es un abuso a corregir, pero a la vez, es importante contemplar las condiciones en que se desarrolla la actividad agraria.

Mientras caían estas amenazas, el titular del Ministerio miraba en 2021 para otra parte y no reaccionaba hasta no tener la presión del sector a su espalda para decir que no compartía lo de la protección del lobo, pero siguió en la lista de especies protegidas; o rechazando tarde la posición voceada del ministro de Consumo como no hubiera pasado por la mesa del Consejo de Ministros. Es lo que se llamaría un ministro adicto al régimen al que nunca largarán por desavenencias por defender a su sector frente a otros departamentos; en otras palabras, un ministro lenteja, más preocupado en maniobrar sobre cómo lograr que los medios publiquen su versión de sus actuaciones que de parar otros ataques contra el sector. Así, la renta agraria en 2021 -versión ministerial- se estabilizó, mientras según los propios datos en manos del  Ministerio bajaba realmente un 6%.